La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares

En la industria española de la defensa no hay precedentes para una demanda de un calado millonario, político y diplomático como el del recurso que este viernes ha aceptado el Tribunal Supremo, interpuesto por Santa Bárbara Sistemas -empresa privatizada y actual filial de General Dynamics European Land Systems, que preside el ejecutivo español Antonio Bueno- contra las líneas de crédito concedidas por el Gobierno a la pública Indra, en torno a la cual Defensa apoya la edificación de un gigante industrial español del sector con el que competir en Europa.

Por la vía de lo Contencioso-Administrativo, la firma -propiedad última de la norteamericana General Dynamics- ha presentado ante el alto tribunal -según ha adelantado Europa Press y confirman a este diario fuentes de la compañía- un recurso en el que se solicita la suspensión cautelar de dos préstamos del Estado para Indra que suman 3.002 millones de euros y que, dentro del estatal Plan Industrial para la Seguridad y la Defensa, están destinados a solucionar carencias de las Fuerzas Armadas en artillería autopropulsada de largo alcance.

Los programas objeto de litigio son dos de los llamados PEM, programas especiales de modernización de la defensa: el plan de fabricación de obuses sobre cadenas y sobre ruedas capaces de disparar a objetivos a más de 60 kilómetros de distancia. El primero de esos programas está dotado con un préstamo estatal de 1.821 millones de euros y el segundo 1.181, ambos a una alianza entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering -sociedades presididas respectivamente por los hermanos Ángel y Javier Escribano- que, llevada a la realidad de las contratas militares, es un trasunto, adelanto o metáfora del plan de fusión entre ambas compañías.

La demanda, que formalmente apunta a Industria más que a Defensa, pide al Tribunal Supremo que suspenda la ejecución de esos créditos. Santa Bárbara lo ha presentado en el límite de plazo para recurrir la decisión del Ejecutivo, publicada en un real decreto el pasado 14 de octubre. La admisión a trámite no supone de momento la paralización de la ejecución del acuerdo del Gobierno.

La némesis del Némesis

Desde Indra, la compañía contra la que se dispara en esta acción judicial, no se hacen comentarios. En GDELS se limitan a confirmar el recurso contra la adjudicación de los programas de obuses autopropulsados. En esa empresa explican que su objetivo es "proteger la tecnología española, a los trabajadores y suministradores de la empresa". Igualmente insisten en subrayar la españolidad de la compañía litigante. Es enteramente de capital norteamericano pero también es "una sociedad mercantil legalmente establecida y domiciliada en España, sujeta íntegramente al ordenamiento jurídico, mercantil, laboral y fiscal español", recuerdan, y añaden que "la propiedad industrial de lo que hacen GDELS o Santa Bárbara Sistemas es europea y española".

Los vehículos lanza puentes para guerra terrestre y un enorme cañón sobre un enorme vehículo son el epicentro del pleito. Al primero le pusieron de nombre comercial Anaconda, y Santa Bárbara quiere fabricarlo en Catalunya, en las instalaciones de Sant Cugat del Vallés que abandonó la fábrica auxiliar de automoción Delphi. Al segundo, en GDELS lo bautizaron Némesis y se ofreció fabricarlo en Sevilla y Asturias. Es un obús de altas prestaciones cuya versión sobre cadenas se presentó en Madrid, en junio pasado, durante la feria de la industria de defensa Feindef. Sus fabricantes sostenían entonces que en el mundo no hay una pieza artillera autopropulsada más potente ni más rápida, capaz de acertar a objetivos situados a 70 kilómetros de distancia con proyectiles del mayor calibre existente: 155 milímetros.

Indra comparte con Santa Bárbara la producción del blindado 8X8 Dragón, proyecto estratégico del Ejército de Tierra. Ambas compañías ahora en guerra son, sin embargo, socias en el consorcio Tess Defence para la fabricación de ese vehículo de combate de ocho ruedas, junto con la vasca Sapa y la madrileña Escribano M&E. La situación es una muestra de algunas paradojas que jalonan el rearme español, y de las tensiones que, con creciente encono, afloran entre algunas firmas de ese ecosistema.

Indra es beneficiaria de préstamos públicos por valor de 7.944 millones de euros, el grueso de la financiación de 14.224 millones aprobada por el Gobierno en la recta final del año para el rearme y el cumplimiento del objetivo de inversión en defensa del 2% del PIB. Si bien esos préstamos han sido publicados en el BOE por el Ministerio de Industria, que es el que los gestiona, se conceden a instancias del Ministerio de Defensa, que es el departamento que reclama las capacidades militares que se han de cubrir.

Contra ambos ministerios colisiona el recurso de General Dynamics-Santa Bárbara. Y, también paradójicamente, en el mismo chorro de financiación cayeron importantes proyectos para la compañía denunciante. En el real decreto 914 del pasado 14 de octubre, Industria aprobó financiaciones de 788 millones para el consorcio Tess para fabricar el Vehículo de Apoyo sobre Cadenas (VAC) del Ejército y 176 millones para Santa Bárbara con los que renovar los blindados Pizarro. Santa Bárbara Sistemas es además adjudicataria de los encargos del Gobierno para el mantenimiento y refresco de los carros de combate Leopard, espina dorsal del arma acorazada española.

Un año de pulso

En la compañía, con plantas principales en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Trubia (Asturias) se viene argumentando que su Némesis es ejemplo de "cumplimiento estricto de los requisitos demandados por el Ministerio de Defensa" y que la firma es "la única compañía española que dispone ya de las soluciones necesarias, la experiencia y las capacidades inmediatas para desarrollarlas con la máxima celeridad y garantía (...) principalmente en fábricas españolas, con administradores españoles y con mano de obra española".

Esa es la base del recurso contencioso-administrativo. Teniendo en cuenta que tienen preparado el Némesis, en la firma privatizada consideran arbitraria la predilección del Gobierno por Indra. El pasado 13 de marzo, en su primera comparecencia en el congreso, el entonces flamante presidente de Indra Ángel Escribano manifestó su plan de "nacionalizar" Santa Bárbara comprándola, o sea, revertiendo su privatización.

Como no han querido vender sus propietarios norteamericanos -a los que Escribano acusa de haber dilapidado el patrimonio industrial de una empresa otrora señera de la defensa española-, Indra comenzó a plantear competencia directa fundando una división de sistemas terrestres para fabricar sus propios blindados. Y para ello adquirió una vieja instalación industrial asturiana, El Tallerón -en Gijón, no lejos de la planta de Santa Bárbara en Trubia- a la que el pasado 23 de diciembre llegó el primer blindado Dragón 8X8, con la finalidad de ir comenzando allí su montaje en lugar de en las instalaciones actuales de su social y rival.

Este pulso judicial ante el Supremo tiene un marco, un escenario, en el momento extraordinariamente tenso que atraviesan las relaciones entre la administración Trump y la Unión Europea. "Aunque sea propiedad de General Dynamics, Santa Bárbara es una compañía española con gestión española", argumentaba este viernes un ejecutivo próximo a General Dynamics tratando de restarle filo diplomático a este pleito. En Defensa eluden hacer cualquier comentario acerca de este recurso.

Suscríbete para seguir leyendo