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La Eurocámara lanza el trámite para investigar si España vulnera el derecho a la libertad de expresión

La plataforma 'No Callarem', que defiende a artistas como Valtònyc, asegura que el Estado incumple la Carta Europea de los Derechos Fundamentales

EL PERIÓDICO
25/05/2018

 

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite un requerimiento de la plataforma ‘No Callarem’, que pide que se investigue a España por "vulneración" del derecho a la libertad de expresión y de creación artística. Según fuentes de la Eurocámara, no es la primera queja contra la 'ley mordaza' que llega a la mesa de esta comisión que ya ha lanzado el trámite para documentar el caso y ha solicitado a la Comisión Europea que, en base a la información aportada por los denunciantes, analice si ha habido vulneración del derecho de la Unión Europea.

Como es habitual, en la carta de admisión a trámite la presidenta de la comisión, la sueca Cecilia Wikström, también informa a los denunciantes que ha transmitido el caso a la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE). La comisión de peticiones se ha convertido en el principal altavoz de denuncia de los ciudadanos europeos y son centenares los casos que llegan a su mesa cada año.

El colectivo, que se ha volcado en la defensa de los raperos condenados por sus canciones como Valtònyc y Pablo Hásel, ha recibido un gesto favorable. En su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, denuncian una judialización de la libertad de expresión artística, mediante la aplicación del artículo 578 del Código Penal, y avivada por la activación de la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como ‘Ley mordaza’) . Recogen en el requerimiento diferentes operaciones policiales contra tuiteros y analizan los preceptos que argumentan la aplicación de estas leyes.

Con todo, exigen que la "vulneración" se reconozca como "sistemática", un requisito indispensable para que las instancias europeas lo aborden y piden que se abra un expediente contra el Estado por "incumplimiento de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, concretamente de sus artículos 11 y 12". El primero, relativo a la libertad de expresión e información, y el segundo, a la reunión y asociación.

Intervención europea
La Comisión de Peticiones rechazó en primera instancia su requerimiento porque entendió que formaba parte de una cuestión interna al Estado miembro. Aún así, los europarlamentarios de Izquierda Unida (IU) insistieron en que la responsabilidad del cumplimiento de la legislación europea les compete y la volvieron a presentar. Esta vez, sí ha sido aceptada.

Ahora bien, este órgano no tiene poder ejecutivo, por lo que su "investigación preliminar" no será vinculante. Según fuentes conocedoras del estado de la tramitación, "puede servir para que se lleve a cabo una resolución europea que advierta a España sobre la violación de derechos y le inste a recular" y que se inicie "un proceso de infracción hasta que se restablezcan esos derechos".

La diputada de IU, Marina Albiol, celebró la admisión a trámite y se mostró esperanzada con que las autoridades europeas "no permanezcan impasibles" ante casos como el de Valtònyc, los que califica que "auténtica vergüenza para cualquier sociedad plenamente democrática".

Por su parte, uno de los portavoces de 'No Callarem', Adriano Galante, celebra la resolución porque precisamente uno de los objetivos de su campaña es "internacionalizar" el caso y exige que la Comisión Europea "se pronuncie ante los casos de censura en España lo antes posible" y que "tome medidas contra las sentencias".

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