Reclamación a Interior
Policías y Guardias civiles esgrimen la jurisprudencia del Supremo para exigir a Marlaska ser reconocidos como profesión de riesgo
La consideración les permitiría acceder a la jubilación anticipada y equipararse con otros cuerpos autonómicos y locales

Choque entre manifestantes y policías en Atocha (Madrid). / Jesús Hellín EUROPA PRESS

Más de 22.000 familias de policías y guardias civiles reclamarán al Ministerio del Interior que se arbitren las medidas necesarias para que la Policía Nacional y la Guardia Civil accedan a la consideración de profesión de riesgo que ya disfrutan otros cuerpos judiciales autonómicos y locales.
Esgrimen la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el pasado mes de mayo dictó una sentencia ordenando al Gobierno la elaboración de una disposición reglamentaria para la jubilación anticipada de miembros de la Policía encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, los que ingresaron a partir de 2011.
La ofensiva, primero a nivel administrativo y después judicial, ya que ven bastante probable que el ministro Fernando Grande-Marlaska de la callada por respuesta, ha sido diseñada por despacho de abogados Duran&Durán. Va más allá de lo señalado en dicha sentencia y pretende que la consideración de riesgo reclamada, y que permitiría entre otras cosas que los agentes accedan a la jubilación anticipada, se aplique a la totalidad de los miembros de ambos cuerpos de seguridad del Estado.

La Guardia Civil de Castellón honra a los guardias civiles que perdieron su vida en el barranco de Bellver / GUARDIA CIVIL
Se necesitan 1.000 millones
De aceptarse sus premisas, la asociación Equiparación Real, que es la que reúne a las familias demandantes, estima que el coste para el Estado sería de unos 1.000 millones de euros, según establece un informe pericial incorporado a la reclamación. Sostienen que su demanda plantea un enfoque original porque se presenta en nombre de agentes concretos de Policía y Guardia Civil, englobando a los que pertenecen a la Seguridad Social y a la mayoría que queda encuadrada en el régimen de clases pasivas.
Tras la previsible negativa de Interior, se actuará en los tribunales españoles (la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en respuesta al formato administrativo de la respuesta) si bien no descartan acabar recurriendo ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
"Lo que no puede ser es que un policía local en Barbate que lucha contra el narcotráfico se pueda jubilar antes o cobrar unos 700 euros más de pensión que un policía nacional o un guardia civil que también lucha en Barbate contra el tráfico de drogas", han comentado el portavoz de la asociación, Alejo Moreno.
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