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CORRUPCIÓN EN EL CINE ESPAÑOL

La fiscalía acusa a Roures y Benet de hinchar de forma fraudulenta la taquilla de dos películas

Mediapro alega que la operación para obtener subvenciones fue anterior a que el grupo controlase la gestión de Ovideo, y que devolvió las ayudas recibidas

 

Jaume Roures, durante la rueda de prensa en la que ha explicado los motivos de la querella contra Sandro Rosell y el Barça por espionaje. - RICARD FADRIQUE

EL PERIÓDICO
09/06/2016

La fiscalía de Barcelona ha presentado una querella criminal contra los responsables del grupo Mediapro, Jaume Roures y Tatxo Benet como presuntos responsables de un fraude contra Hacienda a través del método de hinchar de forma ficticia el taquillaje de varias películas para poder acceder así a subvenciones públicas condicionadas a las entradas vendidas, una práctica de la que ya acusó al productor Enrique González Machoy por el que están investigados varios productoers españoles.

Según informa el diario 'El País', la productora Ovideo también habría cometido "un presunto delito contra la Hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones, así como de un delito continuado de falsedad documental” en el caso de dos películas,'Flores negras' (2009) y 'La vida empieza hoy' (2010). Las dos películas, con presupuestos de 2,2 millones de euros, recibieron respectivamente 633.087 euros y 652.697 euros cuando, según la fiscalía, el taquillaje real solo les hubiese permitido ingresar 16.000 y 45.000 euros, respectivamente. En la querella se señala que es "atípico e inusual" que la mayor parte de la supuesta recaudación de ambas películas se produjese en sesiones de mediodía o madrugada en solo una docena de cines y pasadas ya varias semanas de su estreno.


La investigación se desarrolla en Madrid por la Intervención General de la Administración del Estado, detalla el diario, pero la denuncia se ha presentado en Barcelona, sede social de Ovideo.

En declaraciones a EL PERIÓDICO, una portavoz de Mediapro ha apuntado que en esas fechas la gestión de Ovideo no estaba en manos de los responsables de Mediapro, grupo que adquirió una participación mayoritaria en el año 2007 pero que no controló su gestión hasta que, en el año 2013, retiró de ella a los anteriores propietarios, Enric y Toni Camín.

Esas mismas fuentes apuntan que, una vez descubiertas las irregularidades, en forma de compra de entradas por la misma productora, se devolvieron al Gobierno las subvenciones recibidas. Teniendo en cuenta que las peticiones de subvenciones consideradas irregulares fueron firmadas por Toni Camín, Mediapro está preparando una querella contra el aún miembro del consejo de administración de Ovideo por  "administración desleal".