Una familia de Mérida empieza de nuevo con la Ley de Segunda Oportunidad: cancela una deuda de 63.000 euros

Una familia de Mérida ha logrado empezar de nuevo tras la cancelación de 42.000 euros de deuda y la reestructuración de otros 21.000 en un plan de pagos asumible, gracias a Ley de Segunda Oportunidad. Más allá de los números, la resolución se traduce en "descanso, estabilidad y la posibilidad real de planificar el día a día sin vivir pendiente de embargos e intereses", subraya la firma Ézaro Legal, que ha coordinado la estrategia jurídica .

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una salida a particulares y autónomos que no pueden afrontar sus obligaciones. Pueden acogerse quienes residan en España, cuenten con más de un acreedor, actúen de buena fe y no hayan sido condenados recientemente por determinados delitos económicos ni solicitado este mecanismo en los últimos cinco años.

El camino arranca con un estudio de viabilidad y continúa con la tramitación concursal ante el juzgado. A partir de la admisión a trámite, se alivia la presión inmediata: pueden suspenderse embargos y frenarse los intereses, mientras se trabaja en la solución final, ya sea la exoneración del pasivo insatisfecho o un plan de pagos ajustado a la capacidad real del deudor.

“Lo más importante no son las cifras, sino lo que significan para quienes estaban al límite”, explica David Muñoz, CEO de Ézaro Legal. “La Ley de Segunda Oportunidad bien aplicada permite preservar lo esencial —el techo, el trabajo— y ofrecer un itinerario claro para salir de la deuda. Nuestro enfoque combina rigor jurídico y trato humano para que el proceso sea comprensible y asumible en cada etapa”.

Protección de los bienes esenciales

La reforma de 2022 ha reforzado, además, la protección de los bienes esenciales cuando resulta razonable y se cumplen los requisitos legales. En la práctica, los jueces pueden autorizar que la familia conserve su vivienda habitual si el coste es proporcionado a sus ingresos y el inmueble no es suntuoso, y permitir que se mantenga el vehículo cuando es necesario para trabajar o para cubrir necesidades básicas. Integrar estas decisiones en planes de pago realistas evita desarraigos y facilita que las personas sigan generando ingresos para estabilizar su vida cotidiana. “En nuestra experiencia, cuando se acredita la necesidad y la proporcionalidad, los juzgados están abiertos a soluciones que protegen lo esencial sin perjudicar a los acreedores”, añade Muñoz.

La normativa exige un examen pormenorizado de la situación económica del deudor, su historial de pagos y su conducta de buena fe. Ézaro Legal articula esa evaluación mediante un estudio de viabilidad sin coste, que determina si conviene solicitar la exoneración directa o plantear un plan de pagos supervisado judicialmente. “Cada caso es distinto: a veces lo responsable es pedir la exoneración total y, otras, estructurar un plan que la familia puede cumplir sin renunciar a lo imprescindible. La clave es no llegar tarde y asesorarse desde el principio”, subraya David Muñoz.