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están habitadas POR funcionarios municipales, uno de ellos jubilado, que se niegan a desalojarlas

El consistorio desahucia las 3 últimas viviendas de colegios con portero

Los directores se oponen a que sean ocupadas como viviendas sociales

 

El ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para desahuciar las viviendas ubicadas en tres colegios, las últimas ocupadas aún por trabajadores municipales que han estado ejerciendo como conserjes, en labores de vigilancia y apertura y cierre de puertas y una de ellos a tiempo completo. Se trata de las viviendas del Guadiana, el San José de Calasanz y el Arias Montano.

En 17 colegios de Badajoz hay viviendas para porteros, cuya figura ha ido desapareciendo los últimos años por decisión del ayuntamiento. Según recoge la propuesta que pasó por la Junta de Gobierno Local del 2 de febrero para justificar el desahucio, todas estaban ocupadas «en precario» por funcionarios o laborales fijos a los que en su día les fueron adjudicadas «hasta que el ayuntamiento las necesitara por cualquier circunstancia». 14 se han recuperado «sin ningún tipo de problemas». Pero quedan tres, las mencionadas, ocupadas por dos funcionarios en activo y una jubilada, que se niegan a desalojarlas «a pesar de los innumerables intentos de recuperación por parte de la Delegación de Vivienda, haciendo caso omiso a los plazos y requerimientos concedidos para ello», el último el 20 de julio del 2016.

El motivo que aduce el ayuntamiento para recuperar estas casas de propiedad municipal es «la necesidad imperiosa de poder atender a familias totalmente normalizadas que tienen casos de extrema y urgente necesidad y a las que tenemos que dar una respuesta». Según informó ayer la Delegación de Vivienda, solo uno de los tres colegios ha pedido que la casa se incorpore al centro para actividades educativas, mientras que las otras dos serán ocupadas como viviendas sociales por «familias normalizadas».

La directora del colegio San José de Calasanz, Inmaculada Martimena, y el del Guadiana, Juande Fernández, desconocían que tenían que realizar este trámite y ayer mismo tenían previsto comunicar al ayuntamiento que quieren que la vivienda no sea ocupada por una familia ajena y que se cedan al centro para sus actividades. En el caso del Arias Montano, no han comunicado oficialmente nada al ayuntamiento, pero sí a la delegada provincial de Educación, a la que el viernes pasado el director, Manuel García, dirigió un escrito solicitando que el espacio de esta vivienda se incorpore a las dependencias del colegio.

La vivienda del San José de Calasaz la ocupa una funcionaria jubilada desde el 2002 que, según la propia información del ayuntamiento, en función de sus ingresos, podría solicitar una vivienda de promoción pública, pero no ha presentado la documentación. La directora del centro defiende que «no tiene sentido echarla a ella para meter a otro», cuando además considera que vivir en un colegio «implica mucha responsabilidad». Como en el caso del Arias Montano, en el San José de Calasanz la vivienda del portero se encuentra en el interior del centro, sin acceso desde el exterior. Esta mujer abre y cierra las puertas del colegio «y colabora en todo lo que se le necesita». Por su parte, el funcionario que ocupa la casa del colegio Guadiana trabaja por las mañanas y después ejerce labores de vigilancia. Su director prefiere que permanezca en la casa su actual inquilino, pero si es desahuciado, que la vivienda pase a formar parte de las instalaciones del centro.

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