Extremadura movilizará más de 950 millones en su Plan de Vivienda 2026-2030, con ayudas al alquiler, rehabilitación y accesibilidad

El Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura, presidido por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha celebrado este lunes una sesión plenaria ordinaria en la que se han abordado los principales ejes que marcarán la política autonómica en esta materia durante los próximos años. Muy especialmente el futuro Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030. También se ha analizado el proyecto de decreto que regulará las ayudas autonómicas destinadas a mejorar la accesibilidad en viviendas para personas con discapacidad o en situación de dependencia.

En declaraciones previas al consejo asesor, Ramírez ha precisado que este plan será el instrumento de coordinación de la política de vivienda regional durante los próximos cuatro años y que prevé movilizar aproximadamente 951 millones de euros. Su objetivo, ha señalado, es desarrollar una política "útil y eficaz" que haga posible hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda asequible, accesible y eficiente.

Por este motivo, el plan comprenderá ayudas destinadas a la promoción, adquisición y construcción de viviendas, así como al alquiler, la rehabilitación, la regeneración urbana y la mejora de la accesibilidad. Los principales beneficiarios de estos fondos, ha asegurado el consejero, serán los jóvenes, las familias con menos recursos y los habitantes del medio rural.

Igualmente, Ramírez ha adelantado que el documento deberá pasar ahora por una mesa de negociación y ha expresado su deseo de que el acuerdo se alcance por unanimidad. Posteriormente, deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado, antes de que se elaboren las bases reguladoras que permitan convocar y conceder las distintas ayudas.

Vivienda social y ayudas al alquiler

Por otro lado, el plan no estará centrado únicamente en el acceso a la vivienda en propiedad, sino que también contemplará diferentes modalidades de alquiler. En este sentido, por una parte, se prevé impulsar el alquiler social mediante la construcción de viviendas por parte de la Junta de Extremadura y la ampliación del parque público, que posteriormente podría ponerse a disposición de los ciudadanos mediante arrendamientos asequibles.

Por otra, se establecerán ayudas para que las personas con menores recursos puedan acceder a viviendas de renta libre. Estas líneas seguirán criterios similares a los de las ayudas al alquiler aprobadas recientemente por el Consejo de Gobierno y publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de julio.

El consejero ha aclarado que todavía no se ha determinado la cuantía que se destinará a cada una de las líneas, ya que, ha incidido, es necesario respetar el proceso de concertación social y negociar el reparto de los fondos.

Programa autonómico de accesibilidad

El Consejo Asesor de Vivienda también ha abordado el Programa Autonómico de Accesibilidad de la Vivienda, incluido dentro del propio plan regional. Sus líneas de actuación comprenderán la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de los espacios residenciales para hacerlos más accesibles. La adaptación de baños, la mejora de los accesos, la eliminación de escaleras o la adecuación de espacios, son algunas de las mejoras que podrán beneficiarse de estas ayudas. Estas medidas estarán dirigidas especialmente a personas con discapacidad, personas dependientes, mayores de 65 años y ciudadanos con movilidad reducida.

Críticas al Plan Estatal de Vivienda

Ramírez ha reiterado sus críticas a la forma en la que el Gobierno de España ha elaborado el Plan Estatal de Vivienda. Según ha argumentado, el Ejecutivo central ha obrado de manera "unilateral", sin dialogar ni consensuar suficientemente las medidas con las comunidades autónomas. El consejero ha alegado que las regiones dispusieron de un plazo muy reducido para presentar aportaciones y que la mayoría de sus reivindicaciones no fueron incorporadas al documento final.

Por este motivo, las comunidades autónomas han recurrido el plan ante el Tribunal Constitucional al considerar que puede invadir competencias autonómicas. Entre los elementos cuestionados se encuentra la obligación de que las comunidades aporten un 40% de la financiación del plan, aplicando requisitos y condiciones establecidos por el Estado.

Pese a ello, Ramírez ha señalado que Extremadura aceptará el reparto de fondos y aplicará las líneas previstas, adaptándolas dentro de los márgenes permitidos. Ha recalcado que esta decisión responde a un ejercicio de "responsabilidad institucional" y que eso no impide mantener el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Fuente: El Periódico de Extremadura