Montoro reclama el archivo de la causa porque el juez la prorrogó seis meses sin escucharle

La defensa de Cristóbal Montoro, investigado por tráfico de influencias en relación con la actividad del despacho que fundó en 2006, Equipo Económico, reclama a la Audiencia Provincial de Tarragona que anule la decisión que adoptó la pasada semana el juez Rubén Rus de prorrogar seis meses más esta instrucción penal. Argumenta que se concedió un plazo de cinco días a las partes para formular alegaciones contra la petición que realizó la Fiscalía Anticorrupción, que vencía el pasado 29 de enero, pero el juez acordó la medida tres días antes de dicha fecha.

"De hecho, esta representación presentó su escrito de alegaciones el mismo día 28 de enero de 2026, esto es, dos días después de que el Tribunal acordase la prórroga de la instrucción, obviamente, sin haber tomado en consideración nuestras alegaciones ni las de las demás partes", agrega el escrito que firma el abogado Javier Gómez Ferrer, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

"No nos encontramos, por tanto, ante una mera irregularidad formal, sino ante una vulneración manifiesta del derecho de audiencia, que constituye uno de los pilares esenciales del proceso penal y del estatuto de garantías del investigado", afirma el letrado, que agrega que "debe rechazarse de plano cualquier interpretación que pretenda reducir la infracción cometida a una mera irregularidad formal carente de trascendencia".

A juicio de esta parte, la omisión del trámite de audiencia "ha generado una auténtica indefensión material que no puede subsanarse mediante el ejercicio de recursos ordinario". Por ello, reclama el archivo "de un procedimento que viene prorrogándose sistemáticamente desde el año 2018, habiendo permanecido siete años bajo secreto", una "situación sin precedentes en la historia judicial española".

El escrito, que se extiende a lo largo de 14 páginas, incide en la "innecesariedad de acordar la prórroga de la instrucción ante la absoluta falta de indicios racionales" contra Montoro y el resto de investigados. También alega falta de motivación en la decisión de ampliar las pesquisas .

Otros recursos

Por su parte, la representación legal del bufete fundado por el exministro y el resto de investigados también han recurrido la decisión del juez del Tribunal de Instancia de Tarragona de prorrogar la instrucción y ha calificado su decisión de "arbitraria" pues consideran que la causa lleva medio año "paralizada": "La realidad es que la instrucción ha estado completamente inmóvil, al menos, los últimos seis meses, pues nada se ha resuelto ni tampoco nada se ha tramitado ante los órganos superiores", han lamentado en un recurso al que ha tenido acceso esta redacción.

El juez Rubén Rus Vela, que investiga el caso Montoro por presunto tráfico de influencias y otros delitos, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para prorrogar la instrucción para poder practicar diversas diligencias, entre las que figuran que se requiera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el propio Cristóbal Montoro, y sus cónyuges.

El magistrado libra los mandamientos necesarios para recopilar esta información, que también afecta a excargos de Hacienda y a personas vinculadas al despacho fundado por el exdirigente del partido Popular, antes denominado Equipo Económico: Salvador Ruiz Gallud, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz y Ricardo Montoro, hermano del extitular de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy.

La impugnación de Equipo Económico, suscrita por el exmagistrado y ahora abogado José Antonio Choclán, considera "paradójico que la resolución recurrida fundamente la prórroga de la instrucción en la necesidad de esperar a que todas las partes queden perfectamente instruidas del contenido de las actuaciones, hasta hace seis meses secretas, y que a las primeras de cambio se las ignore a la hora de decidir sobre la prórroga".

Ni una sola petición

El recurso se centra en que el juez justifica la "inactividad instructora" que critican "en la existencia de 'numerosos investigados' y de 'una decena de acusaciones populares'", para que estén "perfectamente instruidas" del contenido de las actuaciones, así como en las "decenas" de escritos presentados, "lo que ha provocado una gran dificultad para la diligenciación de los mismos". La defensa considera que esos argumentos casan mal con que "no haya resuelto una sola petición ni se ha tramitado un solo recurso, ni tan siquiera los de apelación".

"La realidad es que [...] ni la declinatoria de competencia ni la unificación de las acusaciones populares -peticiones planteada por la Fiscalía Anticorrupción- se han resuelto, y no se ha elevado a la Sala ni una sola de las apelaciones, pese a lo sencillo del trámite. No hay justificación alguna a esa demora. No sirve decir que los investigados necesitaban tiempo para instruirse de las actuaciones, porque pese a ello se les ha dado traslado para alegar sobre la competencia, la unificación de las acusaciones populares, etc. De hecho, si las numerosas acusaciones populares suponen un problema de demora, nada mejor que resolver el recurso interpuesto por el ministerio fiscal hace siete meses para solucionarlo", explica el escrito.

El documento cita un par de sentencias, una de la Audiencia Nacional, órgano judicial que sufre dilaciones indebidas atávicas, y otra del Supremo para señalar que no hay nombre previsto para la inactividad del juzgado, "irregularidad que convierte la resolución en arbitraria, en tanto se construye sobre una base ficticia o inexistente, y priva a las partes de la posibilidad real de contradecir la fundamentación empleada", añade la impugnación.

"Corta y pega"

Por su parte, los imputados Ricardo Lorenzo Martínez Rico y Francisco de Así Piedras también ha recurrido la prórroga de la instrucción dictada el pasado 26 de enero. En su impugnación argumentan la falta de motivación de la resolución, que tildan de mero “corta y pega” de los autos anteriores. Su abogado, Daniel Campos, subraya que alegar que todavía se tiene que proceder a la declaración de los investigados “resulta manifiestamente inconsistente”, en la medida en que “dicha actuación procesal depende exclusivamente del órgano judicial”. Para el letrado es “inaceptable” que el plazo máximo de instrucción pueda prorrogarse de “manera indefinida” por la falta de señalamiento de esa “diligencia esencial”.

En el recurso se critica la manifestación del juez relativa a que no se han fijado las declaraciones ni se han resuelto las peticiones de las partes a la espera de que las partes en el proceso “se den plenamente por instruidas”. “De este modo, se nos pretende presentar como garantismo lo que no es sino falta de diligencia. Precisa, además, que “resulta llamativo que esta especial preocupación no se haya manifestado con igual intensidad en otras decisiones adoptadas en el curso de la instrucción que si afectan de manera directa y profunda al derecho de defensa, como ha sido la prolongación del secreto de las actuaciones durante un periodo extraordinariamente dilatado de siete años”, un hecho que “ha derivado en la construcción de una verdad de artificio”.

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