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la atalaya

Arqueología (I)

Fernando Valdés Fernando Valdés
03/12/2018

 

Desde que existe la especialidad de Arqueología en las universidades españolas hemos enseñado a nuestros alumnos cómo esta rama de la historia conlleva un proceso que va de la captación de información -prospección o excavación-, al estudio de los objetos recogidos -en su forma y en su modo de hallazgo-, a la comparación con lo percibido en otros lugares semejantes y, finalmente, a la elaboración de conclusiones de valor histórico. Y éstas, para ser útiles y culminar el proceso, deben publicarse en los medios oportunos -revistas especializadas-, sujetándose a unos convencionalismos técnicos acordados y usados por los grupos académicos competentes. Ahí culmina la dialéctica de un trabajo de campo. Si falta alguno de esos pasos la investigación no puede considerarse concluida satisfactoriamente, al menos en sus perfiles básicos. Eso era siempre así antes de la aparición de la Arqueología como profesión liberal (años 80–90 del siglo XX). Los arqueólogos eran hasta entonces y en su mayor parte académicos -profesores universitarios, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones o conservadores de museos-. La publicación de los resultados estaba garantizada por la existencia de series oficiales y por la obligación de los directores de entregar un manuscrito con todos los requisitos para aparecer en una de ellas. Si no lo hacía no había renovación de permiso o no se otorgaba otro nuevo para trabajar en otro yacimiento. Eran pocos los arqueólogos y todo estaba centralizado. Fueron los tiempos del tardofranquismo y de la llamada Transición. Los trabajos de campo eran subvencionados por la Administración y los profesionales no cobraban por su actividad. Se entendía que ya lo hacían en su puesto académico. Hasta la llegada de las Comunidades Autónomas. Éstas no modificaron el método, al menos en los momentos iniciales. Luego la cosa cambió. Hubo matices, porque la Ley 16/1985, la obligación de excavar antes de edificar en los lugares protegidos, aumentó exponencialmente el número de las intervenciones, habida cuenta del desarrollo general del país. Hicieron falta más profesionales y las universidades hubieron de producirlos, cambiando sus planes de estudio.

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