El TC esperará a la sentencia europea sobre la amnistía antes de resolver el recurso de Puigdemont

El Tribunal Constitucional tiene la intención de esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicte la sentencia que tiene pendiente sobre la amnistía antes de resolver los recursos de amparo presentados por los condenados y los procesados en rebeldía por el 'procés' contra la negativa del alto tribunal a aplicar la amnistía al delito de malversación del que les considera responsables. Entre los condenados se encuentran el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, mientras que entre los procesados está el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Fuentes del TC han señalado a EL PERIÓDICO que con la sentencia del TJUE en la mano quieren eliminar cualquier posibilidad de que el Supremo retrase el cumplimiento de su resolución mediante el planteamiento de una nueva cuestión prejudicial al tribunal con sede en Luxemburgo, una vez que se haya declarado que debe aplicarse el perdón a la malversación, opción que se da por hecha con las mayoría imperantes en la corte de garantías española a la hora de avalar a la amnistía.

En este punto, las mismas fuentes señalan que más bien la dificultad pasa por determinar si se deben anular los autos del Supremo que declararon que la amnistía no es aplicable a la malversación por la que fueron condenados Junqueras, Turull y los 'exconsellers' Dolors Bassa y Raül Romeva, y procesados en rebeldía Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. O, debe irse más allá y declarar expresamente que debe aplicarse el perdón a ese supuesto.

Pese al retraso que puede suponer esperar la sentencia -dado que se esperaba para final de año y todavía no tiene fecha, lo que lleva a pensar que ya no se conocerá antes de abril-, el Constitucional considera que así podrá evitar que el Supremo retrase el cumplimiento de la ley de amnistía elevando una nueva cuestión prejudicial a Europa sobre la afectación a los intereses europeos de la malversación para retrasar la aplicación del perdón.

Aval del abogado general

En su propuesta de resolución, dada a conocer el pasado 13 de noviembre, el abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann no vio problema en amnistiar el terrorismo, del que estaba acusada la célula de los CDR a los que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos, ni la responsabilidad contable del 1-O, lo que englobaría la malversación por la que se condenó y procesó en rebeldía a los líderes del 'procés'.

Solo consideró que algunas disposiciones de la ley de amnistía relativas a plazos y a escuchar a las todas partes en el Tribunal de Cuentas podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, pegas que también incluyó el Constitucional al avalar la constitucionalidad de la norma.

El aval a las pretensiones de Puigdemont en esa propuesta de sentencia llevó a este a solicitar al Constitucional el levantamiento cautelar de la orden de arresto que tiene en vigor para el caso de que regrese a España. La Fiscalía ante el TC se ha opuesto, como es la práctica habitual del tribunal, para no vaciar de contenido el propio recurso de amparo. En el mismo sentido, en el último pleno del año el TC rechazó levantar de forma cautelar la inhabilitación que pesa sobre Junqueras y los otros tres condenados por malversación.

En cualquier caso, el respaldo a las pretensiones de Puigdemont no será definitivo hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte su sentencia, en la que puede seguir el criterio marcado por el abogado general o acordar justo lo contrario. Entre los aspectos que tiene que determinar es si se trató o no de una autoamnistía, al beneficiar a los socios del Gobierno, cuyo apoyo parlamentario resulta crucial para que salgan adelante sus decisiones, como argumentó la Comisión Europea durante la vista que se celebró en julio en Luxemburgo. El tribunal europeo también debe determinar si el desvío de fondos públicos a un fin ilícito, como el referéndum del 1-O, supuso alguna afectación a los intereses europeos.

El TJUE aún no ha puesto fecha para dar a conocer su decisión, pero ya no se espera hasta al menos el mes de abril de 2026. Las conclusiones del abogado general de la UE sobre si el Parlamento Europeo hizo bien al conceder el suplicatorio tramitado por el juez Pablo Llarena contra Puigdemont, cuando era diputado de esa Cámara, se conocieron en septiembre y la sentencia del tribunal no se hará pública hasta el 5 de febrero, según anunció el 19 de diciembre el tribunal europeo. Si en la sentencia de la amnistía, el tribunal con sede en Luxemburgo sigue los mismos plazos, no la hará pública hasta abril.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional continúa rechazando los 16 recursos de inconstitucionalidad planteados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP más la de Castilla-La Mancha. En el último pleno del año se ha rechazado la impugnación de Murcia en aplicación de la doctrina marcada en la sentencia que declaró la constitucionalidad de la ley y que descartó la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Supremo.

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