El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia

De sorpresa y con el horizonte de una posible próxima visita del Papa a España. De esta manera han llegado a un acuerdo el Gobierno y la Iglesia en España para cerrar el sistema de reparación y reconocimiento a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. El Ejecutivo se había puesto final de año como fecha límite para tratar de desbloquear esta carpeta, que llevaba desde abril de 2024 sin avances. A modo de ultimátum, ante las resistencias de la Conferencia Episcopal, se amenazó con optar por la vía unilateral para obligar legalmente a la Iglesia a asumir las compensaciones económicas. Ya no será necesario.

El sistema acordado es el de un órgano mixto con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. El Defensor del Pueblo será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación. La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en en el plazo de un año, prorrogable a otro más. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, según trasladan fuentes conocedoras del acuerdo, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

La rúbrica de este acuerdo la plasmaron el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, en el Palacio de Parcent, una de las sedes del Departamento que encabeza el titular de Justicia. Este acto no figuraba en la agenda pública del ministro para la jornada de este jueves.

Precisamente, Bolaños ha citado a las víctimas de abusos en la Iglesias a una reunión este viernes a la que varias acudían, según ha podido saber EL PERIÓDICO, con la idea de que el ministro activaría la vía unilateral ante las dificultades que había para buscar una solución consensuada sobre la reparación económica a las víctimas de pederastia. Una vía que generaba división entre las propias víctimas.

El año nuevo ha traído el acuerdo. Que se produce en un clima de desencuentros entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal evidenciado con Argüello pidiendo "cuestión de confianza, moción de censura o elecciones" al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez acusó al presidente de la CEE de interferencia política y le indicó que “el tiempo en que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia”. Es más, el propio Bolaños, que es el encargado de las relaciones con la Iglesia, le recriminó a Argüello por carta su comentario y deduciendo su interés por un Gobierno de PP y Vox que “no han mostrado el menor interés en las víctimas de abusos”. 

Un acuerdo que llega también en el marco de una posible próxima visita del Santo Padre a España. Precisamente, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y los cardenales José Cobo y Juan José Omella, arzobispos de Madrid y Barcelona, respectivamente, se reunirán el próximo viernes 9 de enero con la Secretaría de Estado del Vaticano para poner sobre la mesa el posible viaje del Papa León XIV a España y cerrar qué ciudades podría visitar.

Órgano mixto

La pretensión del Gobierno en aras de un acuerdo, como explicó Bolaños en su última reunión con las asociaciones de víctimas, pasaba por empujar la creación de un órgano mixto con la Iglesia, como así ha sido. Con la pretensión de darle independencia y dejar como una suerte de árbitro al Defensor del Pueblo. El objetivo es que cuente con las propias víctimas, tenga procesos seguros y respetuosos y pueda decretar compensaciones obligatorias a cargo de la propia Iglesia. Esta última tendría voz, pero no voto en dicho órgano. 

El nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo solicitado por la víctima. Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe.

Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo. Si hay disconformidad, ya sea de la persona solicitante o de la CPRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

Exención de IRPF

Como solicitaba la Iglesia, el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social. Además, se ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la renta. "El sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes", ha destacado la CEE a través de un comunicado, en el que también matizaba que el acuerdo es "una vía temporal" con "una duración de un año" (prorrogable otro año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.

Bolaños, el encargado de las relaciones con la Iglesia, se desplazó al Vaticano el pasado mes de octubre para tratar este asunto con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Lo hizo después de que el Congreso desbloquease la ley para que no prescriba la violencia sexual en los menores.

Este acuerdo desencalla la última carpeta pendiente con la Iglesia, tras haber cerrado otros relativos a las inmatriculaciones de bienes, a la modificación del régimen tributario para eliminar algunas de sus exenciones de impuestos y, más recientemente, la resignificación de Cuelgamuros. Un proyecto, este último, que se tuvo que desbloquear directamente con el Vaticano.

Suscríbete para seguir leyendo