El bloqueo a la reforma de la ‘ley mordaza’ como paradigma de las promesas electorales en el congelador

“Siempre pedirá a todos los grupos que sean conscientes de que aquí hay fuerzas antagónicas en lo ideológico, unas escoradas a la derecha y otras a la izquierda, y necesitamos marcos comunes para sacar adelante muchas de las medidas”. Con esta apelación a la responsabilidad de los socios lanzada por Pedro Sánchez durante su comparecencia del pasado miércoles en el Congreso, el jefe del Ejecutivo hacía hincapié en la necesidad de diálogo y consenso ante la difícil aritmética parlamentaria, pero también reconocía implícitamente el bloqueo legislativo por los vetos cruzados dentro de la mayoría de investidura. Una realidad cada vez más evidente que vienen advirtiendo en privado los colaboradores del presidente del Gobierno y que tiene como resultado la congelación de promesas electorales como la reforma de la ‘ley mordaza’.

Un año después del acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu para su desbloqueo, las diferencias entre los socios han impedido avanzar en el compromiso de derogar los aspectos considerados “más lesivos”. Lo mismo ocurre con la reforma de ley de secretos oficiales, una demanda histórica del PNV varada en el Congreso tras aprobarse en Consejo de Ministros, y se visibilizó con el rechazo a la iniciativa para delegación de competencias en inmigración a Catalunya. En este caso fue Podemos quien sumó sus votos en contra a los de PP y Vox.

El paso dado por Junts para oficializar su ruptura con el Gobierno se justificó, entre otros incumplimientos, en la falta de materialización de este pacto sobre inmigración. Uno de los negociadores del Ejecutivo replicaba a la portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, que “el Gobierno cumple”, pero “otra cosa son los ritmos y los vetos cruzados”. “Nosotros no podemos manejar el voto de Podemos”, concluía con resignación.

La legislatura se complica cada vez más y el anuncio de bloqueo de Junts a una cincuentena de normas de PSOE y Sumar amenaza con ser la puntilla a la tendencia a recular o congelar leyes estrella por la falta de apoyos. En los últimos meses, el Gobierno ya se había visto obligado a dejar en el cajón medidas estrella de su agenda. Desde inmigración y vivienda hasta la abolición de la prostitución.

Los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez han pasado a macar un mayor perfil propio y endurecer sus posiciones. Ante la incertidumbre del movimiento de Junts, pero también ante las dudas por el modo electoral abrazado por Pedro Sánchez. Este mismo miércoles utilizó su comparecencia para calentar la precampaña electoral de las autonómicas confrontando en gestión de servicios públicos con las comunidades que gobierna el PP.

Un escenario poco propicio para desencallar normas y avanzar en una producción legislativa ya de por sí ralentizada. En materia de justicia, y pese a su tramitación de urgencia, sigue en comisión el proyecto para la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal. En un principio se pretendía llevarla a pleno antes del verano, pero se reculó y desde entonces sigue metida en un cajón.

La pretensión del Gobierno también pasaba por propiciar antes de verano una regularización de migrantes que alcanzaría hasta casi medio millón de migrantes llegados a España antes del 31 de diciembre del 2024. Una iniciativa varada desde hace casi año y medio en el Congreso y que tampoco ha visto la luz cuando se encaran las últimas semanas del año parlamentario.

El “se ha acabado” de Junts

El Ejecutivo gana tiempo para negociar mientras las condiciones de los socios se endurecen en lugar de acercarse. Como ha pasado con el proyecto de Presupuestos, hasta el punto de que Hacienda da por perdida la senda fiscal, el primer paso para su elaboración, antes incluso de aprobarla en el próximo martes en el Consejo de Ministros.

Pese a todos los reveses y la necesidad de recular o paralizar tramitaciones para evitar una mayor sensación de parálisis legislativa, en el Gobierno ratificaron tras el pleno del pasado jueves su confianza en poder seguir adelante tras salvarse gracias a los posconvergentes y el resto de sus socios de prorrogar la vida de las nucleares o congelar las tasas aeroportuarias de AENA. Enmiendas que el PP había introducido en la ley de movilidad sostenible y fueron rechazadas.

En Junts cuestionaban la celebración del Gobierno y avisaban a los socialistas de que si no asumían la realidad del “se ha acabado” el trastazo “va a ser mucho más duro”. Con todo, en el Gobierno no se resignan y preparan más gestos hacia Junts, como el desbloqueo de su ley de multirreincidencia, desde la máxima de que el Ejecutivo trabaja por cumplir los acuerdos pendientes.

Suscríbete para seguir leyendo