La jueza envía a la Policía al Ayuntamiento de Alicante para que le entregue documentación sobre las adjudicaciones de Les Naus

Ultimátum de la jueza que investiga el escándalo de Les Naus al Ayuntamiento de Alicante. La magistrada Amparo Rubio ha acordado enviar a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los servicios jurídicos municipales con un cometido muy claro: identificar a su responsable y darle un plazo de cinco días para que entregue la documentación que desde el juzgado se le está requiriendo sobre el expediente. En caso de no hacerlo, podría incurrir en un delito de desobediencia.

Según la resolución a la que ha tenido acceso este diario, el juzgado ya había reclamado esta documentación al Ayuntamiento hasta en dos ocasiones. Acabado el plazo que se le dio para hacerlo, no hay constancia de que esos documentos hayan sido entregados, motivo por el que el juzgado ha pasado a emplear medios más expeditivos.

No es la primera reclamación que se extravía en el Ayuntamiento de Alicante. El juzgado ya tuvo que suspender una declaración a tres técnicos municipales el pasado 8 de mayo, después de que estos testigos no se presentaran. Los funcionarios alegaron que esas citaciones no les llegaron, motivo por el que la magistrada recurrió a la Policía para entregarles las citaciones en mano. El pasado 20 de mayo finalmente se llevó a cabo el interrogatorio.

Asimismo, la magistrada ha reclamado al responsable de la cooperativa que gestionó el proyecto, Francisco Ordiñana, la documentación que disponga sobre el mismo anterior a la fecha en que este salió publicado por el Ayuntamiento, así como un listado del personal que tenían para la captación de socios entre 2021 y 2025.

El juzgado ha acordado también citar a la última remesa de testigos solicitada por los fiscales Anticorrupción Pablo Romero y Fran Marco. Estos testigos son los responsables de las mercantiles Livanto Mediterránea SL, Edificio Teulada SL, Inurban SAU y Quatre Carreres Plaza, Cooperativa Valenciana, que optaron en un primer momento a hacerse con la parcela. Asi como los representantes de Block Arquitectura que, aunque no se presentó al proceso, recurrió junto a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia (Provia) las bases del concurso. El presidente de Provia, Jesualdo Ros, ha sido también citado como testigo para declarar sobre este recurso.

La jueza ha citado también de nuevo a dos altos funcionarios del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda donde está destinado el funcionario imputado tras detectar el departamento de Susana Camarero que había visado de manera presuntamente irregular adjudicaciones de Les Naus, entre ellas la de su pareja, arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante. Los dos empleados públicos fueron dos de los primeros en declarar en este procedimiento, pero la Fiscalía consideraba que sería conveniente escucharles de nuevo. Uno de ellos dijo ante la jueza que el funcionario investigado, Roberto Palencia, habría admitido los hechos que le atribuye Vivienda con la expresiva frase de “la he cagado” y que asumía toda su responsabilidad. Sin embargo, cuando Palencia compareció ante la magistrada no solo no admitió fallo alguno, sino que cuestionó las anomalías a los que alude en su informe la Administración autonómica.

Por último, la jueza ha admitido la personación del sindicato CGT para ejercer la acción popular en esta causa, junto al PSOE y Ciudadanos. Les impone el mismo requisito que a ellos, el pago de una fianza de 3.000 euros y que presenten una querella. Al sindicato ultra Manos Limpias se les impusieron estos requisitos, pero recurrieron a la Audiencia solicitando una fianza menor, motivo por el que aún ni ha sido aceptados.

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