El Gobierno recurre la Ley de Concordia de Extremadura y pide al Constitucional que suspenda parte de la norma

El Consejo de Ministros ha acordado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Concordia de Extremadura al considerar que la norma reduce la protección de las víctimas, dificulta la aplicación de la legislación estatal e invade competencias reservadas al Estado. El acuerdo solicita al presidente del Gobierno la interposición del recurso contra varios artículos de la Ley 4/2025, de Concordia de Extremadura, siguiendo el dictamen emitido por el Consejo de Estado.

El Ejecutivo central pedirá además al Tribunal Constitucional la suspensión de los preceptos impugnados mientras se resuelve el procedimiento. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática recuerda que el tribunal mantuvo esta medida en recursos planteados contra normas similares aprobadas en Cantabria y la Comunidad Valenciana.

El Gobierno sostiene que la ley extremeña rebaja la protección reconocida a las víctimas por la Ley estatal de Memoria Democrática, especialmente en lo relativo a los derechos a la verdad, la reparación material y moral y las garantías de no repetición.

Según el Ejecutivo, la sustitución del concepto de "memoria" por el de "concordia" no supone únicamente un cambio terminológico, sino que implica una reducción de la protección pública de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. "La concordia no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas", defiende el Ministerio, que considera que la reconciliación social debe construirse sobre el reconocimiento y la reparación de quienes sufrieron la violencia y la represión.

El Gobierno sostiene que, conforme al Derecho Internacional, no existe contradicción entre promover la concordia social y garantizar los derechos de las víctimas, sino que la reparación constituye precisamente uno de los requisitos para alcanzar esa reconciliación.

Falta de colaboración con el Estado

Otro de los argumentos de la impugnación es el supuesto incumplimiento del deber de colaboración con la Administración General del Estado. El Ministerio considera que la norma extremeña restringe la cooperación institucional prevista en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática y supedita esa colaboración a lo establecido en la propia legislación autonómica de concordia.

A juicio del Gobierno central, esta regulación dificulta la aplicación uniforme de la normativa estatal en materias relacionadas con la localización, identificación, reconocimiento y reparación de las víctimas. El recurso también sostiene que algunos de los preceptos pueden vulnerar la dignidad y la integridad moral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, derechos vinculados a los artículos 10 y 15 de la Constitución.

El Ejecutivo relaciona estos principios constitucionales con las obligaciones derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que exigen garantizar el reconocimiento, la reparación y la protección efectiva de las víctimas.

Competencias procesales y educativas

La impugnación alcanza también apartados de la ley relacionados con materias procesales y educativas, ámbitos en los que el Gobierno considera que Extremadura ha excedido sus competencias.

En concreto, el recurso invoca las reglas 1ª, 6ª y 30ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado competencias para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos, regular la legislación procesal y establecer las normas básicas del sistema educativo. El Tribunal Constitucional tendrá que determinar ahora si los preceptos recurridos se ajustan a la Carta Magna y si procede mantenerlos suspendidos mientras se resuelve el fondo del procedimiento.

La Junta defenderá una ley que busca la "paz social"

La portavoz del Ejecutivo extremeño, Elena Manzano, ha defendido este martes la Ley de Concordia y ha asegurado que la Junta esperará a conocer la decisión del Tribunal Constitucional. "Lo que queremos es defender una norma que intenta alcanzar la paz social y dar cumplimiento a algo que creo que todo gobierno debe buscar: la concordia, esa paz social y esa integración", ha señalado Manzano durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La portavoz ha reconocido que el Estado está legitimado para presentar el recurso, aunque ha insistido en que la finalidad de la legislación extremeña es superar determinadas situaciones y alcanzar una convivencia basada en el reconocimiento de las víctimas.

"Estaremos a la espera de lo que diga, en su caso, el Tribunal Constitucional, pero defenderemos una norma que lo que ha buscado precisamente ha sido llegar a esa concordia y que nuestra comunidad autónoma reconozca, por supuesto, la situación de todas las víctimas", ha manifestado.

Aprobada en octubre de 2025

La Ley de Concordia fue aprobada por la Asamblea de Extremadura el 9 de octubre de 2025, a partir de una propuesta presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios del PP y Vox. La norma fue promulgada el 15 de octubre, publicada en el Diario Oficial de Extremadura el día 17 y entró en vigor el 18 de octubre de ese mismo año.

La nueva regulación derogó la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura de 2019 y disolvió las comisiones, organismos e instituciones autonómicas creadas a su amparo. También estableció que los procedimientos iniciados y no concluidos decaerían, salvo los procesos de exhumación, que continuarían rigiéndose por la normativa anterior.

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Uno de sus principales cambios fue la ampliación del periodo histórico objeto de la legislación, que pasó a abarcar desde 1931 hasta la actualidad. La ley reconoce como víctimas a las personas que hayan sufrido violencia social o política, terrorismo o persecución ideológica, religiosa o de cualquier otra índole durante ese periodo.

La norma mantiene las actuaciones destinadas a la búsqueda, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, contempla la elaboración de un censo de víctimas y un mapa de fosas y crea una Comisión Técnica de la Concordia encargada, entre otras funciones, de informar los proyectos de exhumación.

También reconoce el derecho de las víctimas y de sus familiares a solicitar una declaración personal de reconocimiento, aunque esta no puede generar responsabilidad patrimonial, indemnizaciones ni efectos económicos o profesionales.

La legislación regula igualmente el acceso a archivos y documentos, la investigación y divulgación de este periodo histórico y la protección de la libertad de expresión, creación científica y cátedra, evitando que los poderes públicos impongan una versión determinada de los acontecimientos.

El PSOE extremeño respalda el recurso

El PSOE de Extremadura ha valorado "positivamente" la decisión del Gobierno de recurrir la Ley de Concordia ante el Tribunal Constitucional al considerar que la norma vulnera los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y supone "un grave retroceso democrático".

Los socialistas recuerdan que se opusieron desde el inicio a la ley promovida por PP y Vox y sostienen que elimina mecanismos de protección, limita los derechos a la verdad, la justicia y la reparación e incumple las obligaciones establecidas por la legislación estatal y el Derecho Internacional.

La formación acusa además a María Guardiola de haber aprobado la norma para satisfacer las exigencias de Vox y le reclama que aclare su posición, después de que meses antes calificara la propuesta de "frentista e inaceptable". El PSOE confía en que el Constitucional restablezca las garantías que, a su juicio, fueron eliminadas por la nueva regulación.

Fuente: El Periódico de Extremadura