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CORRUPCIÓN

Condenas de hasta siete años de prisión para los once principales acusados del 'caso Pretoria'

El exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz ha recibido una pena de cinco años. Macià Alavedra y Lluís Prenafeta han sido condenados a un año de cárcel

ANGELES VÁZQUEZ
02/07/2018

 

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta siete años y un mes de cárcel a los once acusados en el juicio de la llamada Operación Pretoria por las operaciones urbanísticas desarrolladas entre el 2002 y el 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, así como las ganancias que los acusados ingresaron en sus patrimonios directamente o bien a través de intermediarios o testaferros.

La sentencia, dictada ocho meses después de terminar la vista oral, impone la pena más alta al exdiputado del PSC Luis Andrés García Sáez, 'Luigi', que deberá cumplir 7 años, un mes y 27 días de prisión. Al exalcade de esta formación en Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz se le han impuesto 5 años, 8 meses y 28 días de cárcel. Por su parte, el exconcejal de esta población Manuel Dobarco ha sido condenado a 8 años y medio de inhabilitación.

Pacto con Anticorrupción
Los exconsejeros de la Generalitat durante el mandato de Jordi Pujol Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, quienes al comenzar el juicio pactaron con Anticorrupción para eludir la cárcel, han sido condenados cada uno de ellos a un año, 11 meses y 27 días de prisión por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al aplicarles las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas. Esta última se les aplica a todos los acusados por haberse prolongado el procedimiento ocho años y ocho meses.

La sentencia, de la que ha sido ponente de la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, condena a los acusados por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Era muy difícil que triunfara la estrategia de defensa que mantuvieron tanto 'Luigi' como Muñoz de negar cualquier irregularidad, así como trato de favor a la hora de conceder contratos públicos, cuando otros de los acusados, como los exresponsables de la Generalitat juzgados con ellos admitieron su ascendente sobre cargos públicos, adquirido por su trayectoria política en este sentido. 

Comisiones incautadas
La resolución, de 1.370 páginas, también acuerda el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas (Pallaresa, Niesma y Badalona) que ascendieron a un total de 5.886.925 euros. También acuerda lo propio las dádivas recibidas por Bartomeu Muñoz (1.144.724); Alavedra (3.243.103), y Prenafeta (5.193.170,01).

La sentencia declara probado que entre 2002 y 2009 en el área metropolitana de la provincia de Barcelona los condenados participaron en diversas operaciones urbanísticas que en lugar de favorecer el interés público buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, propiciando importantes beneficios y comisiones, “no amparadas en otras actividades comerciales lícitas, ganancias que ingresaron en sus patrimonios bien directamente o bien siendo canalizados a través de intermediarios, testaferros o sociedades ad ministradas o controladas de hecho por los mismos”.

En ello Luis García tuvo un "papel trascendental". El diputado del  PSC entre 1980 y 1988 mantuvo, según el tribunal, fluidas relaciones personales y de antigua militancia política con diversos cargos públicos que le permitían actuar como “conseguidor”, “facilitador” o “intermediario”. Intervino en las operaciones mencionadas, ideando y liderando las mismas y desarrollando actividades esenciales para seleccionar a los posibles inversores a los que  ofertaba el plan de negocio y favoreciendo la aprobación posterior de los cambios urbanísticos por los que percibía contraprestaciones y comisiones “tanto para él mismo como para los diversos cargos públicos e intermediarios que propiciaron la culminación de las diversas operaciones”.

En Santa Coloma de Gramenet se valió la amistad con el alcalde para asumir la dirección de los concursos y adjudicaciones públicas y en los procesos de modificación urbanística. “Aprovechando la ascendencia que le proporcionaban las estrechas relaciones de amistad personal y de antigua militancia política que le unían con Bartomeu Muñoz y con
Manuel Dobarco, teniente de Alcalde en el área de urbanismo, logró ostentar durante el periodo en el que se desarrolló la denominada Operación Pallaresa un dominio fáctico sobre las decisiones municipales, especialmente en los expedientes de adjudicación de concursos y procesos de modificación urbanística y así influyó de forma continuada tanto sobre el alcalde Muñoz como sobre el oncejal Dobarco”, afirma la resolución.

La sentencia detalla cómo, del mismo modo, Luis García influyó sobre el concejal de
Urbanismo de Sant Andreu para dirigir la modificación urbanística producida en las fincas de la Operación Niesma.

En Badalona, García ejerció su influencia sobre el consejero delegado de la sociedad pública Marina Badalona para tomar parte en la llamada Operación Badalona y en otros cargos que permitieron que una finca edificable situada en un lugar estratégico del puerto pasara a manos de inversores particulares que obtuvieron una gran plusvalía en su reventa.

El tribunal señala a Manuel Valera como hombre de confianza y testaferro de García, “siendo conocedor de la naturaleza y alcance de los planes que se proponían desarrollar en los indicados ayuntamientos en beneficio de inversores particulares y de ellos mismos, y de las
irregularidades necesarias para alcanzarlos”

Territorios 'off shore'
Los jueces concluyen que el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat y el 'exconseller' de Economía intervinieron activamente en las operaciones de especulación inmobiliaria desplegadas en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona para favorecer a empresarios particulares. Según el tribunal, estos dos acusados, “sabedores de los contactos e influencias que Luis Andrés García tenía en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el mencionado García, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares”.

La Sala considera probado que García, Prenafeta y Alavedra se sirvieron de un complejo entramado societario, así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore para ocultar cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva, tanto por sus intermediaciones en diversas adjudicaciones como por eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública. En ello colaboraron sus esposas.

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