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TERCER VARAPALO Al organismo provincial

Otra sentencia anula que las ayudas se vinculen a la Memoria Histórica

Fragoso propone buscar una solución sin esperar a que los fallos sean firmes. La diputación ya ha interpuesto recurso de apelación contra la primera en el TSJEx

 

A la tercera, pero no será la vencida. La justicia vuelve a dar la razón, por tercera vez, al Ayuntamiento de Badajoz y a quitársela a la diputación, pero ninguna de las tres sentencias es aún firme.

De momento, la diputación ya ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) un recurso de apelación contra la primera sentencia (5 de junio) del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que dio la razón al Ayuntamiento de Badajoz y anuló las bases de la convocatoria del Plan Dinamiza Extraordinario 2018 por vincular la concesión de ayudas a la eliminación de vestigios franquistas de un listado elaborado por una comisión de expertos dependiente del organismo provincial. Siguiendo este criterio, Villafranco del Guadiana no recibió estas ayudas porque su topónimo incumple la Ley de Memoria Histórica según este comité de expertos. Hubo una segunda sentencia (25 de junio) del Juzgado de lo Contencioso Número 1, en los mismos términos, esta vez referida el Plan Dinamiza Extraordinario para Municipios de Gran Población, y el ayuntamiento ve probable que también será recurrida con apelación. En esta convocatoria, Badajoz podría haber recibido un millón de euros, que no percibió. Ahora ha habido una tercera y última sentencia, con idéntico contendido, de fecha 12 de julio, del mismo juzgado número 1, referida al decreto del Plan Dinamiza IV, que ayer dio a conocer el portavoz del equipo de gobierno municipal, Ignacio Gragera.

De nuevo el juzgado de lo contencioso administrativo acoge íntegramente las alegaciones del ayuntamiento y estima su recurso al considerar que el comité de expertos se constituyó como un órgano asesor y carece de competencias para declarar que un ayuntamiento no cumple la Ley de Memoria Histórica. Además hay varias sentencias que confirman que el ayuntamiento pacense no la incumple. Reitera asimismo que la denegación de subvenciones constituye «en realidad» una sanción y, siendo así, debería haberse tramitado un procedimiento administrativo que concluyese con una resolución sancionadora. La sentencia impone las costas procesales a la diputación.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se remitió ayer a la valoración que ya hizo con los anteriores fallos y volvió a defender que la decisión de la diputación «va contra Derecho y, aunque todavía no existe una sentencia firme, «uno no se debe obstinar en mantener un criterio equivocado». Por otro lado, insistió en que este conflicto se debería resolver antes de que haya una sentencia firme cuya solución supondría «daños colaterales que no serán deseados para nadie». Es así porque si fuese firme la primera decisión judicial tendrían que declararse nulas todas las subvenciones que se han concedido a todos los municipios de la provincia conformes a estas bases. Fragoso propuso buscar «elementos de salida» a esta situación, lo que «demostraría una cierta inteligencia política».

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