Los impagos de nóminas empujan a la plantilla de limpieza del edificio La Paz de Mérida a la huelga

Los impagos y retrasos en las nóminas han terminado por llevar al límite a la plantilla encargada de la limpieza del Edificio de Servicios Administrativos La Paz de la Junta de Extremadura, en Mérida. Los trabajadores han convocado una huelga para el próximo 7 de septiembre después de que, según denuncia FeSMC-UGT Extremadura, continúen los problemas para cobrar con normalidad y permanezcan pendientes la paga extraordinaria, nóminas y otras cantidades adeudadas.

El conflicto viene de atrás. La plantilla ya tuvo que salir a la calle a comienzos de este año para reclamar el pago puntual de sus salarios. Meses después, UGT sostiene que la situación continúa sin resolverse y que los compromisos asumidos entonces no han conseguido garantizar una regularización definitiva de los pagos. El sindicato denuncia que esta incertidumbre está generando además serias dificultades económicas para los trabajadores y sus familias.

La huelga aún puede evitarse

La fecha del 7 de septiembre está marcada en rojo, aunque la convocatoria podría desactivarse si llega antes una solución. FeSMC-UGT asegura que la huelga únicamente se evitará si la empresa procede al abono íntegro de todas las cantidades adeudadas y ofrece garantías de que los salarios volverán a pagarse de forma regular. Para la organización sindical resulta "inadmisible" que una plantilla que acude diariamente a trabajar y cumple con sus obligaciones tenga que reclamar una y otra vez el derecho a cobrar.

UGT recuerda que ya pidió en enero la intervención de la Administración autonómica para poner fin al problema. Sin embargo, sostiene que han pasado los meses sin que la situación se haya normalizado. Por ello, la plantilla ha decidido endurecer las protestas y dar el salto desde las movilizaciones a una convocatoria formal de huelga.

UGT señala también a la Junta

El sindicato exige a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza que cumpla inmediatamente con sus obligaciones salariales, pero dirige también sus críticas hacia la Junta de Extremadura. FeSMC-UGT considera a la Administración "responsable subsidiaria" de este conflicto laboral y reclama que actúe como responsable del contrato para impedir que las consecuencias vuelvan a recaer sobre los trabajadores.

La organización sindical cuestiona además los criterios utilizados en la adjudicación de determinados servicios esenciales. A su juicio, dar un peso excesivo a las ofertas económicas puede facilitar que empresas sin la solvencia suficiente accedan a contratos públicos y que posteriormente el ajuste termine trasladándose a los salarios y a las condiciones de las plantillas.

Por ahora no hay acuerdo y el calendario sigue corriendo. Si antes del 7 de septiembre no se abonan las cantidades pendientes y se regularizan los pagos, la plantilla irá a la huelga. UGT emplaza tanto a la empresa como a la Junta de Extremadura a mover ficha antes de esa fecha y advierte de que seguirá defendiendo a unos trabajadores que, sostiene, no pueden continuar pagando de su bolsillo los problemas de gestión del servicio.