Guardiola culpa a Sánchez de trasladar a las comunidades su responsabilidad en la crisis de Ceuta

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer trasladar a las comunidades autónomas las responsabilidades que le corresponden ante la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. "El Gobierno de Sánchez no puede imponer a las comunidades autónomas cómo afrontar una situación que no ha sabido prever. Hay que gestionar antes que imponer. Y lo más importante, actuar para que no se pierdan más vidas", ha afirmado.

Guardiola ha expresado el rechazo de Extremadura a una gestión que, a su juicio, pretende descargar sobre los gobiernos regionales las consecuencias de la crisis. "Extremadura rechaza esta deriva que solo pretende trasladar a las regiones las responsabilidades que corresponden al Gobierno", ha insistido en un mensaje en la red social X.

Guardiola ha defendido también el derecho de Ceuta a contar con los medios necesarios para hacer frente a este momento crítico y ha asegurado que la Junta de Extremadura respalda firmemente esa petición. La presidenta autonómica ha sostenido que el Estado debe garantizar la seguridad y la integridad territorial y ha rechazado que la situación se utilice para generar un enfrentamiento entre comunidades. "Esto no va de enfrentar territorios, ni buscar fracturas para enmascarar los problemas. Esto consiste en asumir la situación con humanidad, seriedad y una voz firme", ha concluido.

Plante a la comisión sectorial

La posición expresada por la presidenta se ha concretado en la decisión de la Junta de no acudir a la reunión sectorial del 13 de agosto. El vicepresidente autonómico y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, se lo ha comunicado mediante una carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En la misiva, Fernández Calle ha reiterado el rechazo del Ejecutivo regional a cualquier traslado mientras el Estado no haya tramitado de forma individual la situación jurídica de cada menor ni haya entregado la documentación sobre su identidad, edad y circunstancias familiares.

"Lo que no vamos a hacer es aceptar un reparto automático de menores mientras el Gobierno de Sánchez no haya cumplido con su obligación de determinar qué ocurre con cada uno de ellos", ha señalado el vicepresidente.

La Junta ha reclamado que, antes de plantear cualquier traslado, el Gobierno central abra, instruya y resuelva los expedientes individualizados previstos en la legislación de extranjería. Estos procedimientos deben determinar, de acuerdo con el interés superior del menor, si procede su permanencia en España, la reunificación con su familia o el retorno a su país de origen.

Documentación de cada menor

La carta remitida al Ministerio solicita también los expedientes completos, incluida la documentación relativa a la identificación, la edad, las circunstancias familiares y la valoración del interés superior de cada menor, así como la resolución adoptada sobre su permanencia o retorno. La reclamación no se refiere expresamente a la realización de pruebas para determinar la edad, sino a que este dato aparezca acreditado en la información proporcionada por el Estado.

"Extremadura no puede asumir las consecuencias de una competencia que es exclusivamente estatal", ha afirmado Fernández Calle. El vicepresidente ha condicionado cualquier posible acogida a que se conozca previamente la situación concreta de cada afectado y ha advertido de que su distribución entre distintos territorios antes de resolver los expedientes podría "alejarlos de sus progenitores y dificultar los procedimientos familiares".

Fernández Calle, dirigente de Vox, ha defendido que la prioridad debe ser localizar a las familias y facilitar la reunificación siempre que resulte posible. "Los menores tienen que estar con sus familias. Y si el Gobierno de España tiene constancia de que Marruecos está dispuesto a hacerse cargo de sus ciudadanos, lo que debe hacer es activar todos los mecanismos legales para que puedan regresar con sus familias, en lugar de repartirlos por España", ha concluido.