Extremadura permitirá sustituir la licencia de primera ocupación de viviendas por una declaración responsable

Nueva ofensiva para aumentar la oferta de vivienda disponible en Extremadura. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes un decreto-ley urgente para reducir los plazos que retrasan la urbanización de terrenos y agilizar el comienzo de las obras de nuevas promociones, además de incrementar la oferta de vivienda protegida y asequible. El texto modifica las leyes del suelo y de procedimientos urbanísticos de 2018 para incorporar las medidas de simplificación que el Ejecutivo del PP lanzó en la anterior legislatura, pero que no llegó a convalidar debido al rechazo de Vox en la Asamblea.

Entre otras novedades, la norma permitirá sustituir en determinados casos la licencia de primera ocupación por una declaración responsable, destinar a vivienda protegida terrenos reservados actualmente para usos comerciales, de oficinas o dotacionales e incrementar hasta un 20% la superficie edificable de estas promociones. También crea alojamientos públicos para colectivos con dificultades de acceso, flexibiliza la cesión de suelo municipal, introduce entidades privadas que colaborarán en la certificación de expedientes urbanísticos y concentra en una única tramitación la ordenación y ejecución de los proyectos estratégicos de vivienda asequible.

Respaldo de Vox

El nuevo texto "cuenta con el acuerdo de los dos socios de gobierno", incorporando sobre el de 2025 además algunas novedades "fruto de la experiencia que hemos vivido a lo largo de los últimos meses en materia de vivienda".  "Impulsamos un decreto-ley muy ambicioso para aumentar la capacidad de suelo disponible, reducir los tiempos de tramitación y acelerar la construcción de vivienda protegida y asequible en nuestra comunidad autónoma", ha destacado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista.

Una de las medidas con mayor impacto directo permitirá sustituir, en determinados supuestos, la licencia de primera ocupación o utilización por una declaración responsable. El propietario podrá acreditar mediante este documento que el inmueble cumple los requisitos exigidos y comenzar a utilizarlo sin esperar a que finalice la tramitación completa de la licencia municipal.

Con esta fórmula, que también podrá aplicarse en algunos procedimientos relacionados con la rehabilitación y la renovación urbana, la Junta pretende evitar que viviendas ya terminadas permanezcan inutilizadas durante semanas, e incluso meses, por retrasos administrativos.

Viviendas en suelos terciarios

El nuevo decreto ley permitirá además construir vivienda protegida en determinados terrenos que el planeamiento reserva actualmente para usos terciarios, como comercios y oficinas, o para usos dotacionales. La medida busca aprovechar parcelas municipales que no han sido desarrolladas y adaptar el reparto del suelo a las necesidades residenciales actuales.

La norma también reforzará la seguridad jurídica para que los ayuntamientos puedan ceder a la Junta o a otras administraciones bienes de sus patrimonios públicos de suelo destinados a promociones protegidas. Para ello, se aclararán las facultades de disposición de estos terrenos y recursos, con independencia de su procedencia.

Un 20% más de superficie edificable

Los promotores de vivienda protegida podrán incrementar hasta un 20% la superficie edificable autorizada para sus promociones, aunque para ello resulte necesario modificar el planeamiento urbanístico. Es decir, una parcela en la que inicialmente pudieran construirse 5.000 metros cuadrados podría alcanzar los 6.000, lo que permitiría levantar más viviendas.

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También se flexibilizarán las condiciones de las terrazas cubiertas, que podrán alcanzar una superficie equivalente al 30% de la vivienda sin que su ampliación obligue a reducir el espacio interior. La Junta sostiene que esta medida permitirá mejorar la calidad de las nuevas promociones.

Proyectos estratégicos

Otra de las novedades es la creación de la vivienda dotacional pública. Esta figura permitirá utilizar suelos de titularidad pública para construir alojamientos dirigidos a personas y colectivos con especiales dificultades para acceder a una vivienda. No se trata de vivienda convencional en suelo residencial, sino de alojamientos promovidos por las administraciones en parcelas destinadas a equipamientos, con una finalidad social y vinculados a las necesidades de sus usuarios.

El decreto crea asimismo los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible, que concentrarán en una única tramitación el instrumento de ordenación del suelo y las herramientas necesarias para gestionar y ejecutar la actuación. El objetivo es reducir los pasos administrativos necesarios para transformar los terrenos y acortar después los plazos de las licencias de edificación.

A esta figura se sumarán las entidades de certificación urbanística, organismos que podrán colaborar con los ayuntamientos en la revisión de la documentación y la tramitación de los expedientes. La Junta confía en que este apoyo permita agilizar los procedimientos, especialmente en los municipios que disponen de menos medios técnicos. La reforma también simplificará la aprobación de los planes generales municipales y de sus modificaciones, uno de los principales cuellos de botella del urbanismo extremeño.