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'CASO GÜRTEL'

Bárcenas, a prisión

La Audiencia Nacional le comunica su entrada en prisión junto a Alberto López Viejo y Guillermo Ortega

EL PERIÓDICO
28/05/2018

 

La vista relativa al exsenador del PP es la primera que el tribunal ha decidido celebrar a puerta cerrada, pese a que todos los abogados lo habían pedido. Sin embargo, tras un receso, el letrado de Bárcenas alegó que una cadena de televisión retransmitía la vista en directo y la presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá, que sustituye a José Ricardo de Prada, ha decidido que se celebrara a puerta cerrada, pese a que se trataba de la séptima vista del total de 16 previstas.

Durante la vista, Bárcenas, que ya estuvo preso por el 'caso Gürtel', ha recordado que siempre ha cumplido con las comparecencias a las que la Audiencia Nacional le ha fijado y ha negado que vaya a fugarse. Su defensa, ejercida por Joaquín Ruiz de Infante, ha apelado a la fianza de 200.000 euros que se le fijó en su día para quedar libre y al recurso de casación que se presentará para lo que considera imprescindible que su cliente esté libre. Iglesias, por su parte, ha esgrimido ante el tribunal que si su padre va a prisión, la dejen a ella libre para estar con su hijo.

A favor del indulto
Al iniciar la sesión, las fiscalas Concepción Sabadell y Concepción Nicolás han anunciado que informarán a favor de cualquier medida, como el indulto, que beneficie al exconcejal del PP José Luis Peñas, condenado a 4 años y 9 meses (aunque ellas mismas pedieron para él más de 6 años de cárcel) en el 'caso Gürtel'. Peñas, según el ministerio público ha sido una pieza fundamental para las condenas, ya que grabó durante un año al cabecilla de la trama corrupta y entregó las grabaciones a la Udef y se dio comienzo al 'caso Gürtel'.

El anuncio se ha planteado en una exposición general que ha hecho la fiscalía para justificar su petición de que ingresen en prisión la mayoría de los condenados. Para ello ha apelado a otros casos, como el 'caso Saqueo' o el 'Palau', en los que se solicitó esta media para condenados a 4 años de prisión. Entre aquellos para los que se ha solicitado este lunes esta medida se encuentra el amigo de Peñas, el exconcejal del PP Juan José Moreno, condenado a 15 años y dos meses.

Durante las vistillas, el ministerio público está pidiendo prisión para todos los condenados por el 'caso Gürtel' a penas de al menos más 7 años de cárcel. Tal es el caso del exconcejal del PP de Estepona (Malaga) Ricardo Galeote, que ha sido el primero en comparecer ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional para decidir si ingresa en prisión mientras que la sentencia de la primera época de la trama corrupta adquiere firmeza. 

Las fiscalas Concepción Sabadell y Concepción Nicolás también han pedido que ingrese en prisión la exesposa de Francisco Correa Carmen Rodríguez Quijano (14 años y 8 meses), el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, condenado a 38 años y 3 meses de cárcel, el contable de la trama José Luis Izquierdo (17 años y 7 meses), el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses) y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo (31 años y 9 meses).

También se ha solicitado para el ex viceconsejero madrileño de Inmigración Carlos Clemente, condenado a 5 años y 9 meses de cárcel. En su caso, el argumento es porque reside en Colombia, pese a que este lunes ha venido desde allí para asistir a la vistilla. La extrabajadora del grupo Correa Felisa Isabel Jordán ingresó en prisión voluntariamente por el 'caso Fitur' que se juzgó en Valencia.

Para el exdiputado Jesús Merino, condenado a 3 años y 7 meses, la fiscalía solo ha pedido retirada de pasaporte. La esposa de López Viejo, Teresa Gabarra, condenada a 4 años de cárcel, se ha solicitado retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio y comparecencias cada 15 días. La prohibición de salir del país ha sido lo pedido para el testaferro de Bárcenas Iván Yáñez, y para el funcionario de la Comunidad de Madrid Pedro Rodríguez Pendás (3 años de cárcel).

Distinto tribunal
En el tribunal que decidirá las prisiones no está presente el magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ya que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido con el voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes, que "no procede a derecho" habilitarle para intervenir en las comparecencias del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, solicitadas por la fiscalía Anticorrupción para 16 de los condenados en la sentencia dictada el jueves por la primera época de la Gürtel.

Con este acuerdo la Sección Segunda que está asistiendo a las vistillas de estos condenados, entre los que se encuentran el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer, deben ingresar ya en prisión, sin esperar a que la sentencia que les condenó sea firme, está formado por los magistrados Julio de Diego, Ángel Hurtado, que emitió un voto discrepante contra la condena del Partido Popular como partícipe a título lucrativo, y la presidenta del tribunal, María José Rodríguez Duplá.  

La decisión de la Permanente, que supone que De Prada no pueda asistir a las vistillas, ha sido adoptada gracias al voto de Lesmes, después de que la votación haya arrojado un empate a cuatro. A favor estaban los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José María Macías; mientras que se han pronunciado en contra los vocales Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Mozo y Sáez harán voto discrepante y Moya y Macías, uno concurrente.

El CGPJ se basa en un informe técnico que sostiene que habilitarle para participar en estos asuntos “lo sería para intervenir en una actuación procesal para la que carece de jurisdicción, al no encontrarse en servicio activo en la carrera judicial", ya que tras el juicio de la Gürtel se desplazó a los tribunales internacionales de Naciones Unidas, con sede en La Haya. El órgano de gobierno de los jueces sí lo habilitó para redactar la sentencia conocida el jueves.

Esa habilitación “se sustentó en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)”, que establece que cuando un juez o magistrado sea trasladado o jubilado “deliberará, votará, redactará y firmará las sentencias, según proceda, en los pleitos a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado”.

Sí, en la sentencia, no para medidas
 

“No contempla aquella ni ninguna otra ley una suerte de autorización ‘ancla’ o ‘ad hominem’ para mantener su función en un tribunal al que, como consecuencia de su situación administrativa distinta a la de servicio activo en la carrera judicial, de presente no pertenece, y para participar en la resolución de cuestiones deducidas con posterioridad a su cese”, añade.

“La habilitación para ser llamado a la vista que deba decidir sobre el cambio de la situación personal de los acusados en el proceso en el que quedó habilitado para deliberar y firmar la sentencia, como cualesquiera otros incidentes procesales que a continuación pudieran producirse, lo sería para intervenir en una actuación procesal para la que carece de jurisdicción, al no encontrarse en servicio activo en la Carrera Judicial, ni existir razón legal alguna para la persistencia en la función que solicita, y constituiría una composición arbitraria de aquel tribunal, constituido de manera especial y al caso”, dice el informe, que añade que éste “podría incurrir en un supuesto de nulidad de pleno derecho”.

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