Mérida destina dos millones a reforzar su escudo social con más ayudas, empleo y apoyo a mayores

El Ayuntamiento de Mérida destinará más de dos millones de euros a políticas sociales en 2026 dentro de un presupuesto con el que busca reforzar su escudo social, con especial incidencia en las ayudas a las familias más vulnerables, los programas de empleo y la atención a las personas mayores. Así lo ha destacado este viernes la delegada de Servicios Sociales, Mayores y Vivienda, Catalina Alarcón, durante la presentación de las principales líneas de su área.

La responsable municipal ha subrayado que las cuentas de este ejercicio consolidan y amplían recursos para atender necesidades básicas, favorecer la inserción laboral y reforzar programas dirigidos al envejecimiento activo, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. Alarcón ha insistido en que las personas son “el eje central de todas las políticas municipales”, con unas partidas orientadas a mejorar la calidad de vida y a proteger a los colectivos más vulnerables.

Colectivos vulnerables

En este sentido, el presupuesto mantiene distintas líneas de apoyo para atender tanto situaciones estructurales como imprevistas, entre ellas el Fondo de Garantía Social, dotado con 136.000 euros, además de las tarjetas monedero, las ayudas de contingencia y las ayudas de mínimos vitales, cofinanciadas junto a la Junta de Extremadura. También continuarán las ayudas al alquiler social y otras fórmulas de apoyo directo a las familias.

La colaboración con el tercer sector seguirá siendo otro de los pilares de la acción municipal. Así, el consistorio mantendrá su respaldo a entidades sociales como Cáritas Diocesana para el sostenimiento del Centro Padre Cristóbal y del Centro de Emergencia, conocido como la Ola de Frío, cuya aportación municipal se eleva hasta los 50.000 euros. A ello se suma la subvención de 21.000 euros a la Plataforma del Voluntariado y el apoyo a campañas como la del Mochuelo o la de Navidad.

La delegada también ha puesto en valor el trabajo coordinado con el tejido asociativo de la ciudad, no solo desde el punto de vista económico, sino también en tareas de derivación, acompañamiento y acceso de las personas usuarias a recursos sociales, así como a los programas formativos.

Empleo

En materia de empleo, Alarcón ha avanzado que continuará el programa Crisol Mérida, dirigido a personas desempleadas y centrado en la orientación laboral, el acompañamiento y la formación. Además, para este año se prevén nuevos cursos de Atención a Personas Dependientes y de Cajero/a-Reponedor/a.

En el área de infancia y familia, el ayuntamiento mantendrá programas ya en marcha como el de Atención a las Familias, CaixaProinfancia, Espacios Educativos Saludables y Proprefames. Como novedad, la delegada ha resaltado el inicio del proceso para que Mérida obtenga el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia por parte de UNICEF.

Mayores

Las políticas para mayores también ganan peso en las cuentas de 2026. Según ha explicado Alarcón, el presupuesto de este ámbito crece más de un 5% para reforzar servicios como la ayuda a domicilio y la teleasistencia, además de actividades y proyectos como el programa Lazos, orientado a combatir la soledad no deseada.

A ello se unirán nuevas acciones de alfabetización digital y proyectos intergeneracionales, así como la construcción del nuevo Centro de Mayores de Nueva Ciudad, financiado con fondos propios y de la Diputación de Badajoz. También avanzará el plan de acción derivado del diagnóstico elaborado dentro de la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la OMS.

Además, la delegada ha recordado que el próximo 25 de marzo el Centro Cultural Alcazaba acogerá el segundo encuentro de clausura del Mes de la Mujer de los centros de mayores de la ciudad. La cita incluirá la lectura de un manifiesto elaborado por mujeres mayores, la proyección de historias de vida y distintas actividades culturales.

En vivienda, el consistorio mantendrá el asesoramiento y acompañamiento a la ciudadanía, así como la tramitación de ayudas destinadas a garantizar alternativas habitacionales en casos de emergencia y a prevenir desahucios y procedimientos judiciales vinculados a situaciones de vulnerabilidad.