Tribunales
Las acusaciones populares piden al juez que llame como testigo a García Ortiz y a los fiscales que se reunieron con Leire Díez
Aducen que la testifical del exfiscal general del Estado es "imprescindible" para "verificar la coherencia entre la versión institucional"

El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. / EP
EP
Las acusaciones populares del 'caso Leire Díez' han solicitado al juez de la Audiencia Nacional que lo instruye, Santiago Pedraz, que declare como testigo el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, así como los ex altos cargos de su mandato Diego Villafañe y Beatriz López, quienes mantuvieron una reunión con la exmilitante socialista.
Así lo han solicitado las acusaciones populares lideradas por el PP en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que aducen que la testifical de García Ortiz es "imprescindible" para "verificar la coherencia entre la versión institucional" que trasladó la Fiscalía General del Estado "y el conocimiento efectivamente existente en la cúpula" de la institución. Y añaden que su declaración tiene como fin esclarecer "si tuvo conocimiento" del contenido de las reuniones, el momento "en que dicho conocimiento se produjo y la vía por la que se trasladó", y las "instrucciones, valoraciones o directrices" que hubiera "podido impartir". Además, las acusaciones interesan saber "las razones por las que no se promovió actuación procesal alguna" y el "criterio seguido para que tales contactos no quedaran reflejados en registro formal alguno de la institución".
Cabe recordar que, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, tanto Villafañe como López mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y una mujer presentada como una compañera de su despacho, en referencia a Leire Díez. El letrado, el exdirigente socialista y la exmilitante están imputados en este caso, que indaga en presuntas maniobras para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno.
No obstante, las fuentes fiscales no precisaron el lugar en el que tuvieron lugar las reuniones y negaron que Villafañe y López recibieran "instrucción alguna" de García Ortiz. Ahora, las acusaciones populares aducen que "la información facilitada se limita a una descripción genérica de dichas reuniones, sin detallar con precisión el contenido concreto de las manifestaciones realizadas, la eventual aportación de documentación o datos verificables, el grado de credibilidad asignado en ese momento a lo expuesto, ni las razones por las que no se promovió actuación ulterior alguna".
Piden que testifique el jefe de Seguridad
"En este contexto, la declaración testifical de Villafañe --entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica-- se revela imprescindible para aclarar el contenido material de la información trasladada, su eventual relevancia penal y la secuencia de decisiones adoptadas, así como para despejar cualquier duda sobre el alcance efectivo de tales contactos", señalan.
Respecto a López, que era fiscal adscrita a la Secretaría Técnica, las acusaciones razonan que su testifical "resulta necesaria por razones de contradicción y corroboración, al tratarse de una testigo directa de los hechos, pudiendo confirmar o matizar el contenido de lo expuesto por el letrado compareciente, precisar la intervención de las personas asistentes".
También solicitan que testifique el jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía General del Estado "a fin de determinar qué sistemas de control de acceso existían en el periodo investigado" y de otra fiscal que se encargó de la tramitación de escritos presentados por el exasesor ministerial Koldo García.
Esta petición se enmarca en la investigación que está llevando a cabo el juez Pedraz sobre la existencia de una presunta trama que habría liderado Santos Cerdán y coordinado Leire Díez para, supuestamente, obstaculizar causas judiciales. La sucesora de García Ortiz como fiscal general, Teresa Peramato, nombró a Villafañe fiscal ante el Tribunal Supremo y a López, en la Audiencia Nacional.
Fuente: El Periódico
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