El Madrid-Barcelona por la vivienda: Almeida y Collboni coinciden más de lo esperado, pero chocan por el tope a los alquileres

José Luis Martinez-Almeida y Jaume Collboni han escogido dos palabras antónimas para describir los efectos de la Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno en 2023 y permite topar los precios en zonas tensionadas. "Negativo, muy negativo", ha dicho el alcalde de la capital del Reino, como le ha presentado el presidente de la comisión de Vivienda del Senado en la que ambos regidores han comparecido. "Positiva", ha sido la palabra antagónica escogida por el alcalde de la Ciudad Condal. Hasta ahí sus discrepancias. Después han coincidido en que la solución a la crisis de vivienda está en construir más, en que hay que dar incentivos fiscales a los pequeños propietarios y, sobre todo, en evitar criticarse mutuamente.

Pese a su vena 'colchonera', Martínez-Almeida ha llegado a este Madrid-Barça -así lo vendieron PP y PSOE- dispuesto a criticar duramente a la normativa estatal que impulsó el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Ha dicho que el tope a los precios del alquiler se ha relevado "nefasto" y que "nunca ha sido tan caro y tan difícil acceder a una vivienda", lo que demuestra, a su entender, que "no es ni el sistema ni el modelo" adecuado. Así, ha concluido que no hay ciudad que pueda probar una reducción "consistente" de los alquileres sin que, a la par, se haya reducido la oferta de viviendas.

"No voy a confrontar con el alcalde de Madrid", ha dicho después Collboni, que sin crítica alguna a Martínez-Almeida ha expuesto con datos que los alquileres han bajado en Barcelona un 4,9%, lo que supone 220 euros menos mensuales, y que "no se ha disminuido la oferta de vivienda". Lejos de eso, ha apuntado, "hay 1.551 contratos más que antes de la regulación". Con estos datos sobre la mano, puestos en duda en todo momento por la bancada popular, el alcalde de Barcelona ha defendido que la Ley de Vivienda ofrece una herramienta para "parar la crisis habitacional" y que es necesario regular "para garantizar el derecho [de los ciudadanos] a quedarse" en las ciudades.

La lucha por el ladrillo

Aun así, Collboni ha admitido que el tope a los precios es una "medida paliativa" para ese "mientras tanto" en el que se construyen nuevas viviendas. Aquí sí, ambos regidores han coincidido. Almeida ha reivindicado todos los esfuerzos de Madrid para aumentar la creación de nuevos hogares, asegurando que está en condiciones de otorgar 60.000 licencias para la construcción de viviendas, y que el consistorio está apostando por la permuta de edificios de oficinas en viviendas con alquiler asequible.

Así, ha aseverado que él sí es capaz de mirar a la cara a los ciudadanos y decirles que Madrid va a "ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible" y no venderles las "falsas ilusiones" a las que les tiene acostumbrado el Gobierno. Y, entre reproche y reproche, ha aprovechado para lanzar un mensaje a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para que acelere los trámites relativos a la Operación Campamento, donde está previsto construir 10.000 viviendas.

Su homólogo catalán no ha querido quedarse atrás en cuanto a los planes de Barcelona para ampliar su parque público, llegando ha sostener que las intenciones es que alcance el 15% del total de hogares. Para ello, ha dejado claro que su objetivo es establecer un ritmo de construcción de 1.000 viviendas al año y ampliar el suelo disponible para poder iniciar la construcción de 10.000 viviendas. Además, ha sacado pecho de su decisión de no conceder más licencias a pisos turísticos, lo que supondrá recuperar 10.000 hogares en 2028. "Es la única ciudad del mundo que ha tomado una decisión tan drástica", ha sentenciado, coincidiendo con Almeida en su énfasis de ser únicos. Uno en Europa, el otro en el mundo.

Cuidar a los propietarios

Y, dejando a un lado el ladrillo, también han estado de acuerdo en aplaudir, con mayor o menor entusiasmo, el anuncio de Sánchez de conceder incentivos fiscales a los propietarios que renueven los contratos este 2026 sin subir el precio. "Va en la línea de lo que yo podría haber defendido", ha dicho Almeida, aunque el resto de medidas impulsadas por el Ejecutivo las ha calificado de "ocurrencias legislativas". Collboni, por su parte, ha asegurado estar "a favor de que se pueda dar incentivos fiscales a los pequeños propietarios".

Ambos han apostado por ofrecer toda la seguridad jurídica posible a los propietarios para que destinen sus pisos al mercado del alquilar. Más allá de la consabida discrepancia en torno a señalar, o no, a la okupación del miedo que sienten los caseros al poner sus pisos en alquiler, el consenso ha desaparecido nuevamente con la normativa estatal. Para Martínez-Almeida es un "fracaso" que descarga las "consecuencias negativas" sobre los propietarios, para Collboni "cambia las reglas del juego inmobiliario" a favor de los ciudadanos.

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