Extremadura tendrá que acoger por ley a los menores migrantes de Ceuta

Extremadura tendrá que acoger a los menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta que le sean asignados por el Estado. La reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 2025 ha convertido en obligatorio el traslado cuando un territorio supera tres veces su capacidad ordinaria, como sucede en la ciudad autónoma. Todavía no se conoce cuántos corresponderán a la región, mientras la Junta anuncia una oposición contundente, mantiene abiertos varios frentes judiciales y discrepa con el Gobierno central sobre la capacidad real del sistema extremeño. Estos son los puntos a tener en cuenta para comprender lo que dice la normativa y la situación actual:

1. La Ley convierte la acogida en obligatoria

El Real Decreto-Ley 2/2025 modificó el pasado año la Ley de Extranjería para crear el mecanismo de contingencia migratoria extraordinaria. Se activa cuando una comunidad o ciudad autónoma atiende al triple de los menores extranjeros no acompañados del límite que tiene establecido. El Estado puede determinar entonces en qué otra autonomía debe ser atendido cada menor.

La acogida ya no depende, por tanto, de que las comunidades acepten voluntariamente participar. El propio vicepresidente y consejero extremeño de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha indicado que esa es la principal diferencia respecto a anteriores repartos: aquellos eran voluntarios y este mecanismo es obligatorio.

Cada traslado requiere un expediente individual. El menor debe ser identificado e inscrito en el registro correspondiente, se propone una comunidad de destino, se escucha al afectado y a la autonomía receptora y se informa al Ministerio Fiscal antes de dictar la resolución. La norma fija, con carácter general, un plazo máximo de quince días naturales desde la inscripción del menor hasta completar el traslado a su destino.

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2. Ceuta supera el límite y el Gobierno menciona a Fiscalía

Ceuta tiene fijada una capacidad ordinaria de 29 menores extranjeros no acompañados. La ciudad autónoma supera ampliamente el triple de esa cifra: está desbordada. Calcula en unos 500 los menores que podrían permanecer en las calles, aunque todavía no existe un recuento cerrado. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, señaló ayer que la prioridad es atenderlos y reclamó solidaridad entre territorios.

También advirtió de que, si una comunidad rechaza recibir a los menores asignados, «tendrá que actuar de oficio Fiscalía de Menores» porque «la ley debe cumplirse». El vicepresidente primero del Gobierno, el extremeño Carlos Cuerpo, insistió ayer en que es obligatorio y confió en que no sea necesario abrir un conflicto judicial.

3. De las 364 plazas del Estado a las 12 de la Junta

El principal enfrentamiento entre las administraciones se encuentra en la capacidad de acogida de Extremadura. El Gobierno ha fijado la capacidad ordinaria de la comunidad en 364 plazas, 20 más que en el cálculo anterior. Para establecer las capacidades y distribuir los traslados, el Estado tiene en cuenta criterios generales como la población, la renta por habitante, el desempleo, el esfuerzo previo de acogida, el tamaño del sistema de protección, la creación de plazas o la dispersión territorial.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, sostiene que la región tutela a 107 menores extranjeros no acompañados y dispone de margen suficiente para recibir los que le correspondan. También recuerda que las derivaciones cuentan con financiación estatal y ha reprochado a la Junta que no participe en las conferencias sectoriales donde se abordan los repartos y los recursos.

Sin embargo, la Administración autonómica eleva a 115 el número de menores atendidos y asegura que únicamente quedan 12 plazas libres. Fernández Calle precisa que estas no se encuentran reservadas a menores migrantes, sino que pertenecen al conjunto del sistema de protección y deben estar disponibles para cualquier niño o adolescente que necesite atención.

La Junta de Extremadura considera que las 364 plazas representan una capacidad teórica y no camas disponibles que puedan ocuparse indistintamente. Argumenta que los centros atienden a menores con edades, perfiles y necesidades diferentes, y que su funcionamiento exige profesionales especializados, instalaciones adecuadas y condiciones de seguridad.

El cruce entre ambos responsables ha subido de tono. Fernández Calle ha acusado a Quintana de «seguir mintiendo» sobre el número de menores y las plazas existentes, mientras el delegado se ha ratificado en sus cifras y ha insistido en que la comunidad tiene capacidad estructural para asumir el reparto y ser «solidaria».

4. La batalla llega a los tribunales

La Junta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto que reformó la Ley de Extranjería y su convalidación parlamentaria. El recurso fue admitido a trámite en mayo de 2025, pero esa decisión no ha suspendido la vigencia de la norma ni impide que el Estado continúe resolviendo traslados.

El Gobierno autonómico también ha acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa contra decisiones concretas que obligan a enviar a Extremadura menores procedentes de Canarias y Ceuta. El procedimiento ha pasado por tres fases: alegaciones, recursos administrativos de reposición y, tras su desestimación, la apertura de la vía judicial.

Fernández Calle ha cifrado en cinco los recursos contenciosos presentados. La Junta sostiene que está legitimada para ello porque es la administración encargada de ejecutar las resoluciones y asumir la atención de los menores. Sin embargo, las demandas no paralizan automáticamente los traslados, salvo que un tribunal acuerde medidas cautelares. 

5. Una oposición «por tierra, mar y aire»

El rechazo al traslado de menores migrantes a Extremadura está recogido expresamente en el punto 4 del acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox, titulado ‘No más menores extranjeros no acompañados’. El documento establece que la Junta se opondrá por todas las vías legales, jurídicas y políticas a los mecanismos de distribución del Gobierno central. El pacto incluye el compromiso de no abrir nuevos centros ni ampliar las plazas existentes durante la legislatura, así como trabajar para que los menores no acompañados regresen a sus países de origen.

Fernández Calle reiteró ayer que Extremadura se opondrá «por tierra, mar y aire», utilizará «todos los medios políticos, administrativos e incluso jurídicos», y llegará «hasta las últimas consecuencias», aunque ha precisado que actuará «siempre dentro de la ley». También ha descartado ampliar plazas para atender nuevas asignaciones. La misma posición ha expresado Vox en Andalucía, al figurar también en su pacto de gobierno con el PP.

6. Más de 868.000 euros asignados

Extremadura tiene asignados, no obstante, 868.489 euros de una partida estatal de 35 millones para la atención de infancia migrante no acompañada durante 2026. La Junta no acudió a la reunión sectorial en la que se abordaron estos fondos, al considerar que los criterios fijados por el Estado eran «arbitrarios, opacos» y no reflejaban la situación efectiva de los sistemas autonómicos. En todo caso, ell número de menores que deberá recibir Extremadura sigue aún pendiente de las resoluciones individuales en Ceuta.

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