La deuda de los municipios extremeños baja un 17% en un año y marca su mínimo

Los ayuntamientos extremeños consiguieron reducir en 2025 su deuda viva un 17%. En solo doce meses, pasaron de 109 millones de euros pendientes de pago con los bancos al finalizar 2024 a los 90,5 millones con los que despidieron el pasado ejercicio. Es la menor cifra en la serie de datos del Ministerio de Hacienda, que arranca en 2008. Respecto a hace una década, el pasivo acumulado por los consistorios se ha reducido en más de dos terceras partes, desde los 311 millones de 2015. En 2013 llegó a sumar 323,5 millones.

La deuda municipal alcanzó niveles muy elevados en toda España durante la crisis inmobiliaria y financiera y en los primeros ejercicios que siguieron a la gran recesión. Este volumen fue luego retrocediendo en un escenario marcado por unas reglas fiscales bastante estrictas: gastar menos de lo que se ingresa, no aumentar el gasto por encima de ciertos límites y usar parte del superávit para amortizar deuda.

Juan Calvo Vérgez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura (UEx), recuerda que la fuerte reducción de la deuda viva de los ayuntamientos extremeños durante los últimos años responde, en primer lugar, al cumplimiento de las exigencias constitucionales en materia de estabilidad presupuestaria. «La Constitución, en el artículo 135, exige que los ayuntamientos alcancen el equilibrio o, en su caso, el superávit», alega.

«Los ayuntamientos están siendo más eficientes en la gestión presupuestaria»

Juan Calvo Vérgez

— Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UEx

A esta obligación normativa se ha sumado, a su juicio, una mejora de la gestión económica de las entidades locales. En este sentido, Calvo Vérgez sostiene que los consistorios han afrontado con mayor solvencia que otras administraciones las dificultades de los últimos años y que, en términos generales, han administrado sus recursos de forma más rigurosa. «Están siendo más eficientes en la gestión presupuestaria», resume.

Esta eficiencia a la que ha contribuido la mayor cooperación entre entidades locales, ya sea gracias al papel de las mancomunidades, que permiten prestar conjuntamente determinados servicios y repartir sus costes entre varias poblaciones, o recurriendo al soporte que prestan las dos diputaciones provinciales.

Del lado de los ingresos, el catedrático destaca que, si bien las administraciones locales disponen de fuentes tributarias limitadas, entre sus principales recursos se encuentra el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), «cuya recaudación no ha parado de crecer en los últimos años». Este gravamen se ha convertido en una de las figuras tributarias con mayor capacidad recaudatoria del sistema. «Probablemente, después del IRPF, es el impuesto que más recauda a nivel global en toda España», aduce.

Ingresos del Estado

Otro de los factores que ha contribuido al saneamiento de las cuentas municipales es la participación de los ayuntamientos en los ingresos obtenidos por el Estado, ya que el incremento de la recaudación estatal, especialmente a través del impuesto sobre la renta, termina repercutiendo positivamente en la financiación local.

Por último, en el caso extremeño, considera que el cumplimiento de los objetivos presupuestarios por parte de la comunidad autónoma puede haber favorecido igualmente la estabilidad de los municipios. «Es algo que también se acaba trasladando al ámbito local», explica.

En cualquier caso, Calvo Vérgez no cree que la mengua del endeudamiento haya supuesto, con carácter general, un deterioro de los servicios públicos municipales al conllevar un menor gasto. Incluso, subraya que los ayuntamientos siguen asumiendo frecuentemente prestaciones que exceden sus competencias legales. «Son muchas veces los que acaban prestando servicios que no son de su competencia por una mera razón de proximidad con el ciudadano», señala.

Cambio normativo

Sin embargo, precisa que la normativa presupuestaria ha venido obligando a destinar los superávits a amortizar deuda, lo que ha limitado la capacidad de los municipios para emplear esos recursos en otras actuaciones. Esta situación ha generado ciertas dificultades para consistorios que, a pesar de haber cumplido con sus obligaciones financieras, no han podido utilizar sus excedentes para atender determinadas demandas ciudadanas.

Esta exigencia se ha relajado, abriendo la puerta a que los ayuntamientos con superávit presupuestario, si cumplen determinados requisitos, puedan destinar parte de ese colchón a inversiones financieramente sostenibles lo que, aventura, podría hacer que el ritmo de reducción de la deuda de los municipios españoles se moderase en los próximos ejercicios.

Por municipios

Por municipios, Plasencia es el que acumula un mayor pasivo, con 19,6 millones de euros, que tienen su origen en el conflicto urbanístico de las Huertas de la Isla. El litigio arrancó hace más de cuatro décadas, vinculado a terrenos destinados a actuaciones municipales. Las sucesivas resoluciones judiciales obligaron al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones, intereses y costas muy elevados. No obstante, es menos de la mitad de lo que debía al finalizar 2015, cuando el débito del consistorio placentino rondaba los 41,5 millones.

La localidad pacense de Alburquerque aparece en segundo lugar, con 10,9 millones, consecuencia de un desequilibrio entre los gastos municipales y los ingresos acumulado durante años y que llevó también a disparar su deuda con la Seguridad Social, Hacienda y la plantilla de trabajadores. Luego figura Almendralejo, la sexta mayor población de Extremadura por número de habitantes, con 4,5 millones, algo por encima de un municipio con apenas medio millar de vecinos, Plasenzuela, que acumula una deuda de 3,7 millones. La bancarrota de esta pequeña localidad cacereña, que se destapó en 2009 y llegó a judicializarse, ha obligado a tener que destinar en algunos ejercicios más de la mitad del presupuesto municipal al pago de deuda.

A continuación, las poblaciones extremeñas que acumulan más deuda son Puebla de Alcocer, con 3,6 millones de euros; Madroñera, con 3,5 millones; Coria, con 2,9 millones; Zafra, con 2,6 millones; Herrera del Duque, con 1,9 millones; Valverde de Leganés, con 1,8 millones; Casar de Cáceres, con 1,7 millones; Santa Marta de Magasca, con 1,7 millones, y Olivenza, con 1,6 millones.