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EL PLAZO PARA SOLICITARLAS COMENZÓ AYER

362 familias recibieron ayudas en 2017 para suministros de mínimos vitales

Este año, Badajoz recibe 107.000 euros más del Gobierno regional, hasta alcanzar los 337.500. El ayuntamiento tuvo que devolver 43.000 euros a la Junta de subvenciones que no se agotaron

 

Un total de 362 familias de Badajoz percibieron en el 2017 ayudas para poder pagar el suministro de mínimos vitales, que hacen referencia a los gastos de energía eléctrica y gas natural, el agua potable, el alta y la reconexión por el corte de suministros por impago para volver a darse de alta, así como las facturas de gas butano. Estas ayudas las sufraga la Junta de Extremadura pero es el ayuntamiento el que las gestiona. En el 2017 recibió para este concepto 230.625 euros, de los que al acabar el año tuvo que devolver (con intereses) a la administración regional 43.000 euros de los sobrantes de las subvenciones concedidas a familias que no llegaron a agotar el tope máximo que les correspondía en función del número de miembros.

La concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, compareció ayer para informar de la nueva convocatoria de estas ayudas, que se pueden solicitar desde ayer, tal como informó este diario, pues la resolución se publicó el día anterior en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El plazo permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre.

Con el nuevo decreto de la Junta, Badajoz percibe 107.000 euros más que el año pasado, pues se contempla a las ciudades mayores de 100.000 habitantes y Badajoz es la única de la región. Se daba la circunstancia de que en anteriores convocatorias Badajoz percibía la misma cantidad que Cáceres, a pesar de tener una población muy superior. En total, la partida para poder ayudar a estas familias es de 337.500 euros para el 2018.

El 2017 fue el primer año en el que Ayuntamiento de Badajoz gestionó esta línea de subvenciones que, según señaló la concejala, «es bastante complicada». En el 2016 no se concedieron en Badajoz, lo que fue muy criticado por parte de la oposición, a pesar de que le correspondieron 250.000 euros. El motivo que alegó el equipo de gobierno no llegó la resolución de la Junta en su tiempo y la intervención no generaba crédito.

Las solicitudes se pueden recoger en el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), en la calle San Lorenzo y una vez cumplimentadas con los documentos que tienen que aportar, los aspirantes deben pedir número para entregarlas. El año pasado hubo 509 solicitudes, de las que 147 no fueron admitidas «porque no reunían los requisitos».

Entre las novedades que se incorporan en el decreto, se ha incrementado en 50 euros la ayuda máxima que corresponde a cada unidad familiar en función del número de miembros (650, 750 y 850 euros). De lunes a viernes, habrá sesiones informativas a las 11.00 y a las 13.00 horas en el instituto municipal para quienes consideren que pueden acogerse a estas ayudas, antes de presentar la solicitud, para evitar gestiones innecesarias. El IMSS ha tenido que contratar un auxiliar administrativo para poder afrontar los trámites que requiere esta tarea. En este sentido, Gómez de la Peña apuntó que en la anterior convocatoria, el ayuntamiento movió 40.000 folios y la gestión le supuso un coste de en torno a 100.000 euros, entre horas extras y la aplicación informática, que ahora tienen que modificar además para adaptarla a los cambios del decreto.

La concejala recordó que los que puedan ser beneficiarios del bono social como vulnerables severos a efectos de la energía eléctrica deberán solicitarlo primero, pues el 50% lo paga la compañía suministradora.

Todos los que en la actualidad tengan facturas pendientes de pago las pueden aportar y cuando se les conceda la ayuda las entregarán. El pago se hará directamente a las compañías desde Servicios Sociales. Solo se abonarán a los beneficiarios directamente las bombonas de butano. La documentación que tienen que presentar así como toda la información está colgada en la web del ayuntamiento.

El año pasado, la forma de proceder del ayuntamiento fue conceder a todas las familias la ayuda máxima que les correspondía por número de miembros, porque se pensaba que las agotarían. Funcionaba como un crédito del que cada mes se detraía la cantidad de las facturas que presentaban. Algunas lo consumieron pero otras no, de ahí el sobrante mencionado. Por eso este año, para las familias que ya figuren en la base de datos, la resolución de la concesión se hará por el importe consumido para que no vuelva a sobrar. Según la concejala, cuando había beneficiarios que renunciaban voluntariamente porque su situación mejoraba, se rescataba la ayuda concedida y se incorporaban nuevos expedientes. Gómez de la Peña calcula que este año podrán llegar a más familias, aunque no se puede prever cuántas.

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