Extremadura advierte de que las mejoras del Estatuto Marco sanitario no podrán aplicarse sin financiación

La Junta de Extremadura ha advertido este miércoles de que las mejoras contempladas en el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario no podrán llevarse a la práctica si el Gobierno no garantiza su financiación. La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha asegurado que el proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros «no tiene consignación económica para llevarse a cabo» y, por tanto, «no garantiza aquellas mejoras que recoge».

El texto inicia ahora su tramitación en el Congreso de los Diputados en medio de la oposición de parte de los profesionales sanitarios y de la amenaza de una nueva huelga médica de carácter indefinido. García Espada ha insistido en que Extremadura mantendrá su postura de respaldar aquellas mejoras que puedan llegar «de forma certera y rigurosa» a los profesionales del Sistema Nacional de Salud, aunque ha evitado pronunciarse sobre qué medidas considera positivas a la espera de conocer la evolución del proyecto.

La consejera ha recordado además que durante un Consejo Interterritorial de Sanidad reclamó a la ministra, Mónica García, la presencia de representantes de los ministerios de Hacienda, Función Pública y Seguridad Social, al considerar que la reforma afecta a numerosos aspectos laborales y económicos de los trabajadores sanitarios. Sin embargo, según ha relatado, «esas tres sillas quedaron vacías».

A su juicio, esa ausencia evidencia que «la ministra está sola» en el impulso del Estatuto Marco. «Ayer ni siquiera compareció en rueda de prensa tras su aprobación en el Consejo de Ministros», ha añadido la titular de la cartera sanitaria, quien considera que esta situación está generando «mucha incertidumbre» entre los profesionales.

Sin memoria económica

Extremadura también había reclamado al Ministerio de Sanidad la memoria jurídica que amparara el Estatuto Marco y una memoria económica que permitiera medir el impacto de las medidas previstas, especialmente para las comunidades autónomas, que tendrán que asumir su aplicación.

Según García Espada, ninguna de esas memorias ha llegado. «Cualquier medida que no lleve consignación presupuestaria no podrá llevarse a cabo», ha recalcado la consejera, que ha insistido en que la Junta no quiere que los profesionales reciban compromisos que después no puedan hacerse efectivos.

A las dudas sobre la financiación se suma, según ha señalado, el malestar existente entre parte de los sindicatos. En este sentido, ha asegurado que incluso organizaciones que alcanzaron un acuerdo con el Ministerio han mostrado posteriormente su «indignación» al considerar que el texto definitivo no coincide con el que habían respaldado inicialmente.

Por todo ello, el Ejecutivo autonómico esperará ahora al «recorrido» del proyecto de ley durante su tramitación en el Congreso antes de realizar una valoración definitiva, aunque mantiene su rechazo a cualquier reforma que no vaya acompañada de los recursos económicos necesarios para aplicarla.

Los cambios

Entre los principales cambios que plantea el nuevo Estatuto Marco figura la limitación de la jornada máxima a 45 horas semanales, así como el fin de las actuales guardias de 24 horas. El proyecto establece que una guardia no podrá superar las 17 horas y deja en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de reducirlas hasta las 12 horas o establecer sistemas de trabajo por turnos. Tampoco podrá exigirse una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia.

La reforma contempla además avanzar progresivamente hacia una jornada ordinaria de 35 horas semanales en aquellos servicios de salud que todavía la superen, siempre atendiendo a la disponibilidad de profesionales y sin perjudicar la asistencia sanitaria. Las comunidades dispondrán de un plazo de hasta cinco años para realizar las adaptaciones organizativas y de plantilla necesarias en materia de jornada, que deberán llevarse a cabo sin pérdidas retributivas para los trabajadores.

El texto también incorpora medidas de conciliación, amplía los supuestos para solicitar la exención de guardias, introduce el concepto de «carga horaria excesiva» cuando se mantengan determinadas situaciones de sobrecarga y obliga a convocar, con carácter general, procesos de selección de personal fijo cada dos años. Además, regula incentivos para las plazas de difícil cobertura y modifica el sistema de movilidad voluntaria entre servicios de salud.

Fuente: El Periódico de Extremadura