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En el Senado

La fiscal general propone castigar los delitos de odio con trabajos para la comunidad

Delgado también propone menores penas de prisión, multas o pérdida de derechos políticos

 

Dolores Delgado, fiscal general del Estado. - EL PERIÓDICO

ÁNGELES VÁZQUEZ
23/02/2021

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha abogado este martes ante la comisión de Justicia del Senado por una reforma de los delitos de odio, recogidos en el artículo 510 del Código Penal, para introducir una mayor proporcionalidad de las penas que se deben imponer, inferiores a las previstas de prisión o rmultas o relativas a la pérdida de derechos políticos y a trabajos para la comunidad siempre que sean conocidos y aceptados por sus víctimas para que conozcan el daño que producen.

Delgado, que comparecía ante los senadores para dar cuenta de las memorias de los años 2019 y 2020 del ministerio público, explicó que la propuesta partía del servicio de odio de la Fiscalía de Barcelona para pasar a justificar esa proporcionalidad de las penas en función en el contexto, el contenido o las circunstancias del autor para los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, que tan de actualidad ha puesto el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, aunque él lo fue por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo.

Una "profunda y serena reflexión"

La fiscal general, que ha pedido a los senadores una "profunda y serena reflexión" sobre estos delitos, explicó que "el severo régimen punitivo" del artículo 510 que llega a los cuatro años de prisión pretende amparar frente a la difusión pública de ciertos mensajes que incitan directa o indirectamente al odio, pero ante una ausencia de reiteración o atendiendo a las características personales del autor se pueden considerar de una menor entidad y "un menor rigor" lo haría más efectivo.

En este sentido se remitió a la comisión europea contra el racismo y la intolerancia de 2015, así como a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional