Hacienda traslada al juez del caso Koldo irregularidades en los contratos de Adif y Carreteras con incrementos de precio y juicios de valor

La Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha presentado un informe al juez de la Audiencia Nacional que investiga adjudicaciones sospechosas realizadas por la trama Koldo en la pieza que salpica al que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán que concluye en la existencia de irregularidades. Se analizan un total de once contratos sospechosos adjudicados tanto por Adif como por la Dirección General de Carreteras en tiempos de José Luis Ábalos como ministro, si bien algunas de ellas sufrieron modificaciones posteriores que llegaron hasta 2024.

Así, el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que tiene fecha del pasado 2 de marzo, apunta a tres contratos adjudicados a Acciona Construcción, S.A., bien en UTE con Ferrovial Agroman, S.A. o individualmente, en los que se dan "una serie de notas comunes". Dos de ellos se refieren a contratos para la red ferroviaria murciana y el otro en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

"En estos tres contratos los criterios determinantes de la adjudicación han sido los de juicios de valor y en dos de ellos, salvo para un licitador, no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio de juicios de valor se pudiera revertir con la puntuación obtenida por los criterios basados en fórmulas (precio)", afirma el informe.

Añade que, en estos mismos contratos, son las empresas las que determinan la iniciación de la ejecución de los trabajos, "es decir, todavía no ha comenzado la ejecución de la obra, pone de manifiesto una serie de defectos que determinan, entre otros extremos, que se tenga que tramitar una modificación del proyecto". También en los tres casos señalados esta modificación supone un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% y la modificación incumple la normativa sobre modificaciones prevista por la ley.

Contratos sospechosos

Se trata del proyecto de construcción de soterramiento de la red ferroviaria de la Ciudad de Murcia (estación de Barriomar y Nonduermas). El presupuesto de ejecución material ascendió a 208.591.883 euros, de los que corresponden al proyecto de Nonduermas 66.650.173 euros y al de Barriomar 141.941.709 euros. El importe de licitación fue de 239.880.666 euros (los gastos generales son de un 9%, en lugar del 13% habitual, y el beneficio industrial es del 6%), según detalla el informe.

El segundo contrato al que se ponen pegas es el cubrimiento de las vías del ferrocarril a su paso por Sant Feliu de Llobregat, que se publicó el 22 de abril de 2019, con el presupuesto de licitación de 68.802.690 euros. Se le adjudicó a Acciona, cuya oferta ascendía a 51.760.263. En este caso, el informe detalla que criterios de adjudicación tienen la misma ponderación que en el contrato de Murcia: 60 puntos para los criterios basados en fórmula y 40 a los basados en juicios de valor.

En 15 de julio de 2022 se aprobó la primera modificación del contrato, con un incremento del precio del contrato (IVA excluido) de 10.266.156 euros, por lo que el precio del mismo quedó fijado en 62.026.420 euros. Hacienda explica que "el importe del modificado ascendió a 11.467.528 euros, lo que supone un 19,83%", que roza el limite del 20%, que de superarse hace necesario un dictamen del Consejo de Estado y "sería causa de resolución del contrato".

La modificación del contrato se justificó en que "las cifras definitivas en términos de ejecución material fueron de 3.643.558, que representan un 6,31%, para el supuesto de añadir nuevas obras a los inicialmente contratados, 4.396.135 que representan un 7,60% debido a causas sobrevenidas y 3.427834, que representan un 5,93%, que corresponden a modificaciones no sustanciales".

El tercer contrato investigado en el caso Koldo tuvo por objeto la ejecución de las obras descritas en el proyecto constructivo denominado "Proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Pulpí-Vera". El presupuesto de licitación de este contrato fue de 170.988.620 euros.

Carreteras

En cuanto a las obras bajo la lupa de la justicia adjudicadas por la Dirección General de Carreteras, Hacienda cuestiona que la fórmula empleada por este departamento para entregar los contratos "permite incrementar notablemente las diferencias puntuación de los criterios basados en juicios de valor haciendo muy difícil que el que ha obtenido la mejor puntuación en juicios de valor no sea el adjudicatario".

Para la Intervención General, "no se alcanza a ver que justificación tiene la aplicación de la indicada fórmula, que permite que diferencias pequeñas, que siempre son más fáciles de justificar por el valorador, se transformen en diferencias elevadas".

De los seis contratos de Carreteras examinados por Hacienda, dos se adjudicaron a Acciona Construcción en UTE con otras empresas, y en estos dos contratos se han producido modificaciones que han supuesto un incremento de presupuesto cercano al 20% (19,98% y, al menos, 19,02%). Esto mismo ocurre con los tres contratos antes señalados adjudicados por Adif o Adif Alta Velocidad, aunque en los de Carreteras "cuando se puso de manifiesto la necesidad de la modificación las obras estaban en ejecución", concreta el informe ya sobre la mesa del juez.

Los contratos son los siguientes: Autovía Linares-Albacete (el presupuesto de licitación fue de 85.410.199 (IVA excluido), 99.075831 euros con IVA al 16%); adaptación de la segunda calzada de la autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (el presupuesto de licitación ascendió a 7.580.649 euros); autovía A-68 Arrúbal-Navarrete en La Rioja (licitación de 123.420.106 euros); autovía A-12 del Camino de Santiago, tramo Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río (licitación fue de 80.725.399 euros); construcción de tirantes del puente Centenario en autovía de Sevilla (licitación de 88.066.903,43 euros) y diversas obras en las carreteras del Sector TE-02 en la provincia de Teruel (siendo el presupuesto de licitación de 8.154.633 euros).

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