El traslado de menores migrantes desde Canarias, lejos de cumplir los plazos previstos por el decreto

Un proceso bloqueado que resulta ineficaz. La vía ordinaria —concebida para reubicar a los menores migrantes no acompañados que se encontraban en Canarias antes de la declaración de la contingencia migratoria— no termina de arrancar, con todas lo que esto implica: la persistencia del hacinamiento en la red de acogida de las islas y el riesgo real de saturación ante la llegada de nuevas embarcaciones a las costas del archipiélago. Desde que se declaró la contingencia el pasado 29 de agosto, solo 86 menores han salido de las islas a través de este mecanismo, diseñado para aliviar la presión sobre la Comunidad Autónoma. El procedimiento avanza a cuentagotas y las cifras resultan insuficientes para el archipiélago, cuya capacidad de acogida —al igual que la de Ceuta y Melilla— ya se encuentra triplicada.

¿Cuántos chicos deben salir de las islas?

El real decreto que contempla esta vía ordinaria establece que, antes del 19 de marzo, el Gobierno debe reubicar a los menores que se encuentran en el archipiélago hasta reducir su número a 2.211 chicos. Según los datos más recientes, Canarias atiende actualmente a más de 4.500 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados: más del doble de lo que contempla la ley. Una sobrecarga que tiene consecuencias directas en el sistema de acogida de las islas y limita las garantías para la protección efectiva de los derechos de los niños.

¿Es posible cumplir con los traslados en el plazo previsto?

A apenas tres meses de que expire el plazo previsto, el objetivo parece estar lejos de alcanzarse. Desde el Ejecutivo autonómico dudan de que la cifra pueda cumplirse: más de 2.000 menores siguen pendientes de derivación. Si bien es cierto que este número podría variar —teniendo en cuenta que muchos de los jóvenes están próximos a alcanzar la mayoría de edad—, resulta poco probable que en tan solo tres meses se ejecuten 2.000 traslados. Más aún si se considera que, desde la entrada en vigor del real decreto hace nueve meses, apenas se ha logrado la salida de poco más de 80 niños. El procedimiento es difícil de agilizar: muchos expedientes aún no están completos y la Fiscalía debe escuchar a los jóvenes antes de autorizar su derivación a otras comunidades autónomas. Todo apunta a que los plazos previstos son difíciles de materializar.

¿Por qué han salido tan pocos menores?

El Gobierno de Canarias atribuye la escasa cifra de salidas a la "complejidad" de los trámites burocráticos y a los numerosos pasos que deben superar los menores antes de ser reubicados. A ello se suma un obstáculo adicional: las comunidades de destino no tienen declarada la emergencia migratoria. Mientras que en el archipiélago esta situación excepcional se activó hace dos años —lo que permite habilitar una vía de urgencia para abrir plazas de acogida sin someterse a los procedimientos administrativos ordinarios—, en los territorios receptores no existe ese marco extraordinario. Esta diferencia dificulta la apertura de plazas con la rapidez que requieren los traslados, ya que no es posible poner en marcha centros de forma inmediata ni dotarlos del material y del personal necesarios mediante contratos de emergencia. Varias regiones de destino —Baleares, la Comunidad Valenciana o Andalucía— han presentado recursos para frenar el cupo de menores que les corresponde acoger, lo que conlleva una mayor ralentización en los viajes.

¿Qué ocurrirá después del 19 de marzo?

La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería se puso en marcha sin un amplio consenso. Todo indica que, pese a los mecanismos implementados para aliviar la presión sobre las islas, el panorama está lejos de mejorar. Fuentes jurídicas aseguran que la única posibilidad de equilibrar la situación de la región es realizar un número significativo de traslados - que podría generar numerosos perjuicios -, sumado a los menores que alcancen la mayoría de edad, junto con la continuidad del descenso de nuevas llegadas por la ruta atlántica, que este año ha experimentado una reducción del 60%. Tras el 19 de marzo, la ley seguirá aplicándose, pero en la práctica, advierten los expertos, no supondrá un cambio sustancial al escenario que ya enfrenta la Comunidad Autónoma.

¿Cuál es la situación actual del archipiélago?

Aunque el número de menores atendidos en Canarias —que llegó a superar los 5.000— ha descendido, la reducción no ha sido tan significativa como se esperaba. El panorama preocupa al Ejecutivo regional, sobre todo por el elevado coste económico que implica su atención, estimado en 190 millones de euros anuales. La cifra podría ser aún mayor si se incluyen los gastos asociados a los ámbitos de Justicia y Educación, que no forman parte de ese presupuesto. El esfuerzo financiero es evidente y en este contexto se ha producido un intercambio de reproches entre los gobiernos regional y central, al que Canarias ha reclamado un mayor respaldo económico. El Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de contar con un apoyo financiero sostenido en los próximos años, de modo que se garantice una financiación estable y suficiente para la atención de la infancia migrante que llega a las islas sin la compañía de un familiar adulto.

¿Qué ocurre con la financiación?

El nuevo real decreto aprobado por el Consejo de Ministros –que autoriza una transferencia de 100 millones de euros destinada a la atención de la infancia migrante alojada en la Comunidad Autónoma– no termina de convencer al Gobierno canario, que ha calificado los fondos de llegar "tarde y mal". En este sentido, el Ejecutivo autonómico ya ha comenzado a analizar el contenido del real decreto y expresa su preocupación porque su vigencia se limite únicamente hasta el 19 de marzo de 2026. Una fecha que coincide, precisamente, con el fin del plazo que tiene el Gobierno para reubicar a todos los menores a través del mecanismo ordinario.

¿Por qué hay jóvenes que no quieren salir de las islas?

La situación se complica al considerar que muchos jóvenes que deben ser trasladados muestran arraigo y no desean abandonar el archipiélago. El interés superior del menor no puede determinarse de manera general, sino que debe contemplar la voluntad de cada joven. Numerosos menores de entre 16 y 18 años han sido derivados a pesar de estar próximos a la mayoría de edad. Esto genera un escenario en el que, al convertirse en adultos y quedar fuera de la red de acogida destinada a menores, muchos regresarán a Canarias, donde cuentan con su red de apoyo.

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