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Política migratoria

Guardiola justifica el plante de Extremadura a la sectorial de Infancia: "No rechazamos recursos para Ceuta, sino el abandono del Gobierno"

La Junta exige al Estado que tramite "de forma inmediata" los expedientes individualizados de retorno y defiende que su oposición responde al interés superior del menor

María Guardiola y Óscar Fernández, en una sesión plenaria.

María Guardiola y Óscar Fernández, en una sesión plenaria. / JAVIER CINTAS

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Mérida

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha matizado la posición del Ejecutivo autonómico tras su ausencia este jueves de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se ha aprobado una transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para la atención a menores migrantes. En respuesta a la ministra Sira Rego, Guardiola ha escrito en X que Extremadura no rechaza que la ciudad autónoma reciba más fondos, sino la actuación del Gobierno central ante la crisis migratoria de finales de julio.

"Extremadura no ha rechazado que se asignen recursos a Ceuta, sino la dejación de funciones y el abandono del Gobierno de España a la Ciudad Autónoma", ha afirmado. La presidenta ha respondido así a la ministra de Juventud e Infancia, que ha señalado que Extremadura, Aragón y Castilla y León habían remitido una carta al ministerio para rechazar la transferencia. "Guardiola, Azcón y Mañueco eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente Vivas", ha escrito.

La posición extremeña

Guardiola ha pedido a Rego que "no mienta" sobre la posición extremeña y ha acusado al Gobierno de España de intentar "embarrar y enfrentar" mediante una polémica que, a su juicio, parte de afirmaciones falsas. "Creando una polémica con falsedades no va a tapar esta incompetencia clamorosa", ha replicado.

Guardiola sostiene que es el Ejecutivo central el que debe asumir sus responsabilidades ante la situación de Ceuta y resolver individualmente los expedientes de los menores. "Las obligaciones del Estado no son elegibles y su dejación de funciones perjudica especialmente el interés superior de esos menores que ustedes dicen proteger. Estamos y estaremos siempre con los ceutíes y con la ley", ha concluido.

El crédito, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, está destinado a financiar la atención de los menores en Ceuta, en concreto para sufragar gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo o servicios de traducción. Ha contado con el respaldo unánime de las comunidades autónomas presentes en el cónclave, incluidas las del PP.

El plante de Vox

Solo se han ausentado de la conferencia Extremadura, Aragón y Castilla y León: los tres territorios en los que Vox gestiona las competencias de Infancia ya habían advertido de que no iban a acudir a la cita convocada por la ministra por su rechazo a cualquier posible traslado de estos jóvenes a otros territorios.

Fuentes del Ejecutivo extremeño señalan a Europa Press que la región "siempre" estará al lado de Ceuta como ciudad autónoma española. Sin embargo, añaden que "para transferir 25 millones no hace falta celebrar una conferencia sectorial", de tal forma que, una vez escuchadas las declaraciones de la ministra, consideran que "su único objetivo era tratar de dividir a las comunidades autónomas donde no gobierna la izquierda".

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández (Vox).

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández (Vox). / Vox Extremadura

Agilidad en los expedientes de retorno

La Junta de Extremadura exige además al Gobierno central que actúe de forma "rápida, diligente y expeditiva", ordene la apertura, instruya y resuelva de forma inmediata los expedientes individualizados de devolución de los menores. El Ejecutivo autonómico recuerda que esta competencia corresponde exclusivamente a la Administración del Estado, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

El Ejecutivo reitera que su oposición al acuerdo responde al "estricto cumplimiento" del ordenamiento jurídico nacional e internacional y, especialmente, del principio del interés superior del menor. Según sostiene la Junta, este criterio prioriza la reunificación familiar y el retorno al país de origen, exige valorar individualmente cada caso y excluye las actuaciones automáticas o colectivas.

En la línea de lo defendido hasta ahora, insiste en que Extremadura "no va a participar en ningún tipo de procedimiento que perjudique el interés del menor y de los padres en la reunificación familiar o en volver a su país de origen, donde tiene sus raíces, cultura, modos de vida y posibilidad de desarrollo". "El Gobierno no puede imponer a las comunidades autónomas cómo afrontar una situación que ha demostrado que no ha sabido prever", concluye.

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