Mérida abre la puerta a captar más taxistas con la eliminación del examen obligatorio

El Ayuntamiento de Mérida ha dado el primer paso para eliminar el examen municipal exigido hasta ahora para obtener el certificado necesario para conducir un taxi en la ciudad. El pleno celebrado el pasado 26 de marzo aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Auto-Taxi, una reforma que responde a una reclamación histórica del sector y que ahora deberá someterse a exposición pública.

La propuesta salió adelante por mayoría, con 20 votos a favor (PSOE, PP, Vox y Unidas por Mérida) y dos abstenciones (Por Mérida), y supone la supresión de los artículos 41 y 42 de la ordenanza. Detrás de este cambio están las asociaciones Radio Taxi Mérida y Tele Taxi Mérida, que venían reclamando desde hace tiempo la retirada de esta prueba al considerar que dificultaba la entrada de nuevos profesionales.

Durante el debate plenario, el delegado de Tráfico, Felipe González, defendió que la modificación nace del “diálogo constante” que el equipo de gobierno mantiene con los sectores afectados y con la ciudadanía. Según expuso, la iniciativa responde a una demanda reiterada de las dos asociaciones del taxi de la ciudad, planteada desde hace unos dos años.

“Eliminamos el examen para obtener el certificado municipal de aptitud para la conducción del taxi”, resumió el edil, que enmarcó esta decisión en una estrategia de simplificación administrativa. González sostuvo que no se trata solo de retirar una prueba concreta, sino de “corregir y eliminar trámites” que, a juicio del gobierno local, han quedado desfasados.

Conocimiento del callejero

En su intervención, señaló además que el examen estaba centrado en conocimientos sobre el callejero urbano, un requisito que consideró superado por la realidad tecnológica del sector. “Hoy en día el 100% de los taxis de la ciudad cuenta con sistemas de geolocalización y navegación, por lo que entendemos que ese conocimiento del callejero, tal y como se exigía, es totalmente innecesario para obtener el certificado”, argumentó.

El delegado insistió, no obstante, en que la supresión de esta prueba no rebaja las exigencias para acceder a la profesión. Según explicó, seguirá siendo obligatorio acreditar ante la administración municipal que no existe enfermedad infectocontagiosa ni impedimento físico o psíquico que dificulte el ejercicio profesional, además de presentar la documentación exigida y cumplir el resto de condiciones previstas en la normativa.

También avanzó que distintas delegaciones municipales, entre ellas las de Turismo y Diversidad Funcional e Inclusión, trabajarán con el sector para promover cursos y acciones formativas a lo largo del año. El objetivo, según indicó, es reforzar la sensibilidad y la preparación de los conductores en aspectos vinculados a la atención al usuario y a las nuevas realidades del servicio.

Beneficios

Para González, la modificación permitirá “modernizar” la ordenanza, reducir burocracia y agilizar la obtención del certificado municipal, que seguirá siendo obligatorio para conducir un taxi en Mérida. A su juicio, este cambio puede facilitar que haya más profesionales disponibles y mejorar así la cobertura del servicio en momentos de alta demanda.

“Esto puede optimizar el número de licencias activas y permitir que haya más taxis funcionando cuando la ciudad lo necesita”, defendió. En esa línea, subrayó que la medida puede contribuir a reforzar el servicio público, especialmente en jornadas señaladas, fines de semana o eventos en los que se incrementan los desplazamientos.

El concejal añadió que la reforma también puede tener efectos positivos sobre el empleo, al favorecer la incorporación de nuevas personas al sector sin necesidad de superar un examen que el gobierno municipal considera “totalmente obsoleto”. En su opinión, la medida mejorará el acceso a la profesión y contribuirá a adaptar el servicio “a las necesidades y realidades que tiene hoy la ciudadanía”.

Pese a ello, quiso dejar claro que la supresión del examen “no va a implicar ninguna merma en la calidad del servicio”. “Las exigencias en materia de seguridad, de cumplimiento de la normativa y de profesionalidad siguen siendo las mismas”, sostuvo durante su intervención ante la corporación.

Tras esta aprobación inicial, el expediente se expone al público durante 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos, con el fin de que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias. Si no se registran alegaciones en ese plazo, la modificación quedará aprobada definitivamente sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.