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TRAS EL AUTO JUDICIAL QUE SUSPENDE CAUTELARMENTE SU EXPULSIÓN DEL PARTIDO

Alejandro Vélez pide que se deje sin efecto la disolución del grupo municipal de Vox

El ahora concejal no adscrito defiende que la reconstitución tiene que llevarse al próximo pleno

 

El concejal Alejandro Vélez, en un pleno. - ANDRÉS RODRÍGUEZ

Ya advirtió en el último pleno del Ayuntamiento de Badajoz, que le parecía «improcedente» la disolución del grupo municipal de Vox, pues aún estaba pendiente la decisión judicial sobre las medidas cautelares que había pedido. Ahora que el juzgado de primera instancia número 7 le ha dado la razón, al suspender de manera cautelar su expulsión del partido, el ya concejal no adscrito, Alejandro Vélez, va a solicitar que se «reconstituya» su grupo en el próximo pleno, previsto el 23 de julio.

El auto judicial, del que informó ayer este diario, tiene fecha del 2 de julio. Vox presentó la solicitud de la medida cautelar de suspensión de la expulsión adoptada el 4 de mayo, como paso previo a la demanda civil contra el partido, que su abogado, Manuel Villalón, tiene que presentar antes de 20 días. De momento, hoy pasará por el registro del ayuntamiento un escrito solicitando que se deje sin efecto la disolución del grupo de Vox, acordada en el pleno del 25 de junio.

En declaraciones a este diario, Vélez manifestó ayer que no dependen de él los pasos que se den ahora en el ayuntamiento, pero que su pretensión es que en el próximo pleno se reconstituya el grupo, basándose en el auto que deja en suspenso su expulsión de Vox. «Eso sería lo más correcto, pero la última respuesta la tiene el ayuntamiento», dijo. Por su parte, la contestación del ayuntamiento, a través de su gabinete de prensa, fue que es una cuestión que atañe a Vélez y a Vox. Hay que recordar que la principal consecuencia de la disolución del grupo municipal es que deja de tener despacho e ingresos como tal. Pero el concejal, aun siendo no adscrito, sigue perteneciendo el equipo de gobierno, con el apoyo del PP y de Cs, que dependen del voto de Vélez para mantener el gobierno de coalición.

En todo caso, el auto ha sido «bastante contundente», según destaca el abogado. La decisión judicial recoge en sus fundamentos jurídicos que Vélez recibió el 21 de enero una comunicación solicitándole la «inmediata entrega del acta de concejal en un plazo de 48 horas» por incumplir el reglamento interno general para los concejales de Vox y el documento de aceptación de la normativa interna sobre recursos económicos y personales de los cargos públicos. Al día siguiente, el 22 de enero, el partido emitió una nota de prensa informando de la expulsión de Alejandro Vélez y después el concejal recibió la comunicación de incoación del expediente disciplinario. El 23 de enero, el secretario general del partido dio cuenta de la incoación del expediente disciplinario y adoptó como medida cautelar la suspensión de los derechos como afiliado e inhabilitación para desempeñar cargo o función en el partido. Tras el recurso de alzada interpuesto por Vélez, se comunica una decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox «sin firma» confirmando la expulsión. En definitiva, el concejal alega «la nulidad de procedimiento de expulsión por no haber cumplido los requisitos formales necesarios, al ser el expediente posterior en el tiempo a la adopción del acuerdo».

Según expresa la juez, la adopción de la medida cautelar se sostiene en que en el caso de que la expulsión del partido se declarase nula en la vía civil, no podrían reponerse sus derechos como afiliado. Por todo ello, el auto reconoce que la suspensión cautelar de la expulsión solicitada por Vélez es «proporcionada y adecuada», sin entrar a valorar los motivos del procedimiento sancionador.
La consecuencia directa de este auto judicial, según su abogado, es que Vélez sigue siendo concejal de Vox y existe el grupo municipal. Villalón ya comunicó antes del pleno en el que se disolvió el grupo, que debían esperar a que se resolviese la petición de medidas cautelares pues «no era tan urgente». Pero el secretario general dejaba claro en sus informes que no era necesario esperar a que el juez se pronunciase pues Vox había guardado las formalidades por los órganos competentes para expulsar a su afiliado. Villalón aduce que la demanda civil puede tardar en resolverse meses y causaría indefensión al concejal, por los perjuicios de la disolución del grupo, pues además cree que «el tiempo nos terminará dando la razón».