Costes agrarios
El campo extremeño se rebela contra el precio del gasóleo y exige medidas al Gobierno de España
APAG Extremadura Asaja denuncia que muchos agricultores siguen sin cobrar las ayudas y devoluciones aprobadas mientras el combustible vuelve a disparar los costes en plena campaña de recolección

Un agricultor reposta gasóleo en un tractor durante una jornada de trabajo en el campo. / El Periódico Extremadura
El precio del combustible vuelve a encender las alarmas en el campo extremeño. APAG Extremadura Asaja ha denunciado las reiteradas subidas del gasóleo y ha reclamado al Gobierno de España medidas más contundentes para frenar unos costes que considera ya inasumibles para muchas explotaciones agrícolas.
La organización agraria sostiene que la situación resulta especialmente grave porque numerosos agricultores todavía no han cobrado la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos ni las ayudas de 0,20 euros por litro aprobadas por el Ejecutivo central dentro del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, incluido en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
Estas medidas fueron posteriormente prorrogadas hasta el próximo 30 de septiembre, con una reducción progresiva de la bonificación. Así, la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos se fijó en 15 céntimos por litro durante julio, 10 céntimos en agosto y cinco céntimos en septiembre.
APAG considera, sin embargo, que estas ayudas resultan insuficientes ante la evolución del mercado y denuncia que llegan mientras los productores tienen que afrontar unos precios del carburante que califica de "totalmente desorbitados". Según los datos difundidos por la organización, el gasóleo A alcanza actualmente los 1,95 euros por litro, mientras que el gasóleo B se sitúa en torno a 1,45 euros.
En plena recolección
La subida coincide además con uno de los momentos de mayor actividad del calendario agrícola extremeño. Las explotaciones se encuentran actualmente inmersas en la recolección del viñedo, el tomate y los frutales, campañas que requieren un elevado uso de maquinaria y que provocan un fuerte incremento del consumo de combustible.
El encarecimiento del gasóleo tiene así un impacto directo sobre numerosas labores agrícolas, desde el movimiento de tractores y cosechadoras hasta el transporte de las producciones o determinadas tareas vinculadas al riego y al mantenimiento de las explotaciones.
APAG advierte de que este incremento se suma a otros costes de producción que ya soporta el sector y que están reduciendo los márgenes de numerosas explotaciones. La organización considera que los agricultores necesitan trabajar con unos costes asumibles para poder mantener la rentabilidad y garantizar la continuidad de su actividad.
Críticas a la carga fiscal
La asociación agraria también dirige sus críticas hacia la fiscalidad aplicada a los carburantes y acusa al Ejecutivo central de mantener un "afán recaudatorio" a través de los impuestos que gravan los combustibles.

Un tractor en labores de vendimia. / El Periódico Extremadura
APAG recuerda que sobre el precio del carburante recaen tanto el Impuesto sobre Hidrocarburos como el IVA y critica que este último se aplique sobre el precio final, en el que ya se encuentra incorporado el propio impuesto especial.
Para la organización, esta estructura fiscal contribuye a elevar todavía más la factura energética que soportan agricultores y ganaderos y termina repercutiendo sobre el conjunto de los costes de producción.
APAG sostiene que esta presión económica puede contribuir a "arruinar y cerrar explotaciones" y advierte de que las consecuencias no se limitan únicamente al sector primario, ya que el incremento de los costes acaba repercutiendo también sobre otros eslabones de la cadena y, finalmente, sobre los consumidores.
Un precio máximo para los combustibles
Ante esta situación, APAG Extremadura Asaja reclama al Gobierno de España que abandone las soluciones basadas exclusivamente en bonificaciones temporales y adopte medidas que actúen directamente sobre el precio final de los carburantes.
En concreto, la organización exige que se establezca un precio máximo para los combustibles, al considerar que las ayudas actuales no solucionan el problema de fondo ni garantizan a agricultores y ganaderos estabilidad suficiente para afrontar sus campañas.
La asociación defiende que limitar el precio permitiría contener uno de los principales gastos de las explotaciones y dar mayor seguridad al sector en un momento marcado por la subida de los costes y la presión sobre los márgenes agrícolas.
Para APAG, las continuas oscilaciones del gasóleo se han convertido ya en uno de los principales factores que amenazan la rentabilidad del campo extremeño, especialmente durante campañas de alta intensidad de trabajo como las que se desarrollan actualmente en buena parte de Extremadura.
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