Al Congreso
El juez pide el suplicatorio para Félix Alonso, diputado de Sumar, por prevaricación
La investigación se centra en la contratación del Ayuntamiento de Altafulla con dos empresas entre 2011 y 2019, sin sujetarse a la normativa debida
El diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné. / Gabriel Luengas - Europa Press
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El magistrado Vicente Magro ha propuesto al Tribunal Supremo que pida el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado de Sumar En Comú Podem Félix Alonso, por un posible delito de prevaricación por supuestas adjudicaciones indebidas cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona).
Los hechos se enmarcan en la contratación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Altafulla, del que era alcalde Alonso Cantorné, con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP entre 2011 a 2019, con las que habría mantenido distintas relaciones sin sujetarse a la normativa debida.
En su resolución, Magro destaca que se produjo un uso indebido de la figura del contrato menor para satisfacer necesidades recurrentes de la corporación contrario a la normativa de contratación pública.
Añade que en las actuaciones existió "una absoluta falta de procedimiento, de presupuesto, y se hace un uso indebido de la prórroga y del contrato menor con la voluntad del investigado de introducir empresas con vinculación política y por tanto usando la fórmula del contrato menor sea eludido la aplicación de la legislación estatal en materia de contratación administrativa".
Dice el magistrado que "existen elementos bastantes" para considerar provisionalmente a Alonso como posible responsable de un delito de prevaricación, por tanto ha llegado un momento en el que "la constancia de indicios cualificados" hace "imprescindible para avanzar en el camino procesal" dirigir suplicatorio al Congreso.
El pasado 15 de junio, Alonso Cantorné declaró ante el magistrado que las contrataciones que efectuó durante su mandato como alcalde de Altafulla (Tarragona) "respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica" y no a "consideraciones de naturaleza política o partidista", según fuentes de la defensa.
Ante el Supremo, Alonso argumentó que existen informes técnicos "contradictorios" que, por un lado, avalan la forma de contratación empleada en estos años y por otro lado "plantean reservas" sobre la conveniencia de recurrir a mecanismos de concurrencia pública.
Fuente: El Periódico
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