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ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA PROVINCIAL SOBRE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Abren diligencias penales por una muerte por covid en una residencia

El fiscal investiga por presunto delito de homicidio imprudente la denuncia del familiar de un fallecido. Incoa otras de carácter procesal civil a centros de Badajoz, Berlanga, Villanueva, Olivenza y Zafra

 

Audiencia y sede de la Fiscalía de Badajoz. - SANTI GARCÍA

Fernando León Rejas
25/11/2020

La Fiscalía Provincial de Badajoz ha incoado diligencias procesales civiles en la relación a la gestión de la pandemia de coronavirus en varias residencias de mayores de Badajoz y de varias poblaciones como Berlanga, Villanueva de la Serena, Olivenza y Zafra, así como una investigación penal en un centro pacense, por presunto homicidio imprudente, según el fiscal Jefe, Juan Calixto Galán.

En el caso de las diligencias penales número 144/20, estas se encuentran judicializadas en un juzgado de instrucción, a raíz de que se abrieran por la Fiscalía a partir de la denuncia por un presunto delito de homicidio imprudente, formulada a título particular por un familiar de un residente fallecido por covid-19.

Las mismas se abrieron con fecha del 29 de junio pasado y se remitieron al Juzgado Decano de Badajoz, que las derivó a un juzgado para que se realicen los trámites procesales correspondientes, que ya están en marcha.

La Fiscalía no ha dado los nombres de las residencias investigadas, ni penal ni civilmente, «para no estigmatizarlas», según manifestaron las citadas fuentes.

INFORME GENERAL / El Ministerio Público ha realizado un informe, como se ha hecho en otras provincias, a petición de la Fiscalía General para conocer la situación de las residencias de mayores, por el elevado número de muertes por la pandemia que se han registrado en estos centros en todo el país, y en algunos de la provincia.

En Badajoz ciudad hay cinco residencias de mayores, de las cuales tres se encuentran inmersas en dichos procedimientos aún en tramitación. Se incoaron el 13 de octubre las diligencias número 31/20; el 17 de noviembre las 40/20 y las 41/20 el día siguiente.

También se han iniciado otras en la localidad de Berlanga, con el número 27/20, el día 21 de septiembre pasado; y en Olivenza, las 21/20, el día 13 de octubre pasado.

POSIBLE CAMBIO A PENAL / En estos centros, a los que se ha solicitado información y sus protocolos anticovid, las diligencias tienen carácter procesal civil, si bien, «en el caso de que en alguno de ellos la Fiscalía apreciara indicios de imprudencia o de responsabilidad, se abrirían diligencias penales, aunque, por el momento, no es el caso», salvo la antes mencionada de Badajoz.

Además, La Sección Territorial de la Fiscalía de Villanueva de la Serena también inició diligencia procesales civiles en dos casos, las número 2/20 y 3/20, incoadas con fecha del pasado día 20 de noviembre, haciendo además «un seguimiento de todas las residencias de la zona desde que empezó el estado de alarma», señala el citado informe.

Igualmente, la Sección Territorial de Zafra, que «durante la primera ola no abrió ni diligencias de investigación penal ni procesales civiles», en esta segunda ola «se han remitido oficios solicitando información a varias residencias, encontrándose pendientes de apertura en trámite de Fiscalía».

Así mismo, ayer se incoaron otras diligencias procesales civiles, las número 2/20 de la sección territorial de Zafra, a otro centro.

DENUNCIAS ARCHIVADAS / Por otro lado, la Fiscalía ha señalado que en la Sección Territorial de Mérida, las diligencias 9/20 incoadas el 30 de marzo pasado, a raíz de un escrito de José Antonio Monago Terraza, presidente regional del PP de Extremadura, «en relación a la gestión de la pandemia en el Hospital Casa Verde, de Mérida, tras la realización de varias diligencia se acordó el archivo de las actuaciones mediante decreto de fecha de 20 de abril de 2020».

Como también se archivaron las diligencias 82/20, abiertas el 20 de abril «a raíz de una denuncia de Vox contra la gestión de las residencia de mayores». El archivo se hizo con fecha del 29 de abril «por no considerarse delito», señaló la Fiscalía.