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PROCESO AL 'PROCÉS'

1-O, el juicio del siglo

La vista oral en el Tribunal Supremo condiciona los Presupuestos de Sánchez y la legislatura El independentismo buscará en la sentencia un revulsivo tras meses de azoramiento y desunión

DANIEL G.SASTRE
10/02/2019

 

Hay al menos dos maneras de ver el juicio contra los líderes independentistas que empieza este martes: como un principio o como un final. La primera es la del soberanismo, que lleva meses tratando de presentarlo como un nuevo punto de inflexión, como la oportunidad de demostrar públicamente que se ha cometido una injusticia. Y eso debería servir, piensan, para romper por fin el empate en el sentimiento de pertenencia de la sociedad catalana. La segunda es la del constitucionalismo, que lo espera como epitafio del 'procés'. En el centro hay todo un universo de términos medios, pero, bajo cualquier punto de vista, está claro que lo que pase en el Tribunal Supremo en las próximas semanas marcará el escenario político catalán y español durante meses, quizás años.

Evidentemente, este resumen está incompleto sin las subtramas que recorren la situación. Mientras duren las declaraciones judiciales y algunos de los principales responsables del referéndum del 1 de octubre del 2017 y de la posterior declaración de independencia fallida desfilen por el banquillo de acusados, se estarán también dirimiendo asuntos como la hegemonía dentro del movimiento soberanista, cuándo se celebrarán las próximas elecciones en Cataluña o hasta qué probabilidades tiene Pedro Sánchez de terminar el año en la Moncloa.

SOLO VIOLENCIA POLICIAL

Durante varias semanas, se va a poner el foco en el convulso octubre del 2017 y en los meses que lo precedieron. El soberanismo al menos el oficial- no cree que deba hacer autocrítica pública sobre por qué no cumplió sus objetivos. Los acusados se centran en defender su inocencia, y en los escritos de las defensas sobresalen dos argumentos: el primero, que, contra lo que dice la fiscalía, no hubo violencia, y por tanto no puede hablarse de rebelión. Y que, si la hubo, estuvo solo en la represión policial del 1-O. El segundo: que convocar un referéndum no es delito desde el año 2005, cuando José Luis Rodríguez Zapatero lo sacó del Código Penal.

Doce de los principales dirigentes del movimiento independentista en los últimos años se enfrentan a penas abultadas de prisión. El exvicepresident Oriol Junqueras, señalado como cabecilla en ausencia de Carles Puigdemont, se lleva la peor parte: la fiscalía le pide 25 años por rebelión, y la abogacía del Estado, que rebajó la acusación a sedición, 12 años. El resto se mueve entre los 17 años que la fiscalía solicita para los Jordis y Carme Forcadell y los 16 años para otros miembros del Govern Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa-, y los siete años por desobediencia y malversación a los que podrían ser condenados los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs.

La casualidad ha querido que la misma semana que empieza el juicio más trascendente de lo que llevamos de siglo al menos para la articulación del Estado-, los Presupuestos de Pedro Sánchez se examinen por primera vez en el Congreso. Si PDECat y ERC los tumban de entrada, en respuesta a lo que consideran una persecución política en sede judicial, el presidente tendrá muy difícil llegar hasta el 2020, como pretende. La desmesurada reacción de PP y Ciudadanos contra el relator que había pactado con la Generalitat da una idea de la intensidad con la que la oposición va a asediarlo por el flanco de un supuesto entreguismo a los nacionalistas.

VOX Y EL FILÓN CATALÁN

Vox lo tendrá más fácil que sus rivales. La formación de extrema derecha tendrá en el juicio un escaparate de lujo, porque ejerce la acusación popular y estará representado por su secretario general, el mediático Javier Ortega Smith. Con sus interrogatorios a, entre otros, Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría, el dirigente de Vox intentará poner contra las cuerdas al PP y seguir explotando el filón catalán, que ya ayudó al partido a irrumpir con fuerza en el Parlamento andaluz.

El independentismo lleva preparando el juicio desde hace más de un año. La legislatura catalana, que nació con fórceps en mayo, ha estado vacía de contenido precisamente a la espera de que haya una sentencia. Los presos preventivos han condicionado completamente la actividad política, empezando por lo estético: varios lazos amarillos de grandes dimensiones ocupan los escaños de los encarcelados y los exiliados en cada pleno del Parlament.

Eso no significa que el Govern sepa qué hacer después. Quim Torra, que no ha ocultado su vocación de president interino, ha anunciado varias veces que no aceptará condenas, pero nunca ha explicado qué significa eso. El jefe del Ejecutivo catalán amaga con otra declaración de independencia, pero fuentes del Govern admiten que una de las alternativas que se barajan como respuesta es convocar elecciones, para tratar de aprovechar la indignación que las eventuales condenas generarán en el independentismo.

No hay concreciones principalmente porque los partidos independentistas no se ponen de acuerdo en cuanto a la estrategia. De hecho, el juicio llega en el momento en el que el perenne enfrentamiento entre Puigdemont y Junqueras parece en su punto álgido. El líder de ERC, que apuesta por atraer a los comuns para ampliar la base del independentismo, presumió de responsabilidad ética. Sócrates y Séneca pudieron huir, y no lo hicieron, dijo a Le Figaro. Puigdemont, incuestionable destinatario del mensaje, se revolvió: Tendré paciencia hasta la sentencia, después cada uno explicará lo que tenga que explicar.

HERIDAS MAL CURADAS

Es probable que las heridas mal curadas de la gestión de la DUI del 27 de octubre y de los días posteriores se reabran durante el juicio. Se espera con gran expectación la declaración de Junqueras, que tendrá que hilar fino si quiere ser coherente con el giro contemporizador que ha impuesto en Esquerra desde que está en prisión preventiva. Está por ver también si aprovecha su intervención para lanzar algún mensaje más o menos velado a Puigdemont y su entorno, que siguen insistiendo en formar listas unitarias soberanistas a las municipales y las europeas a pesar de la evidente falta de interés de los republicanos.

El expresident seguirá con inquietud el juicio desde Waterloo. Durante los meses que dure, lo tendrá difícil para acaparar la atención del soberanismo, aunque en las últimas semanas su entorno se haya dedicado a especular de nuevo con su vuelta a Cataluña, y a anunciar que no renuncia a la investidura del líder ausente. Durante la vista oral, la figura de referencia del independentismo que no comulga con ERC será Jordi Sànchez, a quien Puigdemont ha fichado para la Crida y que se perfila como un actor principal en el futuro político inmediato.

EL "ALTAVOZ" DEL SUPREMO

Sí coincide todo el independentismo en que el juicio debe ser un altavoz para su causa, como dijo Torra en su mensaje de fin de año. La Generalitat ha puesto el foco en las demostraciones públicas cuanto más multitudinarias mejor, en Cataluña y en Madrid- y, sobre todo, en la divulgación internacional de su punto de vista. En ese ámbito competirá con el trabajo diplomático del ministro Josep Borrell, que se ha propuesto plantar cara al relato de que la democracia española es defectuosa.

El juicio al procés va a deparar un combate apasionante, y sus consecuencias son difíciles de prever. El Gobierno teme que se convierta en un obús que arrase con el precario puente que está tratando de construir con la Generalitat. Y, en esta amalgama de socios inesperados e intereses inconfesables, tanto la oposición como una parte del independentismo esperan ver hundirse cuanto antes los pilares de esa estructura.