Extremadura pide eliminar la tasa de reposición para reducir la temporalidad en la Administración

La reducción de la temporalidad en el empleo público seguirá pendiente, al menos, hasta después del verano. La reunión celebrada en Santander en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público no ha cerrado ningún acuerdo sobre las medidas a tomar tras la sentencia del Tribunal Supremo, aunque sí ha servido para abrir una nueva fase de trabajo entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y las comunidades autónomas.

Según la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, el encuentro forma parte de una serie de reuniones que se desarrollarán en los próximos meses. De hecho, el departamento autonómico señala que ya se ha anunciado una nueva cita para el 24 de septiembre. El objetivo, según la Junta, es estudiar medidas que permitan reducir la temporalidad y analizar posibles cambios normativos en el conjunto del empleo público.

Grupo de trabajo

En ese marco se ha constituido un grupo de trabajo entre el Ministerio y representantes de las diferentes comunidades autónomas para abordar esas posibles reformas. La cuestión afecta de lleno a las administraciones autonómicas, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación y la administración general, donde se concentra una parte importante del empleo público temporal.

La Junta sostiene que Extremadura está "apostando decididamente" por reducir la temporalidad y defiende como una de sus principales propuestas la eliminación de la tasa de reposición. El Ejecutivo regional considera que este límite tiene un impacto directo sobre la temporalidad, al restringir el número de plazas que pueden incluirse en las ofertas de empleo público.

Hacienda recuerda, además, que la comunidad está ejecutando este año la mayor convocatoria de plazas de empleo público de los últimos diez años. En total, son 1.644 plazas cuyos exámenes se están desarrollando durante este ejercicio.

Más de 9.000 estabilizados

A ello suma los procesos de estabilización ya realizados. Según los datos facilitados por la Consejería, Extremadura ha estabilizado a 9.186 empleados públicos: 2.458 en la Administración General, 4.267 en el Servicio Extremeño de Salud y 2.461 docentes no universitarios.

El Gobierno autonómico enmarca estas cifras en su estrategia para rebajar la temporalidad en la Administración, aunque admite que el debate supera el ámbito extremeño y requiere una respuesta común. "Seguiremos colaborando con el Ministerio porque este tema no solo afecta a nuestra comunidad autónoma sino a todo el ámbito nacional", señala la Consejería.

La reunión se produce después de que la sentencia del Supremo haya reactivado el debate sobre la situación del personal temporal en las administraciones públicas y sobre la respuesta normativa al abuso de temporalidad. De momento, la vía abierta pasa por el grupo de trabajo entre el Estado y las comunidades y por una nueva reunión prevista para septiembre.