La Junta de Extremadura inicia los trámites para recurrir la Ley de Nietos: "Su fin es robar las elecciones generales"

La Junta de Extremadura ha iniciado los trámites para estudiar un posible recurso contra la conocida como Ley de Nietos, que facilita el acceso a la nacionalidad española a descendientes de españoles exiliados. El Ejecutivo autonómico ha encargado un informe jurídico para determinar si esta medida invade competencias de la comunidad y, en ese caso, emprender "todas las acciones legales posibles".

Así lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, durante una visita al centro de menores de Caminomorisco. El dirigente de Vox ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de promover un "auténtico fraude" y ha vinculado la concesión de nuevas nacionalidades con las próximas elecciones generales.

El informe determinará si existe base jurídica para que el Gobierno extremeño actúe contra la aplicación de la norma. La Junta todavía no ha concretado qué vía utilizaría ni ante qué órgano plantearía el eventual recurso, ya que cualquier decisión queda supeditada a las conclusiones de ese análisis.

"Robar las elecciones"

Fernández ha endurecido su discurso al abordar las consecuencias electorales de las nacionalizaciones. "Su fin es el de robar las próximas elecciones generales de España", ha afirmado antes de asegurar que la Junta de Extremadra no permanecerá quieta ante lo que considera una nueva "tropelía" de Pedro Sánchez y su gobienro "corrupto hasta la náusea".

El vicepresidente ha anunciado que su formación y el Gobierno extremeño tratarán de actuar en los ámbitos europeo, nacional y autonómico para impedir lo que ha calificado como un "fraude masivo".

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Más de medio millón de solicitudes aprobadas

La Ley de Nietos es el nombre con el que se conoce popularmente la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. Esta vía permite optar a la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que hubieran sido originariamente españoles y hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio.

También incluye otros supuestos, como los hijos de españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante esta ley o la anterior Ley de Memoria Histórica.

El plazo para presentar nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025, aunque continúa la tramitación de los expedientes iniciados dentro del periodo habilitado. Hasta marzo de 2026 se habían aprobado más de 544.000 solicitudes y alrededor de 306.000 personas habían sido inscritas en los registros civiles consulares.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha estimado que en 2027 podría haber alrededor de 500.000 nuevos nacionalizados con derecho a voto. El Gobierno defiende que la medida persigue reparar las consecuencias del exilio y rechaza las acusaciones de manipulación electoral.

Fuente: El Periódico de Extremadura