Julio Iglesias demanda a la fiscalía por no facilitarle la denuncia en su contra por abuso sexual y se verán en el juzgado este viernes

La representación de Julio Iglesias, que ejerce el abogado José Antonio Choclán, y la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional deberán comparecer este viernes en la Sala de vistas número 3 del Tribunal Central de Instancia Sección de lo Contencioso-Administrativo en relación con la demanda que el artista interpuso contra el ministerio público por negarse a facilitarle una copia de las diligencias que abrió tras recibir la denuncia presentada en su contra por supuesta agresión sexual, investigación que terminó siendo archivada.

La citación judicial obedece al trámite previsto en el artículo 117 de la ley reguladora de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, que prevé que "recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, el secretario judicial, dentro del siguiente día, dictará decreto mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisión, dará cuenta al tribunal quien, en su caso, comunicará a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisión del procedimiento". El precepto concreto citado en la diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, añade que "en el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento, el secretario judicial convocará a las partes y al ministerio fiscal a una comparecencia, que habrá de tener lugar antes de transcurrir cinco días, en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en este capítulo".

En su demanda para lograr el amparo judicial que considera que se le ha vulnerado, Iglesias se dirigía contra la resolución de la Fiscalía de la Audiencia Nacional del pasado mes de febrero que "ha denegado definitivamente el debido acceso por el denunciado a las diligencias de investigación preprocesal", lo que entendía que le generaba indefensión. El cantante sostiene que "las diligencias de carácter preprocesal" que le fueron denegadas "no tienen carácter reservado frente al denunciado, y únicamente lo tienen las actuaciones judiciales que sean o hayan sido declaradas secretas de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales, sin que las diligencias de la fiscalía" lo puedan ser.

Juicio paralelo

En la demanda, que se suma a la que interpuso contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por haberle tachado de abusador sexual, el artista explica que a partir del pasado 13 de enero, "en connivencia con la organización denunciante Women’s Link Worldwide, las circunstancias de hecho que se contenían en la denuncia fueron difundidas, de forma tal que permitían la plena identificación de las denunciantes. Incluso, de ser cierto lo publicado, habrían concedido entrevistas a estos medios, difundiendo los hechos que, siendo falsos, [le] causaban un grave daño reputacional [...] en el plano nacional e internacional, lo que se buscaba de propósito por determinados medios de comunicación que, en lugar, de esperar al resultado de la investigación, manteniendo el anonimato de las supuestas víctimas y la confidencia sobre la denuncia, decidieron orquestar una campaña mediática" en su contra.

Ello, "al mismo tiempo que se aprovechaban de negativa de las autoridades, en este caso la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a que pudiera actuar normalizadamente en el seno del proceso, con grave indefensión", lo que habría supuesto al cantante "un juicio paralelo, impulsado por las mismas denunciantes que solicitaban de la fiscalía, al mismo tiempo, la protección de su intimidad, una vez que habían asegurado el esperado debate público difamatorio".

La demanda aseguraba desconocer "los fundamentos y la motivación específica que llevaron a la fiscalía a la adopción de medidas de protección y la atribución de la condición de testigos protegidos, según resulta del decreto de archivo, y, particularmente, el 'proceso de evaluación y resolución provisionales que deberán realizar y adoptar el fiscal, en sus diligencias de investigación', según dicta la resolución motivada que refleje cuáles son las circunstancias que han sido valoradas para su adopción y que llevaron a recibirles declaración por videoconferencia, sin concurso del denunciado".

Argumenta que, además de "la primera lesión del derecho fundamental a la defensa y a la tutela judicial efectiva" que sufre por no permitírsele acceder a las diligencias de la fiscalía, se suma que tampoco pudo hacerlo de la propia denuncia que se presentó en su contra, lo que le "impide conocer el relato de hechos" que considera "carece de veracidad, en función de la información indirecta que se ha publicado en los medios de comunicación".

Y ello, sostiene, le impide ejercer su derecho "a presentar una acción penal por delito de denuncia falsa, o por la simulación del delito", ya que para hacerlo "debe poder tener acceso directo a la denuncia presentada contra él para determinar el alcance de la denuncia y, en su caso, solicitar la tutela judicial efectiva que en su caso corresponda ante los órganos de la jurisdicción penal, previo conocimiento oficial de la denuncia contra él formulada".

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