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CANDIDATA DEL 10-N

La Fiscalía pide reabrir el 'caso Gürtel' contra la número uno del PP por Cádiz

El ministerio público cree que hay nuevas pruebas contra María José García Pelayo, exalcaldesa de Jerez de la Frontera, por contratos del Ayuntamiento. La ministra Delgado confirma que Justicia está investigando el pago con dinero público de la defensa de varios acusados de la trama corrupta

EL PERIÓDICO / AGENCIAS
04/11/2019

 

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala Segunda (de lo Penal) que reabra la investigación contra la exalcaldesa de Jerez de la Frontera María José García Pelayo, cabeza de lista del PP por Cádiz para las elecciones generales de este domingo, por los contratos que suscribió el Ayuntamiento con la trama Gürtel.

El Supremo, pese a reconocer que existían "datos abrumadores" de irregularidades en la adjudicación de contratos en Jerez de la Frontera, acordó en el 2016 archivar la causa contra García Pelayo, a quien investigó después de que el juez de la Audiencia Nacional José De la Mata se inhibiese por su entonces condición de aforada, al entender que ella no tenía por qué saber qué estaba firmando.

El Ministerio Público dice ahora, en un escrito adelantado por 'eldiario.es' y al que ha tenido acceso Europa Press, que ese sobreseimiento provisional "no obedeció a la inexistencia de delito", ya que, tal y como expuso la Sala II entonces, "no hay duda de que la alcaldesa firmó y asumió las decisiones documentadas", sino a la "falta de prueba o indicio alguno" sobre la "voluntaria participación" de García Pelayo "en las actividades delictivas".

Pues bien, a juicio del fiscal, "se ha producido la aparición de nuevos y relevantes elementos probatorios que desvirtúan las razones aducidas en su momento para acordar el sobreseimiento y que hacen necesario la reapertura de las diligencias". Estos nuevos indicios han surgido a raíz del juicio celebrado este año en la Audiencia Nacional sobre las actividades de la trama Gürtel en Jerez de la Frontera, en el que la exalcaldesa declaró como testigo.

ESCRITO RELEVANTE

Entre esos elementos, el Ministerio Público cita un escrito presentado en Fiscalía Anticorrupción por la acusada Isabel Jordán, la que fuera administradora de algunas de las sociedades de Francisco Correa, en el que se expone "con detalle la forma en que se habían llevado a cabo las distintas contrataciones" y la "participación en los hechos" de García Pelayo.

Jordán relata en su escrito la existencia de una reunión en la sede de las empresas vinculadas a Correa en la que el que fuera 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, "habría manifestado que iban a participar en la ejecución de tres eventos de Jerez que serían encargados por adjudicación directa de la alcaldesa".

Crespo, según el relato de Jordán, también habría informado que García Pelayo visitó "en dos ocasiones" la sede de las oficinas de Correa en Madrid en compañía de lsidro Cuberos, propietario de la empresa Cuberos Comunicación), y donde se le habría mostrado el proyecto del stand de Fitur "cuando no existía ningún concurso y se estaban acometiendo toda una serie de trabajos, diseños incluidos, sin la existencia del mismo y que alguien tendría que costear".

CONFIRMACIÓN DE 'EL BIGOTES'

Durante el juicio celebrado en junio de este año en la Audiencia Nacional, Jordán ratificó su escrito y su declaración fue "corroborada", al menos en lo relativo a la asistencia de la entonces alcaldesa a esas visitas, por el responsable del Grupo Correa en Valencia, Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes' y por Mónica Magariños, empleada de las empresas de Gürtel, durante sus declaraciones como testigos, según la Fiscalía.

También destaca el Ministerio Público otra testifical, la de Santiago Cordero Guerrero, quien manifestó cómo el empresario Isidro Cuberos le comentó "el conocimiento de la alcaldesa de todo lo relativo a la organización de Fitur". Por todo ello, el fiscal Juan Carlos López pide la reapertura de la investigación en el Supremo y la citación como testigos de Jordán, 'El Bigotes', Magariños y Cordero.

LETRADOS PAGADOS CON DINERO PÚBLICO

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha confirmado que su departamento está investigando el pago con dinero público de la defensa de varios acusados de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa y varias empresas implicadas en la red de corrupción, durante la etapa del 'popular' Rafael Catalá, que aunque dejó la política todavía es miembro del Comité Ejecutivo del PP.

La ministra ha explicado que su departamento ha iniciado una investigación sobre este asunto y que, en concreto, están recopilando documentación para completar un expediente al que le faltan datos. 

Delgado ha confirmado la información publicada por 'El País', según la cual, con Catalá en el Ministerio, se realizaron pagos a sociedades mercantiles con cargo al erario público "en virtud de la justicia gratuita" a quienes no tenían reconocido ese derecho, como es el caso de Correa, o incluso a quienes lo tenían expresamente denegado.

UN TOTAL DE 800.000 EUROS

En concreto, el periódico informa de que Justicia abonó cerca de 800.000 euros a abogados de oficio de acusados como Correa; el exalcalde popular de Majadahonda, Guillermo Ortega; y, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en la Gürtel y lo hizo a través de mecanismos de asistencia jurídica gratuita.

Y eso que no tenían reconocido legalmente ese derecho porque, según ha apostillado la titular de Justicia, la Ley de Justicia Gratuita no prevé el pago a sociedades mercantiles, sino sólo a fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. Pero "no les puedo decir nada más que estamos investigando dentro del Ministerio qué ha ocurrido", ha zanjado.

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