Cinco denuncias por las presuntas grabaciones en los vestuarios de la Ciudad Deportiva de Mérida

La investigación por las presuntas grabaciones en los vestuarios de la Ciudad Deportiva de Mérida suma ya cinco denuncias ante la Policía Nacional. Así lo ha confirmado este martes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha señalado que hay una persona investigada y ha pedido dejar trabajar a los agentes.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en las instalaciones deportivas, donde varias personas alertaron de la posible presencia de un hombre grabando en una zona de vestuarios. Los agentes acudieron al recinto tras recibir el aviso, identificaron al hombre, comprobaron el contenido del teléfono y se lo llevaron para examinarlo de manera exhaustiva.

Quintana, que ha calificado el suceso como «muy desagradable», ha evitado aportar más detalles «por respeto a las víctimas» y porque la investigación continúa abierta. Tampoco ha aclarado si las personas denunciantes son menores o adultas, si el investigado tiene vinculación con la Federación Extremeña de Gimnasia, tal y como le han cuestionado los medios, ni si familiares de afectados estén recabando firmas para reclamar su destitución.

Presunción de inocencia

«Hay cinco denuncias y vamos a dejar que la investigación continúe», ha indicado el delegado del Gobierno, quien ha apelado a su vez a poner encima de la mesa la presunción de inocencia. En este sentido, ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «están haciendo su trabajo».

El pasado martes, en la Ciudad Deportiva se estaban celebrando los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX), si bien, la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura señaló que los hechos denunciados habrían ocurrido "al margen del desarrollo de los JUDEX de Gimnasia Artística Femenina y Masculina", en un vestuario donde se encontraban chicos que jugaban al fútbol en el mismo recinto.

La Policía Nacional deberá determinar ahora si existieron grabaciones no consentidas, quiénes fueron las personas afectadas y si esas imágenes llegaron a difundirse. Cabe indicar que de confirmarse lo relatado por las supuestas víctimas, la acción del denunciado podría tener recorrido penal como un presunto delito contra la intimidad, con penas que pueden alcanzar de uno a cuatro años de prisión y multa.