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LA AGENDA DEL NUEVO GOBIERNO

Los cinco momentazos económicos que esperan a Rajoy en los dos próximos meses

El segundo Consejo de Ministros de noviembre podría tratar el ajuste de 5.500 millones que pide Bruselas. El nuevo Ejecutivo debe bregar con autonomías, funcionarios, agentes sociales, oposición y Bruselas para sacar los Presupuestos

 

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. - JOSÉ LUIS ROCA

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
26/10/2016

Nada  más ser investido presidente, Mariano Rajoy tendrá que ponerse manos a la obra con una agenda económica que incluye dos meses de infarto. Para evitar despistes, este mismo martes, un día antes del debate de investidura, la propia Comisión Europea envió una carta al Gobierno español en funciones recordando que, en cuanto el nuevo Ejecutivo se constituya debe presentar un nuevo plan presupuestario que garantice que el déficit del 2017 se situará en el 3,1% del PIB fijado por Bruselas y no en el 3,6% proyectado por España. 

Entre un porcentaje y otro, media la necesidad de un ajuste de 0,5 décimas del PIB, unos 5.500 millones de euros, y diseñar este ajuste es el cometido más urgente que apremiará al nuevo Consejo de Ministros. La apretada agenda económica de los dos próximos meses incluye al menos cinco citas importantes, cinco ‘momentazos’ en los que Rajoy se las tendrá que ver con Bruselas al mismo tiempo que negocia apoyos en el complejo paisaje parlamentario de la XII Legislatura. Todos ellos tienen que ver de un modo u otro con la aprobación de los Presupuestos del Estado del 2017.

Antes que eso, tendrá que decidir sobre su equipo económico y determinar si mantiene la bicefalia de la anterior legislatura -con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda y Luis de Guindos en Economía-, si agrupa los dos departamentos en uno y quién o quiénes serán las personas que llevarán las riendas de la economía.

AJUSTE DE 5.500 MILLONES

Antes incluso de que la Comisión Europea remita a España su dictamen completo sobre su plan presupuestario a partir de mediados de noviembre, el nuevo Gobierno español, ya constituido, deberá avanzar en sus decisiones para atender el requerimiento de un ajuste expresado por la CE.

Hay quien no descarta que el segundo Consejo de Ministros del nuevo Gobierno (previsiblemente, el 11 de noviembre), lance una serie de anuncios económicos entre los que se podría incluir la reforma del impuesto de Sociedades acordada con Ciudadanos, con la que Cs proyecta una recaudación adicional de 3.000 millones. La mayor tributación en el IVA de algunos productos o servicios a los que ahora se les aplica el tipo reducido es otra vieja demanda a España de la Comisión Europea que podría ser objeto de estudio. 

De alguna, este segundo Consejo de Ministros replicaría el esquema con el que se estrenó el primer Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre del 2011: tras un primer Consejo de Ministros de toma de contacto del nuevo equipo, hubo un segundo en el que se adoptó el mayor ajuste y la mayor subida de impuestos de la Democracia. El desequilibrio presupuestario ahora no es tan enorme, si bien existe una circunstancia inédita: la amenaza de una multa automática de hasta 5.500 millones por los incumplimientos. Y eso lleva a una segunda cita:

ECOFIN DEL 8 DE DICIEMBRE

Esa fecha se cumplen los cuatro meses que el Consejo Europeo dio a España el 8 de agosto para valorar si las acciones efectivas adoptadas por el Gobierno español para reconducir el déficit del 2016 hasta el 4,6% del PIB son suficientes. Lo que está en juego es el procedimiento automático de la citada multa de hasta 5.500 millones (sin posibilidad de alegación) así como la congelación de fondos estructurales. El Gobierno confía en poder demostrar la eficacia de las medidas ya adoptadas; la principal de ellas, la reforma de los pagos fraccionados del impuesto de Sociedades para adelantar 8.000 millones de recaudación del 2017 al 2016. 

CITA AUTONÓMICA EN NOVIEMBRE

Antes que eso, seguramente a lo largo de noviembre, quien sea responsable de Hacienda deberá reunirse con los representantes autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera(CPFF) para aprobar el reparto de los nuevos objetivos de déficit del 2016 (4,6% en lugar del 2,8 anterior) y del 2017 (3,1% en lugar del 2,2% previo). La cita no se prevé pacífica pues las autonomías temen que la administración central (Estado y Seguridad Social) se quedará con la mayor parte del margen adicional de déficit concedido por Bruselas a España. Además, esos objetivos deberán ser ratificados después por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno carece de la mayoría con la que normalmente sí impone su criterio en el CPFF. 

EQUIPARAR CONTRATOS FIJOS Y TEMPORALES

El 17 de octubre, la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, y los representantes de sindicatos y patronal acordaron crear un grupo de seis expertos (dos por cada parte) para presentar al nuevo Gobierno en el plazo máximo de un mes una propuesta sobre cómo trasladar a la legislación laboral la sentencia europea que insta a España a equiparar las indemnizaciones de los contratos interinos y temporales a las de los indefinidos y que fue ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este reto ha colocado en primera línea el debate sobre el contrato único que plantea Ciudadanos (previsible socio económico del nuevo Gobierno de Rajoy) y el resultado debería quedar despejado en la segunda mitad de noviembre. 

CITA CON EL PACTO DE TOLEDO

Los representantes de los grupos políticos que integran la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo prevén llamar a comparecer a los representantes del nuevo Gobierno tan pronto este quede constitudo. El objetivo de esta comisión es presentar al Ejecutivo una propuesta de reforma del sistema de pensiones en el primer trimestre del 2017. El reconocimiento de que la hucha de las pensiones (a la que habrá que volver a acudir para pagar la extra de Navidad de este año) se agotará en el 2017 ha imprimido mayor urgencia al ritmo de la reforma. 

PRESUPUESTOS EN EL BOE EN FEBRERO O MARZO

El nuevo plan presupuestario que Bruselas exige ya a España se refiere a un documento con las líneas maestras que garanticen que el déficit del conjunto de las administraciones públicas (no solo el Estado) se ajustará a la senda del déficit que Bruselas ha impuesto a España para el 2017 (3,1%) y el 2018 (2,2%) a cambio de evitar la multa de 2.200 millones que España logró esquivar en agosto. Este documento ya debe despejar con claridad cuestiones tales como posibles subidas de pensiones (ya se ha apuntado el 0,25%) o de salarios públicos en el 2017 (en una próxima reunión de la Mesa de la Función Públicas se podría poner sobre la mesa una subida del 1%), así como cualquier posible subida de impuestos. 

Todas estas cuestiones se concretarán finalmente en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyo texto articulado el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, confiaba hace unas semanas en que podría estar listo a finales del 2016. Hacienda prevé que la ley podría estar publicada en el Boletín Oficial del Estado entre febrero o marzo.