El Gobierno evita fijar un plazo para los Presupuestos y apunta a la “cesta de la compra” para activar más medidas anticrisis

El Gobierno ha pasado de pedir “unas semanas” de margen para presentar los Presupuestos, comprometidos para antes de que acabase este mes de marzo, a dejarlos en el aire evitando hasta fijar una fecha tope. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha justificado que la actual situación económica provocada por la guerra obliga a reajustar el borrador que dejó cerrado antes de salir del Consejo de Ministros la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por ello, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha insistido en que "no se trata tanto de plazos, sino de hacerlos como corresponde" para “acompañar la situación macroeconómica”. Saiz ha insistido en que el Ejecutivo cumplirá su palabra y los presentará, algo que no ha sucedido en lo que va de legislatura, pero sin aclarar a preguntas de la prensa si serán los de 2026 o los de 2027.

En Hacienda siempre se ha situado el mes de junio como tope para la aprobación definitiva de las cuentas públicas del año en vigor. Un plazo que se complica al no tener ahora ni siquiera fecha límite para su presentación y descontando las dificultades para una larga tramitación parlamentaria. Por tanto, con la indefinición respecto a los tiempos, el Ejecutivo activa indirectamente la cuenta atrás para centrarse en los de 2027 y dejar en el cajón los actuales. Para allanar este terreno, la también ministra de Seguridad Social ha puesto en valor que con los actuales presupuestos prorrogados se pueden desplegar medidas como las del plan anticrisis.

En el Ejecutivo presionan para que todas las comunidades autónomas aprueben sus propios paquetes anticrisis para acompañar las medidas del Ejecutivo y “sumen esfuerzos”. Con todo, insisten en su intención de seguir profundizando en nuevas medidas después de aprobar un primer decreto si escala la inflación. Esto es, para que las consecuencias de la guerra no se trasladen “al bolsillo de los ciudadanos” o a los sectores que puedan estar más expuestos.

La portavoz del Gobierno ha apuntado a sectores que puedan estar afectados directa o indirectamente "más adelante, suponiendo una subida de la cesta de la compra”. Precisamente, el lehendakari Imanol Pradales reclamó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su reunión el pasado viernes en Moncloa, que de cara a los próximos decretos se reduzca el IVA del pescado y la carne del 10% al 4%.

El primer paquete de medidas se ha concentrado muy especialmente en la aplicación de rebajas fiscales en combustibles, luz y gas y en el despliegue de ayudas especiales para los sectores más afectados, como transporte, agricultura, ganadería y pesca. Ahora, el Gobierno está monitorizando también la evolución de los precios de otros productos, especialmente los de los alimentos.

“El peligro de esta subida de costes energéticos es que acabe repercutiendo en el resto de la cesta de la compra”, apuntaba este lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Si bien de momento no se ha visto necesario actuar sobre los precios de los alimentos, en el Gobierno reconocen que puede ser uno de los ámbitos en los que podrían abordarse más adelante ampliar el paquete de medidas ‘anticrisis’, con el objetivo de seguir apoyando a hogares y a empresas de los sectores más afectados en función de la evolución del impacto económico de la guerra.

Revisión a la baja del PIB

Las medidas del plan anticrisis también se están monitorizando para calibrar su efecto en el PIB. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se adelantaron rebajando en sus informes las previsiones de crecimiento de España por la guerra, moderándola en dos y una décima, respectivamente, conforme a sus anteriores pronósticos. El Banco de España, por su parte, apunta a una mayor resistencia por el paquete anticrisis.

Otro de los elementos disruptores sobre le proyecto previsto es la posibilidad de plantearse una relajación de las reglas fiscales en Bruselas, lo que cambiaría el margen para las cuentas públicas obligando a reajustar los Presupuestos. En el Ejecutivo señalan que por el momento los Veintisiete no lo plantean, pero abren la puerta a que pueda empujarse este debate si se extienden en el tiempo los efectos económicos del conflicto. Tras la invasión rusa de Ucrania también se activaron además ayudas de Estado.

Suscríbete para seguir leyendo