Unidas pide destinar a alquiler asequible los 50.000 euros de las oficinas antiocupación

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha cuestionado los convenios suscritos por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda con los colegios de abogados de Cáceres y Badajoz para prestar asesoramiento en casos de ocupación ilegal y ha pedido que los 50.000 euros anuales destinados a estos acuerdos se empleen en "ayudar a quienes no pueden hacer frente al alquiler" y facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible.

La dirigente ha calificado de "especialmente grave" que la Junta equipare el impago del alquiler con la ocupación. A su juicio, el Ejecutivo autonómico convierte una situación derivada de las dificultades económicas en un problema de orden público. "Se criminaliza a familias que están atravesando dificultades económicas y que lo que necesitan es protección, no persecución", ha afirmado Fernández, que considera que esta medida refleja la orientación de la política de vivienda del Gobierno regional.

La coportavoz ha contrapuesto la dimensión de la ocupación con el número de inmuebles sin uso habitual en Extremadura. Según los datos expuestos, la comunidad cuenta con 123.000 viviendas vacías y otras 235.195 que se utilizan entre uno y tres meses al año.

Frente a estas cifras, Fernández ha situado las alrededor de 187 viviendas que, según ha señalado, fueron ocupadas durante 2025. Para Unidas, esta cantidad no justifica "ni la alarma social ni el despliegue de medios" promovido por la Junta.

La formación también ha criticado el recurso presentado por el Gobierno autonómico contra el Plan Estatal de Vivienda, una decisión que, según Fernández, puede impedir que Extremadura reciba 210 millones de euros destinados a políticas residenciales.

Habita Extremadura y los universitarios

Fernández ha pedido además explicaciones sobre la ejecución de Habita Extremadura y sobre las viviendas anunciadas por el Ejecutivo regional. La coportavoz ha preguntado cómo se desarrollarán las promociones prometidas y cuándo estarán disponibles.

También ha reclamado medidas para facilitar el alojamiento de los estudiantes que regresarán en septiembre a Cáceres y Badajoz. En este sentido, ha recordado la propuesta de Unidas para destinar a universitarios las plazas residenciales sin utilizar del IES Universidad Laboral de Cáceres, rechazada en la Asamblea por PP y Vox.

Las declaraciones se han producido coincidiendo con una reunión del Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura. Fernández ha mostrado escasas expectativas sobre sus resultados y ha acusado a la Junta de negar los principales problemas sociales de la comunidad.