Las oficinas antiokupación de la Junta de Extremadura atenderán también por impagos del alquiler

La oficina antiokupación de la Junta de Extremadura también ofrecerá ayuda ante los impagos del alquiler a los caseros. La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y los colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz han firmado este viernes los convenios de colaboración que permitirán dar continuidad al servicio de orientación y asesoramiento jurídico especializado en ambas provincias.

Como principal novedad, el acuerdo amplía el alcance del servicio para incluir expresamente los supuestos de incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del arrendamiento de viviendas, especialmente los casos de impago de alquileres, han informado fuentes de la Junta de Extremadura. De esta forma, el servicio dará respuesta a una demanda creciente detectada por los propios colegios profesionales, que han constatado que buena parte de las consultas recibidas están relacionadas con conflictos entre propietarios e inquilinos.

Abogados especializados

El servicio se prestará a través de turnos especializados de abogados que ofrecerán atención y orientación profesional a los ciudadanos afectados, lo que contribuye a facilitar una respuesta "rápida y eficaz" ante este tipo de situaciones.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha destacado la importancia de mantener una herramienta que ofrece información y acompañamiento a los ciudadanos que se encuentran ante este tipo de circunstancias.

"La renovación de estos convenios demuestra nuestra voluntad de seguir ofreciendo a los extremeños un servicio útil y cercano, que les permita disponer de asesoramiento especializado ante situaciones que generan incertidumbre y preocupación, ya sea por ocupaciones ilegales o por conflictos derivados del alquiler de viviendas", ha agregado el consejero.

Orientación y asesoramiento

Los convenios permitirán mantener los turnos especializados de abogados encargados de prestar orientación y asesoramiento profesional a los afectados tanto por ocupaciones ilegales como por conflictos relacionados con el arrendamiento de viviendas.

Los profesionales facilitarán información sobre las distintas vías de actuación y los recursos disponibles. La atención podrá realizarse de forma presencial, telefónica o telemática, garantizando así una mayor accesibilidad al servicio.

"Nuestro compromiso es seguir mejorando la atención a los ciudadanos y proporcionarles herramientas que les ayuden a defender sus derechos con todas las garantías", ha dicho el consejero. La Junta de Extremadura destinará 50.000 euros al desarrollo de ambos convenios, con una aportación de 25.000 euros para cada uno de los colegios profesionales.

Según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2025 se conocieron 206 casos de ocupación ilegal de inmuebles en Extremadura, lo que supone un incremento del 42% respecto a 2024 (145 casos).