Actividad parlamentaria
Las 5 leyes estrellas de la legislatura que cogen polvo en un cajón por los vetos cruzados
Las disputas entre los aliados del Ejecutivo han obligado a Sánchez a aparcar varias iniciativas, desde la reforma de la 'ley Mordaza' a la prohibición de la prostitución

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

No siempre son las malas relaciones con Junts o Podemos las que echan el freno a la actividad parlamentaria del Gobierno. El escaso balance legislativo de este otoño -el peor del siglo XXI, sin contar los años electorales- ha sido fruto, en más de una ocasión, de los vetos cruzados entre el resto de los socios, provocando que numerosas leyes llamadas a ser clave en la legislatura hayan quedado olvidadas en un cajón desde hace meses o estén avocadas al fracaso en caso de ser votadas.
No es raro que la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley Mordaza', reaparezca cada año en la actividad parlamentaria. El Gobierno lleva desde 2019 con el compromiso de derogarla, como prometió estando en la oposición. Sin embargo, en julio se cumplieron 10 años desde su aprobación sin que el Ejecutivo y sus socios llegaran a un acuerdo. A finales de 2024, el pacto parecía cercano tras un acuerdo del Gobierno con EH Bildu y ERC -las formaciones que tumbaron una posible reforma en 2023- sobre las cuestiones que quedaban pendientes. Sin embargo, las conversaciones volvieron a encallar.
Fuentes conocedoras de la negociación apuntan a que el problema reside en el choque frontal entre EH Bildu y PNV por cómo se recoge el principio de autoridad en la norma. Además, los abertzales endurecieron su posición inicialmente porque la modificación de la ley se estaba realizando sobre la base de un texto del PNV y, ahora, son los jeltzales los que frenan el pacto porque el Gobierno negoció con EH Bildu unos cambios que a ellos no les convencen. Ninguno quiere regalar una victoria a su principal competidor electoral.
El Gobierno comenzó el año con una victoria en materia migratoria, logró el apoyo de todos sus socios para convalidar un real decreto que establecía el reparto obligatorio de menores extranjeros entre todas las comunidades ante situaciones "extraordinarias" como las que viven Canarias o Ceuta. Sin embargo, hay otras dos iniciativas que no han conseguido aprobar: la ley que delega las competencias en inmigración a Catalunya y la iniciativa legislativa populares para regularizar a 500.000 migrantes.
En este caso, la batalla se ha focalizado entre Podemos y Junts. Los primeros exigían que se aprobara la norma que permitiría regularizar la situación en España de medio millón de extranjeros antes de dar su voto favorable a la cesión de las competencias a Catalunya, mientras los segundos querían que fuera al revés. Ante esta situación, los morados acabaron tumbando la norma que Junts había pactado con el Gobierno y, como era de prever, la regularización de migrantes lleva meses cogiendo polvo en un cajón.
Ahora mismo, en el Congreso se acumulan hasta seis iniciativas legislativas para tratar de hacer frente a la crisis de la vivienda, el problema que más preocupa a todos los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En concreto, en la Cámara Baja hay registradas una proposición de ley del PSOE, dos de Sumar, una de EH Bildu, otra de Podemos y una última que fue impulsada por todos los socios de izquierdas del Ejecutivo.
De todas ellas, sola esta última, destinada a regular los alquileres temporales y por habitación, ha avanzado en la tramitación tras un pacto del PSOE con los autores de la iniciativa. Sin embargo, los socialistas intentaron aprobar la norma en comisión, donde no es necesario el voto favorable de Junts, pero finalmente no lo consiguieron. Así, fuentes del PSOE y de otros grupos dan por perdido el texto, ya que los posconvergentes lo tumbarán junto con PP y Vox a su paso por el pleno, si es que alguna vez se llega a votar.
La primera gran derrota que sufrió el PSOE en esta legislatura fue en mayo de 2024 cuando defendieron ante el pleno del Congreso su ley abolicionista. Los socialistas fueron los únicos que votaron a favor de su aceptación a trámite. El resto de sus socios se opusieron o se abstuvieron, incluido Sumar. Los aliados criticaron que se buscara endurecer el Código Penal, pero no se aprobara una ley integral que incluyera itinerarios y ayudas para las mujeres que ejercen la prostitución.
Desde entonces, y sobre todo con las informaciones sobre el consumo de prostitución por parte de José Luis Ábalos y Koldo García, el PSOE ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de abolir la prostitución. Sin embargo, no puede contar con sus aliados, que ya le jugaron otra mala pasada en la anterior legislatura, y lleva meses apelando al PP.
"Espero que podamos seguir contando con usted, que podamos seguir trabajando y desde luego cuente con que esta legislatura vamos a modificar la Ley de Secretos Oficiales", le dijo Sánchez al ahora líder del PNV, Aitor Esteban, en febrero cuando este abandonó la portavocía del Congreso. Desde entonces, el presidente del Gobierno ha reiterado esta promesa varias veces. En julio, el Consejo de Ministros aprobó la ley de información clasificada, pero no ha dado ningún paso más. ERC y EH Bildu ya avisaron en ese momento de que el texto resultaba poco ambicioso.
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