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nuevo enfrentamiento a costa de la ley de memoria histórica

Fragoso llevará a Gallardo al juzgado por las bases del Plan Dinamiza

El alcalde rechaza que la diputación le exija para recibir 1 millón de € eliminar vestigios franquistas. El presidente insiste en que acceder a estas ayudas es voluntario y que no hubo alegaciones

A. M. ROMASANTA lcb@extremadura.elperiodico.com BADAJOZ
07/07/2018

 

Nuevo enfrentamiento entre el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, a costa de los vestigios franquistas. Esta vez el primero está dispuesto a llevar a la institución provincial a los juzgados, pues no va a consentir que la diputación supedite la concesión de una subvención de un millón de euros, con cargo al Plan Dinamiza Extraordinario para municipios mayores de 20.000 habitantes, al cumplimiento del dictamen de la comisión de expertos sobre la Ley de Memoria Histórica, que detectó en Badajoz 19 vestigios.

En respuesta a una pregunta de este diario, Fragoso informó ayer de que el ayuntamiento «recurrirá» las bases de la convocatoria, que publicaba el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado jueves, porque «violentan la autonomía municipal». La cantidad total de la ayuda es de 5 millones a repartir entre los municipios que superen la población citada, con lo que a todos les corresponde un millón de euros. El plazo para presentar la solicitud es de 5 días hábiles. Entre los requisitos para resultar beneficiario, las bases recogen expresamente que «a los efectos de acreditar el compromiso con los valores democráticos», los ayuntamientos deberán aportar un certificado del secretario acreditando el cumplimiento de las medidas propuestas por el comité de expertos para cumplir la Ley de Memoria Histórica. Los ayuntamientos que no tengan vestigios no deben aportarlo. No es el caso del de Badajoz, según el comité.

Con la decisión de recurrir estos requisitos, el consistorio pacense sigue la senda del Ayuntamiento de Guadiana, cuyo alcalde, Antonio Pozo, anunció el miércoles que impugnará las bases del Plan Dinamiza Extraordinario 2018 de la diputación, el que contiene las subvenciones para los municipios más pequeños, aunque en este caso, son los ayuntamientos los que se tienen que asumir el compromiso de retirar o modificar los vestigios en el plazo de tres meses en base a la decisión del comité de expertos y en caso de incumplimiento, devolver la ayuda.

Fragoso señaló que desconoce el contenido del recurso contencioso-administrativo de Guadiana. «Nosotros haremos nuestro recurso, en defensa de los derechos de la ciudad de Badajoz». En este sentido, el alcalde reiteró su «absoluto compromiso con el cumplimiento de todas las leyes», pero no así con «la imposición» de alguien sobre cómo se debe cumplir el ordenamiento jurídico español. Así, apuntó que «hasta ahora todas las sentencias que los juzgados han ido emitiendo dicen que la ciudad de Badajoz cumple con el ordenamiento jurídico español». Por eso Fragoso consideró que es «un error» poner esta condición para la obtención de una ayuda y, una vez más, pidió a Gallardo que «respete» a Badajoz. En todo caso, defendió que si existe una «pequeña controversia» sobre si se cumple o no la ley «deberíamos haber dejado en manos de un juez de lo contencioso administrativo que lo resolviera y no ir dando vueltas de tuerca que pueden dar la impresión de que se está intentando torcer la voluntad de los municipios». En su opinión, en la diputación ha habido siempre una «esencia básica» que es la autonomía municipal y no puede entender que ahora no se respete.

Gallardo respondió a las manifestaciones del alcalde de Badajoz y le recordó que no es él el que impone, sino el gobierno de la diputación y que, en todo caso, estas bases responden al Plan Estratégico de Subvenciones que se aprobó en el 2016, según el cual uno de los requisitos para acceder a las ayudas es el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Según Gallardo, lo que pretende Fragoso con sus manifestaciones es «ganar tiempo» hasta que pasen las elecciones, sin moverse de una posición en la que ha sido «muy beligerante».

Por otro lado, negó que la diputación se inmiscuya en la autonomía municipal, pues recordó al alcalde de Badajoz que se trata de una orden de ayudas a las que «voluntariamente» el ayuntamiento puede acceder o no, porque «a nadie se le obliga». Pero si acepta la convocatoria, tiene que cumplir sus requisitos. Apuntó además que si no se ha exigido antes es porque no era definitivo el trabajo del comité de expertos, a la que el ayuntamiento no presentó alegaciones, sino solo «consideraciones» referidas a que estaba a la espera de que se manifestasen los tribunales.

Según Gallardo, en el PP hay dos posturas en este tema: por un lado están los alcaldes de Badajoz y de Guadiana y por otro, el resto de alcaldes extremeños, entre ellos los de Cáceres y Plasencia.

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