Trump defiende a Hegseth, acorralado por sospechas de crímenes de guerra en los ataques a supuestas narcolanchas

Venezuela es el eje sobre el que han girado este lunes la política de Washington y la agenda del presidente, Donald Trump. El republicano había convocado para la tarde en la Casa Blanca una reunión de su equipo de seguridad nacional. En ese encuentro al que estaban convocados miembros del gabinete como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, la cuestión prioritaria era abordar los próximos pasos en el tema venezolano, una situación que sacude la política exterior pero también la nacional.

Las tensiones con Caracas y la incertidumbre siguen en escalada conforme se mantienen un histórico despliegue militar en la región en paralelo a conversaciones con Nicolás Maduro que el propio Trump reconocía este fin de semana. Pero dentro de EEUU las aguas andan especialmente revueltas después de que el viernes ‘The Washington Post’ publicara una información que desveló que Hegseth dio órdenes verbales en los primeros ataques a embarcaciones señaladas por supuesto narcotráfico de “matar a todos” los ocupantes y no dejar supervivientes 

Esa orden, siempre según el 'Post', influyó en que el 2 de septiembre, en la primera operación contra una supuesta narcolancha en el Caribe, y después de lanzar un primer misil para hundirla, se lanzara un segundo para asegurar la muerte de dos supervivientes, que los drones habían grabado asidos a los restos de la embarcación.

Las revelaciones han disparado las sospechas de que EEUU está violando las leyes de guerra con esta campaña bautizada Operación Lanza del Sur. La legalidad ya ha sido ampliamente puesta en entredicho, incluyendo por expertos, observadores o el alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, que afirman que lo que está sucediendo puede representar "ejecuciones extrajudiciales", EEUU ya ha hundido más de 20 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, provocando la muerte de al menos 83 personas.

“Crímenes de guerra”

El fantasma de que Washington ha cometido “crímenes de guerra” ha llegado al Congreso, y no solo a la oposición de los demócratas a Trump, sino a las dos bancadas. En un comunicado emitido el sábado, Mike Rogers, el republicano que preside el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, y Adam Smith, principal demócrata en ese comité, anunciaron que emprenden "acción conjunta para recopilar información completa sobre las acciones del 2 de septiembre". 

También los líderes de los dos partidos en el comité en el Senado, el republicano Roger Wicker y el demócrata Jack Reed, anunciaron una “supervisión vigorosa para determinar los hechos”.

Don Bacon, otro congresista republicano que forma parte del comité en la Cámara Baja, dijo el domingo en una entrevista en television que si el ataque del día 2 se produjo como contó 'The Washington Post' "sería una violación de las leyes de guerra. Si la gente quiere rendirse no los matas y tienen que representar una amenaza inminente”. 

Bacon y otros republicanos, en cualquier caso, han expresado dudas de que Hegseth diera la orden. El propio jefe del Pentágono el viernes dijo que el artículo que lo señaló era “inventado, incendiario y difamatorio”.

Trump respalda a Hegseth

Trump ha dado su respaldo a Hegseth. El domingo, a bordo del Air Force One, el presidente dijo que cree a su secretario de Defensa cuando este dice que no dio la orden de “matar a todos”. En cualquier caso, el presidente también aseguró que, si las cosas hubieran sido como contó el artículo, el no habría lanzado un segundo misil el 2 de septiembre, justificando que el primero ya había sido “muy letal” (en total murieron los 11 ocupantes de la embarcación).

En la Casa Blanca este lunes la portavoz, Karoline Leavitt, también ha redoblado la defensa de Hegseth y de la campaña militar contra las embarcaciones, eludiendo una y otra vez la pregunta de qué amenaza representarían dos supervivientes aferrados a los restos de una barca bombardeada.

"Amenaza inminente"

Leavitt, como la Administración, se aferran al argumento de que el narcotráfico y los narcotraficantes representan una amenaza "inminente" para EEUU. Por eso Trump ha hecho una declaración de guerra a bandas de narcotráfico, que ha clasificado como organizaciones terroristas, pero ha lanzado esa "guerra" sin autorización del Congreso.

Sobre el andamiaje legal, que es ampliamente cuestionado, se ha construido la campaña contra las embarcaciones sospechosas y sus ocupantes. En ningún caso el gobierno ha aportado públicamente pruebas para sostener esas acusaciones. Y ya desde hace tiempo en el Congreso miembros de los dos partidos denuncian falta de información sobre las operaciones.

Leavitt este lunes insistía en que el militar al frente del ataque del 2 de septiembre “actuó dentro de su autoridad y de la ley, dirigiendo la acción para asegurar que el barco estaba totalmente destruido y que se eliminaba la amenaza de los narcoterroristas a EEUU”. También ha insistido en que todos los ataques se llevan a cabo “en aguas internacionales y respetando las leyes de conflicto armado”.

Ante más preguntas incisivas de la prensa, Leavitt ha dicho no tener conciencia de que haya habido un cambio de protocolos en las operaciones militares contra las embarcaciones, aunque en octubre hubo al menos un ataque en que EEUU rescató a dos supervivientes, que fueron repatriados.

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