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PROCESO JUDICIAL POR REBELIÓN

Anna Gabriel se refugia en Suiza

La exdiputada de la CUP ha contactado en Ginebra con un abogado suizo que ha defendido a miembros de ETA La dirigente anticapitalista, imputada por el 1-O, sopesa no acudir a su cita del miércoles con el juez Llarena

J. G. ALBALAT
18/02/2018

 

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel permanece en paradero desconocido desde hace algunos días. El próximo miércoles, 21 de febrero, debería comparecer en el Tribunal Supremo como imputada por la causa abierta por presunta rebelión contra los miembros del depuesto Govern de Carles Puidemont y varios líderes independentistas. Desde algunos medios se ha situado a la dirigente anticapitalista en Venezuela, aunque su entorno lo ha desmentido. En realidad, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la exparlamentaria ha buscado refugio en Ginebra (Suiza), donde ha contactado con un abogado experto en causas de extradición que anteriormente ha asumido la defensa de distintos miembros de ETA. Después de que este diario avanzara esta información, la propia fuerza anticapitalista ha admitido esta noche en un comunicado que Gabriel se ha trasladado a Ginebra.

Fuentes conocedoras de las pesquisas han apuntado que Gabriel ha viajado a la localidad suiza, una de las cuatro sedes internacionales de las Naciones Unidas, y que desde allí está diseñando junto a sus abogados la estrategia a seguir ante la citación cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Cabe recordar que Suiza no pertenece a la Unión Europea pero sí al Espacio Schengen, que garantiza la libre circulación a los nacionales de los países firmantes.

La exdiputada y sus asesores no descartan ninguna alternativa, pero son conscientes de que si Gabriel opta por no comparecer ante el magistrado el próximo miércoles, este, con casi total seguridad, dictará contra ella una orden de detención. Si por entonces todavía se encuentra en Suiza, como indican las fuentes consultadas, entraría en una dinámica muy similar a la de Puigdemont y los cuatro ‘exconsellers' que desde octubre pasado, tras la proclamación de la declaración unilateral de independencia (DUI), residen en Bélgica. En España les espera una orden detención por delitos tan graves como los de rebelión y sedición.

Una de las principales alternativas que baraja la exdiputada junto a su defensa es quedarse en Suiza, donde, aunque rige el tratado de extradición firmado con España, el sistema judicial podría entorpecer la entrega a las autoridades españolas. El Código Penal suizo no tipifica como tales la sedición ni la rebelión, pero en su artículo 265 castiga con penas de entre un año de cárcel y cadena perpetua los siguientes "delitos contra el Estado": intentar "cambiar mediante la violencia la Constitución" o "separar mediante la violencia parte del territorio".

Si la exdiputada de la CUP opta por quedarse en Ginebra,  antes del miércoles --fecha de su cita en el Supremo-- probablemente anunciará a través de las redes sociales su intención de no comparecer en el Supremo, sin desvelar en un primer momento dónde se halla. No desvelaría su ubicación hasta el mismo miércoles, una vez consumada su incomparecencia judicial, en una rueda de prensa en Ginebra a la que previsiblemente convocaría a medios de comunicación catalanes y suizos.

En esa comparecencia pública, según fuentes de la investigación, explicará los motivos que la llevan a no atender el llamamiento del juez. El entorno de la dirigente anticapitalista estudia la conveniencia de que en breve se desplace a Suiza un grupo de dirigentes de la CUP para acompañar y dar respaldo a la exdiputada.

Los asesores jurídicos
Desde su refugio en Ginebra, Gabriel está siendo asesorada no solo por su abogado catalán, el exdiputado de la CUP Benet Salellas, sino también por por el letrado suizo Olivier Peter, conocido por la justicia española por haber llevado casos de extradición de colaboradores de ETA como Nekane Txapartegi, arrestada en el 2016 en Zúrich. El perfil de este jurista es muy similar al del abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, quien también defendió a etarras y que se define como experto en derechos humanos.

La defensa de Gabriel ha estudiado la decisión del juez Llarena de dejar en libertad, tras tomarle declaración, a la también exparlamentaria de la CUP Mireia Boya. El juez no dictó prisión provisional para la ‘cupaire’ a pesar de que esta sostuvo que la proclamación de la independencia en el Parlament fue efectiva, no un manifiesto cosmético, y que si no llegó a implementarse fue porque la aplicación del 155 lo dejó en el limbo. Pero Boya también precisó que ella jamás formó parte del puente de mando del procés, así que si Gabriel hiciera suyo su discurso, al haber asumido más responsabilidades que su compañera en la organización del 1-O, correría el riesgo de que el juez la enviara a prisión. 

Un dato que no se escapa a los investigadores es que Gabriel fue citada por el juez para el 14 de febrero, el mismo día que Boya, pero su abogado pidió la suspensión porque tenía otro compromiso. El juez Llarena aceptó esta solicitud y la exdiputada fue convocada para este miércoles 21. Antes de ese día ya habrán declarado Marta Pascal, coordinadora general del PDECat; Marta Rovira, secretaria general de ERC; Artur Mas, 'expresident' de la Generalitat; y Neus Lloveras, expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). De esta manera, si la dirigente de la CUP decide no ir al Supremo, no comprometerá la situación procesal del resto de investigados.

Coordinación y 'comité estratégico'
El magistrado considera que el referéndum del 1-O y el proceso soberanista se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del anterior Parlament, así como los máximos dirigentes de los partidos soberanistas y la presidenta de la AMI.

Todos ellos aparecen citados como integrantes del llamado “comité estratégico” descrito en el documento EnfoCats, la hoja de ruta hacia la secesión encontrada por la Guardia Civil en el domicilio de Josep Maria Jové, el que fuera número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras. Los nuevos investigados aparecen en la instrucció identificados como participantes en algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para “idear y pergeñar el proceso de ruptura”, y que “parecen haber tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término”.

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